C.P.C. Eduardo González Dávila Garay
Socio de Auditoría al Sector Financiero
PricewaterhouseCoopers México, S.C.
eduardo.gonzalez@mx.pwc.com
El objetivo perseguido en este artículo es comentar de manera breve los principales cambios que van a surgir en el ambiente financiero internacional y que afectarán al sector financiero nacional a raíz de la emisión de las recientes regulaciones financieras aprobadas en Estados Unidos; a continuación mencionar de manera sucinta, y en el mismo contexto, lo más relevante en materia de instrumentos financieros derivados (los cuales han causado impactos relevantes en muchos de los principales bancos y empresas nacionales), y terminar con una serie de sugerencias para mejorar el gobierno corporativo de las empresas y participantes en cuanto a este tipo de operaciones en el mercado mexicano, con la finalidad de atemperar los riesgos implícitos en la operación de los mismos
Principales cambios en regulaciones internacionales para el sector financiero
En días pasados ha sido aprobada por las cámaras legislativas y firmada por el Presidente de EE.UU., Barack Obama, la nueva Ley Dodd-Frank que regula el entorno financiero norteamericano. Es un documento que requerirá una gran cantidad de regulaciones particulares para llevarla a la práctica.
Aborda temas relevantes sobre la creación de un nuevo organismo supervisor de los riesgos del sistema, otro que estudie la situación de las instituciones financieras cuando se encuentren en problemas, y uno adicional que regule las operaciones financieras. Otro tema relevante contenido en ella es el establecimiento de límites a la participación de los bancos en ciertas operaciones (que se consideren riesgosas), además de exigir una revelación más extensa y clara sobre los instrumentos financieros derivados.
El Presidente Obama pretende: acabar con los negocios oscuros de Wall Street que desencadenaron la mayor crisis económica y que jamás se pida al pueblo estadounidense que pague la cuenta de los errores de Wall Street. No más rescates con dinero público. Obvio es que alguien pagará la reforma; hasta ahora, parece que serán las instituciones financieras.
Los productos que daban innovación a la industria financiera serán regulados. En particular, a ciertos instrumentos financieros derivados se les hará pasar por cámaras de compensación; se obliga a retener 5% de las bursatilizaciones a las instituciones que sean distribuidores de las mismas, etc. Por consecuencia, se limitan las remuneraciones a los altos directivos que empujaban a los funcionarios para realizar tales operaciones.
¿Cuál será la repercusión en nuestro ambiente financiero nacional?
Veamos sólo unos datos. Seis instituciones financieras bancarias (con capital extranjero) manejan 69% de los activos del sistema; ocho aseguradoras (con capital extranjero) manejan 46% de las primas directas emitidas en el mercado mexicano, así podríamos seguir por segmento de negocio, es obvio el impacto del capital internacional en nuestro sistema.
Los capitales internacionales están estrechamente ligados unos con otros, sobre todo los principales mercados de capitales norteamericanos y europeos. En el mismo sentido, las regulaciones tienden a parecerse al existir organismos internacionales en los que se llevan a cabo discusiones abiertas sobre temas técnicos y de actualidad que intentan resolver y prevenir problemas y crisis financieras.
México y sus autoridades regulatorias no son la excepción y seguramente tenderán a emitir regulaciones adicionales congruentes con las internacionales; lo anterior suena lógico y adecuado para evitar inicios de crisis sistémicas en los mercados. Aun cuando no hemos oído de boca de nuestras autoridades hacia dónde nos dirigimos, no parece haber demasiado margen de maniobra.
Breves comentarios sobre los instrumentos financieros derivados en este contexto
El concepto de derivados puede resultar simple y muy productivo para un inversionista. Básicamente, intentan modificar (en beneficio de la compañía que los contrata) los perfiles de riesgo originalmente contratados, pero en muchas ocasiones se vuelven armas suicidas para los participantes en los contratos. Las razones son muchas, son instrumentos bien planeados por los especialistas financieros (dentro de las instituciones financieras casi siempre) con el objetivo de resolver aspectos relevantes para las empresas.
Satyajit Das, autor del libro Traders, Guns & Money señala que: los funcionarios bancarios tienden a dar información tendenciosa a sus clientes para que supongan que los contratos de derivados son productivos y carecen de riesgos. Para resolverlo, las nuevas disposiciones están pidiendo que las instituciones financieras operen y registren de manera diferente los derivados, que la mayoría de los instrumentos pasen por bolsas establecidas y que la mayoría de las operaciones se manejen (dependiendo de las características específicas de los productos) casi como derivados estandarizados.
Pide también que se emita mejor y mayor información sobre los derivados abiertos en las instituciones, señalando sus posibles repercusiones por medio de pruebas numéricas, etc. Por otro lado, en reciente entrevista para la publicación
Market Watch, Gary Gensler, quien dirige a la Commodity Futures and Trading Commission, señaló que la regulación presume que cualquier producto estandarizado sería aceptado en las instituciones de custodia y compensación de valores, pues considera que es lo mejor para que una institución de este tipo maneje el riesgo de los productos que puedan generar problemas en el futuro. Sin embargo, debería analizarse si el hacer pasar todas las transacciones por medio de las instituciones de compensación de valores puede tan sólo provocar la concentración del riesgo y que las malas prácticas vuelvan a aparecer en el mercado.
Entre otras razones está el desconocimiento técnico sobre los productos financieros que se pueden llegar a comprar o vender, el exceso de confianza en los productos que están operando, la propia personalidad de los funcionarios y operadores de los derivados y los conflictos de intereses que ocurren entre funcionarios de las empresas y los correspondientes a instituciones financieros que venden este tipo de productos.
Mientras tanto… ¿Qué podemos hacer en materia de derivados?
Desde luego, las prácticas en los sistemas financieros y monetarios internacional y nacional seguirán como hasta ahora. Las regulaciones pueden sentar bases para el mercado y sus participantes; las necesidades de quienes están participando o regulando las transacciones (sobre todo las que corresponden a derivados) no cambiarán mucho en el futuro; las entidades reguladoras de este tipo de transacciones no son omnipresentes ni omnipotentes.
Basado en la experiencia profesional, y convalidado en los datos obtenidos en un reciente estudio de PricewaterhouseCoopers que trata sobre What investment professionals say about financial instrument reporting? de junio de 2010, me permito sugerir a los consejos de administración en particular que se trabaje en conceptos de gobierno corporativo para tratar de minimizar y/o controlar los riesgos en operaciones con derivados a la luz de las nuevas regulaciones (mientras llegan y cuando se emitan internacional y nacionalmente).
La primera sugerencia va en el sentido de que los miembros del consejo de administración deben determinar cuáles son los riesgos de la entidad administrada (analizando cada uno de ellos), analizando si los derivados van a ser una fuente de cobertura o un centro de utilidades, y asegurarse de que exista un adecuado control interno y manera de reportar e interpretar las transacciones y sus efectos. El uso y administración del riesgo de los derivados deben ser establecidos y aprobados formalmente por el consejo de administración, cuyos integrantes deben cuidar que esas acciones sean congruentes con la estrategia, objetivos y posiciones ante el negocio que desarrolla la organización.
De ese punto y como siguiente paso, el consejo debe pedir a la administración del negocio que, siguiendo las mejores prácticas corporativas, se establezca una estructura y una serie suficiente de controles, procesos, procedimientos y políticas claras y fáciles de seguir para identificar, medir, administrar y reportar los derivados.
Algo que merece una mención especial es que el consejo pida a la administración la existencia de procedimientos y controles sobre el riesgo de crédito (que la contraparte no cumpla con su parte del trato, que exista un riesgo de no pago por cuenta de un tercero involucrado, que el país en donde se emitió el derivado experimente problemas económicos o de moratoria, el riesgo de que se pueda liquidar como se planeó el derivado, la posibilidad de que el intermediario con el que se negoció el instrumento tenga problemas, etc.) en las operaciones con derivados. Debe pedir que la administración a cargo sea muy cautelosa en cuanto al monto hasta el cual será permisible que se pueda ganar o perder, y alertas para tomar acciones de remediación eficaces, que existan planes de contingencia si algo ocurre, etcétera.
En ese sentido, aspectos tales como si los servicios computarizados donde se controlan las operaciones puedan fallar, que ocurran cambios en la administración involucrada en las operaciones, que el negocio sufriera los efectos de un ambiente económico adverso, que los productos de la empresa o sus estrategias cambien, y otros temas similares en cuanto a riesgo operativo deben ser encomendados a la administración para ser cubiertos y evitar problemas para el negocio.
Otra sugerencia es que el consejo establezca procedimientos y controle eficazmente las relaciones formales e informales que se establezcan entre los funcionarios de la administración y los intermediarios financieros que proponen, diseñan, compran y venden los instrumentos financieros derivados a la empresa, evitando en lo posible los conflictos de intereses que pudieran resultar de esas relaciones.
La aplicación de las sugerencias anteriores puede resultar en un soporte más eficiente para los gobiernos corporativos nacionales, con el cual pueden minimizar, en la medida de lo posible, riesgos mayores que los que intentan resolver.