C.P.C. Juan M. Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación
jmportal@asf.gob.mx

En muchas ramas del quehacer público se carece de coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno, lo cual indica que el desarrollo de México encuentra una especie de cuello de botella en la articulación del conjunto de sus entes, situación que requiere planteamiento de soluciones por parte de las propias instituciones involucradas

El campo del desenvolvimiento de los organismos que revisan la gestión pública adolece de una adecuada conjunción. Este asunto ha sido motivo de análisis y discusiones a lo largo de los años, por lo que estimo —como integrante del conjunto de las instituciones y miembro de las organizaciones profesionales de la fiscalización—, que ya existe la madurez suficiente para consolidar un sistema integral.
Considero que, en el presente, los factores demandantes de la articulación de nuestras actividades se han compaginado con elementos que la hacen viable; me refiero a los requerimientos de la gente, el aumento de las responsabilidades a cargo del Estado, los señalamientos de la opinión pública y la crítica de los medios de comunicación.
Podemos decir que existe un contexto a modo e instrumentos que hacen factible el tránsito ágil de los procesos de fiscalización externa y auditoría interna de comprobación del cumplimiento de metas y objetivos en las instituciones de gobierno que realizamos.
Ante esta realidad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) promovió, desde 2010, el establecimiento de un Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Este es un conjunto de principios y actividades estructurados y vinculados entre sí, que buscan establecer un ambiente de coordinación efectiva entre todos los órganos gubernamentales de fiscalización en el país, con el fin de trabajar, en lo posible, bajo una misma visión profesional, con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, y así garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso de los recursos públicos se hará de una manera más ordenada, sistemática e integral.
Actualmente, el SNF está integrado por: la ASF, la Secretaría de la Función Pública (SFP), los órganos internos de control de la Administración Pública Federal, las Entidades de Fiscalización Superior de las entidades federativas y las secretarías de las contralorías estatales. Asimismo, se aspira a incorporar a todos aquellos órganos que realizan actividades de auditoría gubernamental o fiscalización, independientemente del orden y rama de gobierno en el que estén encuadrados.
En principio se busca terminar con la atomización actual de la auditoría gubernamental (auditoría interna y fiscalización externa) de los órganos gubernamentales, por medio de una efectiva coordinación de la actual SFP, las contralorías estatales, la ASF y las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales.
La aspiración es hacer factible y funcional la articulación de todos los órganos dedicados a la supervisión y revisión del empleo de los recursos públicos y el cumplimiento de los programas de gobierno. La finalidad es trabajar con visión, estándares, principios y capacidades técnicas iguales en los tres órdenes de gobierno.
Es preciso puntualizar que no se trata de la creación de un nuevo órgano globalizador del quehacer fiscalizador ni un cambio en los mandatos y marcos legales específicos de actuación de las instituciones y estructuras vigentes. Dicho en síntesis, es la coordinación efectiva entre los órganos de auditoría gubernamental existentes, respetando las competencias y facultades propias de cada ente.
Por ello, es necesario hacer énfasis en tres ideas básicas sobre las que gira el desarrollo de nuestro sistema:

• Es un esquema de coordinación.
• Respeta las atribuciones legales y mandatos de sus integrantes.
• Es un proceso gradual que requiere la consecución de objetivos en distintas etapas.

Otro elemento fundamental del sistema, radica en el hecho de que su funcionamiento y alcance debe estar determinado por sus integrantes. Partiendo del principio que los auditores deben tener un margen de independencia y autonomía en su actuación, resultaría contradictorio que los marcos de referencia que se estableciesen en el Sistema Nacional estuvieran determinados por agentes externos a la visión a los órganos de auditoría gubernamental en el país.
En igual sentido, nuestro ejercicio debe dar lugar a la circulación completa de los datos, informes y resultados que graviten en la generación de estrategias de mejores prácticas de gobierno.
Aunque las Entidades de Fiscalización Superior y los órganos encargados de la auditoría interna en el sector público desempeñan papeles diferentes y claramente definidos, su propósito colectivo es promover una gestión pública eficiente, efectiva y económica, mediante la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos.
Recordemos que la auditoría interna gubernamental, ejecutada en este caso por los órganos internos de control y las contralorías estatales, se define como el medio funcional por el cual los titulares de las entidades cuentan con un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la efectividad de la gestión del riesgo, del control y de las prácticas de buen gobierno.
Por su parte, las Entidades de Fiscalización Superior son los órganos técnicos con los que cuenta el Poder Legislativo para ejecutar su mandato constitucional de fiscalizar, de manera externa, los recursos que manejan los gobiernos.
Entre los beneficios de la coordinación y cooperación entre las Entidades de Fiscalización y los auditores internos gubernamentales, se incluyen:

• Intercambio de experiencias y conocimiento.
• Fortalecimiento de su capacidad mutua para promover las mejores prácticas en la operación gubernamental.
• Auditorías más efectivas que se basen en:
  • La promoción de una clara comprensión de los respectivos roles.
  • Un diálogo, basado en información sobre los riesgos que enfrentan las entidades, con el fin de dirigirse a enfoques más eficientes de auditorías, que signifiquen observaciones y acciones más efectivas y de mayor impacto.
  • La reducción de la probable e innecesaria duplicación del trabajo de auditoría.
  • Minimizar la interrupción de las actividades de la entidad auditada.
  • Mejorar y maximizar la cobertura de la auditoría basada en evaluaciones de riesgos.
  • Colaborar para que los encargados de la gestión de las entidades públicas comprendan la importancia del control interno.
  • El apoyo mutuo en las recomendaciones de auditoría que puedan mejorar el impacto de la fiscalización.

Todos los compenetrados en las labores de auditoría y con conocimiento de la vida institucional del país, saben que las revisiones de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y los órganos internos de control siguen preceptos de los mismos códigos legales, partiendo de la Constitución Federal y de las leyes generales. Asimismo, que son similares sus metodologías, por igual provenientes de guías y manuales nacionales, que de estándares internacionales, por lo que existe una base de ideas común.
Asignatura sustantiva es la homologación de términos y normas aplicables en todos los procesos. En esta materia, la ASF, tanto por su sólida participación internacional como por haber tenido a su cargo la Presidencia del Comité Directivo de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés), cuenta con el registro y manejo de los criterios internacionales de mayor aceptación, así como de evaluaciones de modelos específicos, los cuales están disponibles para su consulta y consideración.
Con el fin de abrir el paso al sistema, ha sido necesario elaborar un diagnóstico de evaluación comparativo sobre la situación y calidad que guardan los ordenamientos jurídicos, y en general, los procedimientos que regulan y sustentan el ejercicio de esa función, identificando y reconociendo las principales incompatibilidades y vacíos que ellos presentan con el propósito de perfilar las líneas de acción y ajustes que se requieren para su homologación y armonización correspondientes.
Por otra parte, cabe señalar que las limitaciones de información que se generan por la ausencia o insuficiencia de sistemas y mecanismos apropiados de registro de las operaciones que realizan los tres órdenes de gobierno, constriñen, en gran medida, la posibilidad de llevar a cabo acciones de fiscalización más eficaces y eficientes.
Nuestra responsabilidad ante la sociedad sobre el ejercicio de los recursos públicos debe ser profesional, proactiva e integral. Los retos implícitos en las dinámicas sociales de nuestros días, nos obligan a mantenernos actualizados, a mejorar nuestras competencias y habilidades, y a unir esfuerzos bajo una misma visión profesional, ética y técnica.
Solo así daremos una respuesta adecuada al compromiso que, como servidores públicos vinculados con la auditoría gubernamental, tenemos para impulsar una cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas.