C.P.C. José Armando Plata Sandoval
Vicepresidente de Normatividad
Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
aplata@asecoahuila.gob.mx

En las últimas décadas se han realizado procesos profundos de restructuración en la gestión pública como contribución a la satisfacción del bien común, enfatizando en ciertos aspectos, como: el desarrollo humano, la transparencia, la equidad de género y la búsqueda de una mayor democracia

Pilares de transparencia y rendición de cuentas
Estos reclamos no son distintos a las necesidades básicas de la sociedad, llegando a convertirse en temas insoslayables cuando de la construcción de políticas públicas se trata. Es elemental fomentar el compromiso de las administraciones de los tres niveles de gobierno por mantener una cultura de rendición de cuentas que garantice la máxima publicidad de la información financiera, programática y presupuestal, así como el establecimiento de sanciones ejemplares a los servidores públicos que incumplan esta garantía ciudadana.
Por otra parte se encuentran los asuntos de desarrollo humano como la equidad de género y la democracia, temas que requieren de una mayor participación ciudadana, así como de una esfera pública en la que puedan sentarse sociedad y gobierno a deliberar sobre la correspondiente agenda a seguir y la negociación de los roles de actuación de las partes.
Sin embargo, para trabajar adecuadamente los roles advertidos, la sociedad civil necesita de bases y herramientas que proporcionen elementos de análisis y evaluación, y por qué no decirlo, de crítica; necesita de información desagregada, confiable y oportuna, tal como lo exige la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Asimismo, enfatizamos en la imperiosa necesidad de contar con un esquema de control interno profesional y adecuado al tamaño de las instituciones, inmerso en un esquema de participación corresponsable de los tres niveles de gobierno para contribuir en una verdadera eficiencia, efectividad y economía de la gestión gubernamental.

La rendición de cuentas y la contabilidad gubernamental
John Ackerman propone entender la rendición de cuentas como: “un proceso proactivo por medio del cual los servidores públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes”, de donde se derivan:

• La accountability o rendición de cuentas.
• La answerability o contestabilidad.
• El enforcement o establecimiento y ejecución de las sanciones.

Estos elementos nos proveen de herramientas que facilitan el flujo de información clara y concisa, contenidos en la Constitución, y que facultan a los Diputados como representantes del pueblo a vigilar el debido ejercicio de los recursos y cumplimiento de los planes y programas. Derivado de lo antes señalado, se precisa lo siguiente:

• Nuestro país ha avanzado en la materia de rendición de cuentas, pero muy por debajo del contexto global y de lo necesario para convencer a la ciudadanía del debido cumplimiento de las obligaciones gubernamentales.
• La justificación de las acciones gubernamentales y los valores correspondientes, no pueden hacerse de manera objetiva, en virtud de las deficiencias de la información gubernamental: falta de armonización en las estructuras financieras y en los procesos contables, carencia de indicadores para la medición del desempeño, así como elaboración de planes y programas deficientes, entre tantas limitaciones.
• El fincamiento de responsabilidades a los servidores públicos no ha guardado equilibrio con los niveles de corrupción e ineficiencia gubernamental. Es necesario dotar de congruencia los esquemas actuales de infracciones y sanciones para que, mediante el ejemplo, el ambiente burocrático se acoja a las exigencias insoslayables de la ética y la transparencia de los gobiernos.

Aunque en el país se han adoptado tendencias de organismos internacionales, falta mucho trabajo por hacer; en este tenor son aplicables las precisiones de López Ayllón y Merino quienes apuntan:
No puede haber supervisión o juicio sobre ese ejercicio sin información relacionada con las decisiones que toman las autoridades públicas en el ejercicio de sus atribuciones, con los procedimientos que siguen para hacerlo, con los resultados que obtienen y con el uso de los presupuestos que se les asignan.
No puede haber fiscalización sin cuentas, es decir, registros fidedignos, oportunos y comparables de los dineros que utilizan, y sin relación entre los gastos efectuados y los propósitos públicos que los justifican.
No puede haber sistemas de responsabilidades, sin objetivos previamente establecidos, sin procedimientos eficaces y eficientes para fincarlas, y sin reglas claras y estables, respecto del ejercicio de los dineros que se utilizan.
En el actual contexto persiste la necesidad básica y fundamental de estar bien informados, y utilizar la información para:

• La toma de mejores decisiones.
• El fomento a la inversión privada y pública, derivado de la confianza.
• El mejoramiento a la administración pública.
• La satisfacción de la ciudadanía del derecho de estar informada.
• La objetividad y credibilidad a los mecanismos de control del poder público.
• El combate y abatimiento de la corrupción.

Para tales efectos se han diseñado políticas para estandarizar criterios como la creación de órganos técnicos de evaluación de indicadores, la armonización contable y el SNF de Fiscalización, entre otros mecanismos.

La armonización contable nacional
Aunque existían esfuerzos previos por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, no fue sino hasta el año 2008, en que surge un proyecto de alcance nacional para el sector público.
Con la reforma a la fracción XXVIII del Art. 73 constitucional y la emisión de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) se dieron los primeros pasos para generar información financiera, con términos estandarizados y comparables permitiendo conocer la situación financiera y operacional del estado mexicano.
Desde 2009 a la fecha se ha avanzado en el marco legal y normativo de la información contable, presupuestaria y programática, habiendo emitido el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) más de 30 normas de información financiera, así como formatos de información y mecanismos para elaboración de indicadores.

Sistema Nacional de Fiscalización
El SNF implica una coordinación de acciones por parte de los órganos que llevan la fiscalización en el país, con el propósito de generar condiciones que permitan mayor alcance y efectividad en las revisiones, así como evitar duplicidades, omisiones o contradicciones.
Pretende unificar esfuerzos en los tres niveles de gobierno y desde todos los ámbitos de análisis. Cabe señalar que en 2012 se presentó la iniciativa que reforma al Art. 73 fracción XXVIII-B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para expedir leyes de carácter general con el fin de regular la integración y funcionamiento del SNF.
La Cámara de Diputados aprobó el Dictamen sobre la iniciativa al citado proyecto y lo turnó a la Cámara de Senadores para su estudio.
Una vez aprobado y en funciones el SNF, se podrá contar con un intercambio efectivo de información y con la homologación en la manera de planear, ejecutar y reportar los trabajos de auditoría, de conformidad con las seis propiedades del sistema, las cuales se enumeran a continuación:

• Transparencia.
• Oportunidad.
• Imparcialidad.
• Rigor técnico.
• Integridad.
• Confiabilidad.

La Contabilidad Gubernamental y el Sistema Nacional de Fiscalización
La LGCG y el SNF persiguen fines y objetivos distintos; mientras el primero busca generar información financiera útil y confiable en tiempo real, el segundo pretende establecer mecanismos y acciones para fortalecer la rendición de cuentas mediante la coordinación de acciones de revisión y la estandarización de criterios de auditoría, fortaleciendo así los canales de rendición de cuentas.
En este sentido, la armonización contable es esencial por prever la adopción de postulados, marco conceptual y mecanismos de registro contable que califican la oportunidad y confiabilidad de la información emitida por los entes públicos de los tres niveles de gobierno, facilitando así la fiscalización que ejercen todos los agentes de control.
Observando los alcances y pretensiones de la LGCG y del SNF, es relativamente sencillo advertir que su cumplimiento merece, al menos, una buena dosis de compromiso de los responsables de su implementación.
En lo que concierne a la LGCG, fue concedido un plazo de cuatro años para su plena vigencia; una vez concluido este término en diciembre de 2012, es de observarse que la mayor parte de las entidades públicas del país se encuentran en franco incumplimiento.
Las partes interesadas esperamos, al menos, un compromiso serio y documentado de los responsables, debiendo a la vez ser partícipes en vigilar que ahora sí se cumpla, de manera positiva con la política pública de mayor envergadura emitida hasta la fecha en materia de gestión por resultados, transparencia y rendición de cuentas: la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Referencias
Ackerman citado por López Ayllón y Mauricio Merino. La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos, en “La estructura de la rendición de cuentas en México”, UNAM-CIDE, México, 2010.
El Sistema Nacional de Fiscalización y la ASOFIS, documento presentado en la “XIV Asamblea General”, en mayo de 2011, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Normas de Información Financiera emitidas por el CONAC. Recuperadas el 26 de marzo de 2013, de la página: http://www.conac.gob.mx/consejo.html