Lic. Alfredo Trujillo Betanzos
Director General de Trujillo Betanzos y Asociados, S.C.
alfredo.trujillo@tbya.net

Hace tiempo, una chica japonesa me decía: “La diferencia entre los mexicanos y nosotros, radica en que ante el congestionamiento vial en una calle, ustedes piensan que ‘pasando el semáforo’, las cosas van a mejorar, en cambio los orientales, consideramos, que seguirán peores”

Al reflexionarlo, tal vez ello explique mucho de nuestra cultura. En múltiples ocasiones vivimos con la “esperanza”, de que pasando tal o cual acontecimiento, por arte de magia, nuestra vida va a mejorar, solo para descubrir que ese cambio en las cosas, no se da en forma instantánea, sino que requiere, en la mayoría de los casos, mucho tiempo de trabajo y esfuerzo.
Por otra parte, como lo descubrió en el siglo XIX, Gómez Farías, la realidad de un país no se altera, cambiando solo las leyes, sino que se requieren muchas otras cosas.
Considero que algo similar ocurre con la llamada “reforma laboral”. Pasamos años esperándola, y ahora parece que por sí sola no ha mejorado la productividad del país, y que aunque era necesaria, son muchos más los factores que se deben amalgamar, para que hallemos un beneficio tangible.

Hagamos un poco de historia
Uno de los tabúes que teníamos, era el de nuestra venerada Ley Federal del Trabajo de 1970, la cual durante los años ochenta y noventa, si bien tuvo una veintena de modificaciones, no pudo ser cambiada en muchos temas esenciales, debido a los múltiples acuerdos corporativos que había asumido el gobierno con las agrupaciones gremiales de trabajadores.
Fue hasta el final del gobierno del presidente Calderón que, por fin, pudo discutirse una iniciativa que buscaba flexibilizar la legislación, en aras de una mayor productividad, y donde tuvieron una participación importante entidades como la CONCANACO y la COPARMEX.
El contexto en el que se da la reforma, como lo señala Georgina García G. Villalobos,  es el siguiente: Según cifras del Banco Mundial, de un listado de 181 naciones, nuestro país se ubica en el lugar 103 de dificultad de contratación; en el lugar 116, en el costo por despido, y en el lugar 98 en flexibilidad en los horarios laborales, situación que ya no era sostenible.
Gracias a la reforma al Art. 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la figura de la “iniciativa preferente”, es decir, que una iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo, debe ser discutida y votada en cada cámara del Congreso de la Unión, en un plazo máximo de 30 días después de su presentación, fue que por fin pudo obtenerse una reforma trascendental a la Ley Federal del Trabajo.
Así, el 4 de septiembre de 2012, fue presentada la iniciativa de reforma por el presidente Calderón, y después de una serie de modificaciones al proyecto original, principalmente, en materia de rendición de cuentas de los sindicatos, el 30 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, entrando en vigor, el 1 de diciembre del mismo año.
No obstante, lo trascendente de estas reformas, a medio año de entradas en vigor, parece que los empresarios no han respondido con grandes contrataciones, ante la confusión en la forma en que serán interpretadas muchas normas, principalmente en el tema del outsourcing; además, hay factores a los que los empresarios dan tanta o más importancia que a la reforma laboral, como son la desaceleración de EE.UU., o la inseguridad a lo largo de nuestro territorio, o la expectativa de las reformas energética y hacendaria; así, según información de El Economista, en el primer trimestre del año se han generado 189,023 plazas de trabajo formal, el tercer monto más bajo para un periodo comparable en la última década (excluyendo 2009, en cuyo primer trimestre se perdieron más de 181,000 empleos debido a la crisis económica de ese año).
De vital importancia será el Comité Nacional de Productividad instalado por el presidente Peña Nieto y que emana de la reforma laboral en su Art. 153-k, el cual cuenta con las siguientes facultades:

• Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos necesarios para elevar la productividad, impulsando la capacitación y el adiestramiento.
• Colaborar en la elaboración y actualización permanente del Catálogo Nacional de Ocupaciones y estudios sobre competencias laborales requeridas.
• Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la productividad.
• Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y adiestramiento que permitan elevar productividad.
• Estudiar mecanismos y nuevas forma de remuneración que vinculen los ingresos del trabajador a beneficios de la productividad.
• Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la productividad.
• Proponer a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la expedición de normas técnicas de competencia laboral.
• Gestionar ante la autoridad laboral el registro de constancias relativas a conocimientos o habilidades de trabajadores.
• Elaborar e implementar los programas que eleven la productividad de las empresas.
• Participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.
• Emitir opinión y sugerir el destino y aplicación de recursos presupuestales orientados al incremento de la productividad.

Es evidente que la razón por la cual la economía mexicana no crece a la tasa que debería, está relacionada con el mal desempeño del indicador de productividad. Nuestra tasa de crecimiento de productividad en los últimos 30 años no se ha elevado, por lo que aun cuando la reforma laboral fue importante, el desarrollo de nuestra economía depende, mucho más, de eliminar los factores que impiden que el esfuerzo diario de trabajadores, empresarios y sociedad en general se traduzca en una mejora para la nación. Por ello, los diversos sectores de profesionales que auxilian a los empresarios, como es el caso de los Contadores Públicos, deben asesorar a sus clientes entendiendo la reforma laboral, como un elemento más a tomarse en cuenta, a fin de incrementar la productividad.
Parafraseando al asesor de campaña del ex presidente Bill Clinton, podemos decir: “Es la productividad, estúpido”.

5 ejes principales contenidos en la reforma

1. Favorecer el acceso al mercado laboral y la creación de empleos. Se adicionó la modalidad de contratación “por temporada”, posibilidad de pago por unidad de tiempo (por hora) y se incluyeron periodos de prueba y capacitación, para vincular la contratación a la productividad y a la competencia para la actividad a desarrollar.
2. Promover la inclusión y la equidad de género laboral. Se establecieron adiciones a fin de garantizar la adecuación de instalaciones del centro de trabajo para personas con discapacidad; se incorporaron el hostigamiento y el acoso sexual como causales de rescisión de la relación laboral; se establece la obligación del patrón de dar aviso en caso de terminación en relación laboral a acreedores alimentarios; se incorpora el permiso de paternidad; se adiciona la obligación de inscribir a los empleados en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT), así como el establecimiento de obligaciones frente a trabajadores mexicanos que presten servicios en el extranjero, cuya contratación esté sujeta a la legislación mexicana.
3. Fortalecer la procuración de justicia laboral. Es muy importante el establecimiento de un límite a la condena en salarios caídos dentro de procedimientos laborales; se incluye un nuevo procedimiento aplicable para reclamaciones de prestaciones derivadas del Seguro Social, y se reconocen convenios extrajudiciales respecto de terminación de relación laboral.
4. Transparentar y democratizar los sindicatos. Se incluyen derechos del trabajador a solicitar informes sobre la administración de los recursos del sindicato al que pertenecen, así como disposiciones para otorgar mayor publicidad a los contratos colectivos de trabajo.
5. Robustecer las facultades de las autoridades del trabajo. Se establecen límites a la subcontratación por parte de los patrones, así como la incorporación de la definición de la misma, clarificación de la participación del trabajador en las utilidades de la empresa, montos de indemnizaciones en caso de riesgos de trabajo e incapacidades y actualización de los montos de las multas.