Contaduría Pública julio 2021

AMDAD 68 CONTADURÍA PÚBLICA 69 figuras más connotadas de la Contaduría Pública, en nuestro país y en el continente, quien formó parte del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Aparte, fue el primero en definir al Testigo Social como: “…aquel que presencia determinado hecho (que puede ser todo un proceso) y comprueba la certeza segura y clara de la verdad del mismo. Tocante al "apellido", a lo "social", tiene que ver con la circunstancia de que el ánimo con que actúa ese testigo es el de cerciorarse (testificar) en nombre de la sociedad, a pesar de que bien a bien no hay una delegación concreta de ella al respecto”. 5 Ante las limitaciones de espacio, a los interesados en el tema, se les recomienda la lectura completa del artículo “Que es un Testigo Social de la Transparencia” en la revista Este País , en 2002, de Humberto Murrieta Necoechea, e identificar algunas similitudes conceptuales con la Exposición de Motivos del Boletín 7010, Normas para Atestiguar del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, en el año 2000. Situación actual Otra de las iniciativas ciudadanas exitosas para controlar el Poder Público ocurrió en 2015, cuando se aprobó la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción en México, así como cuando se expidió la Ley de dicho Sistema, el 18 de julio de 2016. Este ordenamiento tuvo por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el funcionamiento del Sistema Nacional previsto dentro del Título Cuarto, Artículo 113, de nuestra Constitución Política, donde la ciudanía participa a través del Comité de Participación Ciudadana. El impulso inicial que recibió el Sistema, propició la progresiva articulación de las instituciones partici- pantes y el nombramiento de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. También se conformó el órgano rector del sistema, denominado Comité Coordinador, que es encabeza- do por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana y los titulares de las instituciones dedicadas a la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en nuestro país, es decir, la Audi- toría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura Federal y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales. Los avances observados hasta la fecha, muestran resultados alentadores en algunos rubros, en espe- cífico respecto a las acciones de coordinación que deben darse entre las instituciones responsables del control y la fiscalización, la expedición de la política nacional anticorrupción, la conformación de los sistemas locales anticorrupción, así como el diseño y operación de la plataforma digital nacional. Sin embargo, a partir del actual gobierno varios aspectos fundamentales del Sistema Nacional Anticorrup- ción se encuentran incompletos o funcionan parcialmente, como ocurre con el Comité de Participación Ciudadana, el cual solo cuenta actualmente con un integrante de los cinco que formalmente lo componen, además de otros problemas relativos a la aprobación de losMagistrados anticorrupción, previstos en la Ley. Conclusión Las mejores prácticas internacionales muestran el irrenunciable requisito de la participación de la ciudadanía, en la contención de los excesos en que incurre el poder público. Hoy, aparte de la figura del Testigo Social que ha continuado fortaleciéndose, gracias al aliento de la Secretaría de la Función Pública, los demás instrumentos de participación ciudadana en México se encuentran en una etapa de decaimiento. Esperemos que esta situación sea transitoria, en virtud de la necesaria consolidación de nuestro régimen democrático. Desafíos de la participación ciudadana M tro . E nrique J oaquín A rce B ravo Presidente del Consejo Directivo 2020-2022 Academia Mexicana de Auditoría al Desempeño, A.C. earce@bargallo.com.mx Introducción El tema de la participación ciudadana forma parte del léxico co- mún de los regímenes democráticos modernos. Con frecuencia, el término se relaciona a lo “políticamente correcto” y constituye una respuesta a la debilidad de las instituciones públicas para atender las crecientes demandas de la sociedad, además de la falta de confianza que existe en los partidos políticos, como ac- tores de la democracia representativa de nuestra época. Según el Ranking de confianza en Instituciones (México 2020), elaborado por Mitofsky, los partidos políticos aparecen en último lugar de 19 instituciones, con un ranking de 5.3. En cuanto a su significado, Nuria Cunill afirma que la participa- ción ciudadana a que se refiere es: “a la intervención de particula- res en actividades públicas en tanto portadores de determinados intereses sociales”. 1 Es decir, supone la existencia de ciudadanos interesados en las acciones y programas que se llevan a cabo dentro del aparato público y que abarcan diferentes temas, como pudieran ser, por lo menos, la definición de políticas públicas, la transparencia, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrup- ción y en forma destacada la calidad de los servicios públicos. Antecedentes En América Latina, el impulso para involucrar a la ciudadanía en los asuntos públicos ocurrió en la década de los noventa, espe- cíficamente en México, cuando se legaliza la creación de la Con- traloría Social en 1991 y se crea el cargo de Vocal de Control y Vigilancia dentro del Programa Solidaridad (PRONASOL). Un recuento de los principales instrumentos creados a principios de esa década en nuestro continente, como lo señaló Elizabeth Yáñez Robles, se refiere a la formalización de: “mecanismos espe- cíficamente diseñados y establecidos en normas y políticas de vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, algunos de ellos de constitución obligatoria. Estos instrumentos en general, se diseñaron con la finalidad de que los ciudadanos directamente beneficiados de subsidios obras y programas constituyeran Co- mités que vigilaran el ejercicio de los recursos. Los ejemplos más relevantes son los “Comités de Vigilancia” en Bolivia, las “Veedu- rías Ciudadanas en Colombia (en sus inicios), así como la “Con- traloría Social” en México”. 2 En su promoción e institucionalización, participaron de manera directa a los gobiernos de cada uno de estos países, en donde se crearían espacios para dar cabida a la participación ciudadana encauzada directamente al tema sobre el control y la vigilancia sobre el ejercicio de los recursos públicos. Por su parte, los organismos internacionales, incorporaron la par- ticipación ciudadana como un tema central de la agenda global de integridad contenida en las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, que fueron firmadas y ratificadas por un gran número de países, entre ellos México, el cual formaliza su adhesión con la Organización de Estados Americanos (OEA) el 6 de marzo de 1997, cuando entró en vigor este instrumento jurídi- co; la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), que inició formalmente su aplicación el 26 de julio de 1999 y, por último, con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir del 14 de diciembre de 2005. El eje que dio vida al articulado de estos tres documentos, consiste en el establecimiento de compromisos concretos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, esta última concebida como un fenómeno de alcance global, cuyo incremento se convirtió en un tema de alta trascendencia en as- pectos referidos a la gobernabilidad de las naciones. Dentro de este clima favorable adquirieron relevancia y protago- nismo ciertas Organizaciones de la Sociedad Civil como lo fue Transparencia Internacional y sus diferentes Capítulos en los países de América Latina, entre ellos México, donde nace Trans- parencia Mexicana (TM) en 1999. Una de las primeras acciones de Transparencia Mexicana, consiste en apoyar en México los Pactos de Integridad, que Transparencia Internacional promovía en diver- sos países de la región, entre ellos Colombia y Argentina. Con este propósito, TM creó en el mes de diciembre de 1999, la Unidad de Monitoreo de Procesos, a efecto de “hacer pública la información sobre el desarrollo, las particularidades y condiciones en las que se llevan a cabo los procedimientos de contratación que TM monito- rea. Una característica distintiva del monitoreo de contrataciones en México, es la inclusión de la figura del Testigo Social”. 3 Nace así la figura del Testigo Social que constituye uno de los mecanismos más exitosos de monitoreo ciudadano en la vigilan- cia sobre el ejercicio de los recursos públicos, el cual adquirió carta naturalización en nuestro país, a partir de la expedición en 2004, del Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrata- ciones que realicen las dependencias y entidades de la Adminis- tración Pública Federal. Posteriormente, en el mes de mayo de 2009 se eleva el rango ju- rídico de la participación del Testigo Social en las contrataciones públicas cuando se pública su incorporación formal dentro del articulado de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser- vicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Cabe destacar que, tanto en la concepción como en la consoli- dación del Testigo Social en México, contribuyó de manera deci- siva Don Humberto Murrieta Necoechea 4 (1936-2011), una de las 1 Cunill Grau, Nuria. (1991). Participación ciudadana. Dilemas y perspectivas para la democratización de los Estados latinoamericanos , Caracas, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. (CLAD). Pág., 56. 2 Yáñez Robles, Elizabeth O. (2008). Los Testigos Sociales y sus contribuciones a la gestión pública . En: Rendición de Cuentas, Transpar- encia y Combate a la Corrupción. Revista de Administración Pública. Número Especial. México, Instituto Nacional de Administración Pública. (INAP). Pág., 74. 3 Véase: https://www.tm.org.mx/?s=monitoreo+de+procesos 4 Presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (1979-1981), presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad (1980- 1982), Presidente Ejecutivo de Transparencia Mexicana, Contador Benemérito de las Américas y Socio Decano de PwC. 5 Murrieta Necoechea, Humberto (2002), “¿Qué es un testigo social de la transparencia?”. Revista, Este País . número 130, México, pp.16-21.