C.P.C. Alfonso López Padilla
Consultor independiente e instructor de cursos y seminarios
alopezpadilla@prodigy.net.mx

Lic. y Mtro. Víctor Alejandro Polanco Frías
Director General y de Investigación Estratégica de Empoderamiento Colectivo, A.C.
Miembro del Seminario Nacional de Ética
ollindoom@yahoo.com

Para nadie es un secreto que en el ámbito gubernamental todo gire alrededor de la asignación y ejercicio del presupuesto. Aunque una de las mayores preocupaciones de los servidores públicos es la cantidad de recursos que les será autorizada para gastos en cada ejercicio. No todos están preparados para encarar esta vital responsabilidad

En este sentido, cabe mencionar que en medio de una patente descomposición social y política, distintas personalidades e instituciones han postulado el fomento de la “transparencia” como la solución idónea para la preocupante situación por la que atraviesa México. Aquí, es pertinente señalar que por transparencia se suele entender:1 la debida justificación documental de los gastos que constituyen el soporte que deberá ser fiscalizado por las instancias con las facultades para ello.
Como se puede notar, la anterior concepción de transparencia es incompleta, porque, si bien es cierto que el soporte documental de las erogaciones realizadas es importante para el control y la fiscalización de cualquier organismo gubernamental, y por ende, para detectar cualquier desvío o aplicación deficiente del mismo, jamás se debe perder de vista que el asunto más significativo con respecto a la aplicación de recursos federales es el relativo a los resultados alcanzados a través del mismo. Asunto que, por desgracia, la mayoría de nuestros servidores públicos está muy lejos de entender y asumir.
En el mismo sentido, cabe mencionar que una de las clasificaciones que contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación es precisamente la “funcional y programática”, que establece una relación orgánica entre la asignación de recursos a las áreas, y los objetivos y metas que deben ser alcanzados, los cuales, a su vez, deberán coadyuvar a la consecución de los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND);2 y estar alineados con las facultades y deberes señalados en el documento de creación del organismo al que se pertenezca.
Con esto se hace patente la necesidad de que los servidores públicos conozcan, comprendan a cabalidad y se asuman como los encargados de hacer viables los objetivos y las metas de su área de responsabilidad, así como los programas sectoriales que se desprenden del PND.3
Además de esto, se destaca que durante la presente administración se le ha dado un énfasis especial al llamado Presupuesto Basado en Resultados (PBR), que parte de los planteamientos señalados, pero adiciona un elemento importante que se había soslayado en el pasado: el establecimiento de la percepción de la ciudadanía, o impacto social, como uno de los principales indicadores al momento de evaluar los resultados alcanzados por los programas del Gobierno Federal. Una medida tan urgente como necesaria, en tanto que, por primera vez, se pone el énfasis en la satisfacción efectiva de las necesidades y justas expectativas de nuestra sociedad.
Ahora bien, en los casos en que no existe congruencia entre los objetivos y metas de los programas diseñados por las instituciones de gobierno, con las necesidades y solicitudes de la ciudadanía, la Cámara de Diputados es la instancia encargada de incidir en la asignación del presupuesto,4 así como de especificar, modificar o ampliar los resultados que deberán ser alcanzados mediante la ejecución del mismo.
A estas alturas, el amable lector se preguntará a qué se debe que en nuestro país se sigan presentando casos de mala planeación, deficientes o insuficientes resultados, desvíos o “sub-ejercicio” del presupuesto, si existen todas estas regulaciones, mecanismos, normas y disposiciones. En realidad, la respuesta no es fácil. No obstante, consideramos que, en el fondo, dicha situación se debe, por sobre todo lo demás, a la falta de compromiso ético por parte de nuestras autoridades.
Se considera que la ética es la rama de la filosofía encargada de reflexionar en torno a lo bueno y malo de nuestros pensamientos, conductas, emociones y acciones. Aunque, cabe hacer hincapié en que la ética también es el arte o técnica que empleamos para forjar nuestro carácter, y nuestro carácter es, a grandes rasgos, otra forma de nombrar a nuestro ser, espíritu, alma, voluntad, identidad o yo.
Así, cuando hablamos de un “compromiso ético”, en realidad hacemos referencia a una disposición tan íntima y profunda, como vital, mediante la cual nos esforzamos en todos los momentos y ámbitos de nuestra existencia por ser mejores, más justos, honestos y buenos. Si nuestra búsqueda por la belleza, el bien y la felicidad se extiende a toda nuestra existencia, debemos caer en la cuenta de que todas nuestras actividades y relaciones deben estar orientadas hacia el mismo fin.
Lo expuesto es de la mayor trascendencia porque, frente al tema de la transparencia, nos permite comprender que la responsabilidad de nuestros funcionarios públicos rebasa por mucho las normas, requisitos y disposiciones establecidas por la ley, y puede ayudarnos a evitar casos como el que se relata a continuación:
Hace algún tiempo, cuando me desempeñaba como encargado del área de presupuestos en una secretaría de estado de nuestro país, acudí a una reunión con el titular de una de sus direcciones generales, con el fin de entregarle los formatos e instructivos necesarios para la elaboración del anteproyecto de presupuesto para su área. Ostensiblemente indignado, el funcionario en cuestión se opuso bajo el criterio de que si yo era el responsable del área de presupuestos de la secretaría, era mi deber hacerlos. Por lo tanto -continuó arguyendo- no debía pedirle a su área que elaborara su propio presupuesto, ya que, en los hechos, eso implicaba solicitarle que hiciera mi trabajo… Imaginen el tremendo desconcierto que semejantes argumentos provocaron en mí. Evidentemente, aquel funcionario no sólo ignoraba que como titular era su responsabilidad elaborar y ejercer en forma eficiente y eficaz el presupuesto de su área; sino que carecía del sentido común necesario para comprender que nadie mejor que él podía conocer las actividades, necesidades y objetivos que pretendía alcanzar mediante el ejercicio de los recursos presupuestales.
En nuestra opinión, el asunto más preocupante de la experiencia relatada consiste en que el titular en cuestión no era consciente de que al aceptar su cargo había adquirido un fuerte compromiso profesional y ético frente al Gobierno Federal, a la Secretaría y a la sociedad que había depositado su confianza en él.
Por sentido común, todos coincidimos en considerar que si nuestro objetivo consiste en hacer pasteles, entonces, contrataremos a pasteleros; y si es hacer zapatos, buscaremos hábiles zapateros. Por desgracia, en la administración pública nacional todos los días vemos a pasteleros haciendo zapatos y a zapateros haciendo pasteles. Es decir, servidores públicos que simulan cumplir con responsabilidades que no solo no tienen capacidad para asumir, sino que ni siquiera comprenden. Lo más triste del asunto es que como ni siquiera conocen las normas a las cuales se encuentra sujeta su actividad, suelen incurrir en faltas, producto de su ignorancia y de la incapacidad, irresponsabilidad y ausencia de compromiso ético.
Para cumplir no solo con el perfil idóneo para su puesto, sino con el compromiso ético que conlleva, los servidores públicos deben:

• Contar con experiencia, habilidad y pericia técnica, acordes a la actividad y responsabilidad asignada.
• Conocer, comprender y respetar las normas aplicables5 a la organización y a las actividades que deberá desarrollar.
• Esforzarse en diseñar los programas, objetivos y metas que, en la manera más eficiente y eficaz, satisfagan las justas expectativas y demandas de la sociedad mexicana.

En el caso de nuestros Diputados, éticamente también están llamados a comprometerse a subsanar las lagunas con que cuentan en torno a su formación, experiencia, conocimientos y habilidades, así como a remplazar la reprobable defensa de intereses partidistas, de grupo o privados, por la defensa de los intereses, necesidades y justas expectativas del pueblo mexicano. Esto, sin olvidar que también es materia de su incumbencia crear canales y mecanismos adecuados y efectivos para que los ciudadanos podamos hacer visibles nuestras demandas.
Por último, a los ciudadanos nos corresponde adoptar un rol más protagónico y participativo en las iniciativas destinadas a mejorar nuestras condiciones de existencia. Podemos y debemos participar en la planeación, ejecución y fiscalización de las acciones realizadas por el Gobierno Federal; exigir que nuestras opiniones sean tomadas en cuenta; en fin, darnos cuenta de que los funcionarios, los Diputados y la ciudadanía en general somos corresponsales de la buena o mala orientación que se le dé al presupuesto federal.
Si en verdad queremos romper la barrera que hasta ahora nos ha impedido solucionar muchos de los problemas y fenómenos que aquejan a nuestra sociedad, todos los mexicanos debemos asumir la vertiente ética que supone el esfuerzo por promover la transparencia, que incluye, entre otras cosas: coordinar los objetivos de los programas de las organizaciones gubernamentales, con aquellos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo; evaluar la relación existente entre los resultados obtenidos por las organizaciones gubernamentales y las necesidades de la sociedad; establecer criterios adecuados para que la Cámara de Diputados incida en la asignación de recursos y en la definición de resultados; establecer y respetar los criterios de selección de servidores públicos, y fomentar la participación ciudadana en el diseño, implementación, evaluación y fiscalización de los programas federales.

1    En las discusiones que se dan en los medios de comunicación, en las cámaras de legisladores, y en espacios y foros de distinta índole.
2    Representa el compromiso asumido por el titular del Poder Ejecutivo Federal ante la Nación.
3    Especificación importante, porque también ayuda a evitar que los objetivos de un área o secretaría se encuentren sujetos a los intereses personales, deseos o “brillantes ocurrencias” de sus titulares.
4    Presentado por el titular del Poder Ejecutivo.
5    Entre ellas, el Plan Nacional de Desarrollo vigente.