Por C.P.C. José Luis García Ramírez

Vicepresidente Práctica Externa del IMCP

Coordinador Nacional de El Poder de los Números

jlgr01@hotmail.com

A 54 años de su vigencia, el dictamen fiscal es optativo a partir de 2014 para las instituciones con ingresos superiores a $100 millones; activos fijos por $79 millones y más de 300 empleados, disposición que no es aplicable para las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal

La auditoría de los estados financieros en un concepto genérico y amplio, como es del conocimiento de todos (los auditores), contempla la revisión de la situación financiera de las instituciones e incluye por consiguiente, la revisión del aspecto fiscal, como un elemento más de los que son objeto de revisión en el transcurso de la auditoría, con lo cual se está en posibilidad de emitir un dictamen financiero y, en su caso, el dictamen fiscal, ya sea obligatorio u opcional.

Este es el escenario sobre el que descansa la auditoría de los estados financieros, el cual permite al auditor en términos generales: i) emitir un dictamen financiero; ii) emitir, en su caso, un dictamen fiscal, y iii) formular la carta de recomendaciones dirigida al Consejo de Administración a través del Comité de Auditoría; o bien, en el caso de las pequeñas empresas al inversionista o empresario, convirtiéndose este último documento en el portador del valor agregado con el que contribuye el auditor, para optimizar y mejorar el control interno y la realización de las operaciones de las instituciones.

Lo anterior pretende dejar establecida la premisa de que la auditoría financiera es por sí sola el elemento esencial que todo empresario y administrador requieren para tener una razonable certidumbre sobre la situación financiera de las empresas y, en su caso, mediante la auditoría, conocer los eventuales riesgos que pudieran existir, con independencia del dictamen fiscal.

Así como se pretende dejar sin lugar a dudas la importancia de la auditoría de los estados financieros para una adecuada administración de las empresas, también manifiesto la importancia de continuar haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades para que se reconsideren las disposiciones actuales relativas al dictamen fiscal y, en su caso, se regrese a un esquema de un dictamen fiscal opcional, con anexos revisados y cuya información esté acorde al ambiente de negocios actual y cubra con los requerimientos de las autoridades hacendarias.

El Poder de los Números

A manera de reflexión en relación con lo anterior, no puedo dejar de comentar la existencia de la campaña El Poder de los Números, la cual tiene ocho años de haberse establecido a iniciativa de un grupo de firmas de Contadores Públicos, de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA) y de los Colegios Federados representados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). Esta campaña es la aportación que hace la Contaduría Pública por medio de sus 60 Colegios Federados, a la sociedad y en especial a los estudiantes de bachillerato y de la carrera de Contaduría Pública, cuyo objetivo es dar orientación vocacional y destacar la importancia de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo (antes Norma de Educación Profesional Continua) y la Certificación.

El mensaje que la Contaduría Pública organizada da a los estudiantes de licenciatura y de bachillerato, en cuanto a la riqueza y diversidad de actividades que ofrece la Contaduría Pública, obliga a los Contadores Públicos a darnos la oportunidad de tomar las diversas alternativas que nos ofrece nuestra querida profesión, dentro de las cuales están la Consultoría y la Asesoría.

PyMES

Tomando en cuenta que el campo natural de acción de nuestra profesión es el entorno de negocios, es conveniente hacer referencia al censo económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondiente a 2014, el cual reporta que de las casi 5 millones de unidades empresariales, 99.7% corresponde a PyMES, que generan 77% de los empleos del país, de acuerdo con la encuesta nacional del INEGI de ocupación y empleo al 4º trimestre de 2014 y que contribuyen con más de la mitad del PIB del país.

Consultoría

La Vicepresidencia de Práctica Externa del IMCP, dentro de las comisiones que coordina está la de Consultoría, la cual cumple 25 años de haber iniciado actividades y muestra la alternativa que tiene nuestra profesión para incursionar en ella y nos proporciona una lista de opciones que ha desarrollado a través del tiempo, las cuales están a nuestra disposición.

Otras alternativas

Inclusión financiera y fomento al crédito

La Reforma Financiera mediante la inclusión financiera y el fomento al crédito, aspecto encomendado a la banca de desarrollo como uno de los cuatro pilares sobre los que está soportada la reforma, va dirigido (fomento al crédito) con énfasis especial a las PyMES y a las personas físicas con actividades empresariales dedicadas al campo, a la exportación y al sector energético, que convierte esta situación en un nicho natural para los servicios de consultoría y asesoría a las empresas que requieren de orientación y consejo profesional, para estructurar los proyectos e información necesarios para acercarse a los programas de financiamiento que se están derivando de la Reforma Financiera.

El principal objetivo de la inclusión financiera es hacer más accesibles estos servicios a la mayoría de las personas y de las PyMES, y que la distancia deje de ser un obstáculo. Es decir, parte de la estrategia está en la interacción de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socaps), las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) y la contratación con terceros (tiendas de conveniencia), de los servicios necesarios para la operación de estas sociedades (bajo ciertos límites y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), para acercar cada vez más los servicios financieros a las comunidades.

En este entorno se han establecido diversos programas de apoyo con la garantía del Gobierno Federal, y se seguirán generando por la banca de desarrollo junto con la banca comercial, dirigidos principalmente a las PyMES y a las personas físicas con actividades empresariales, dedicadas al campo, a la exportación y al sector energético.

A continuación se incluyen algunos de los programas de crédito establecidos por la banca de desarrollo junto con la banca comercial:

• Crédito Joven. Febrero 2015. Nacional Financiera diseñó un esquema de financiamiento para emprendedores, dirigido a personas entre 18 y 30 años de edad que tengan la intención de abrir un negocio. El producto estará disponible a través de la banca comercial, en montos de 50 mil a 150 mil pesos, con plazo de pago hasta de cuatro años y una tasa preferencial de 9.9%.
• Alianza PyME. Febrero 2015. En beneficio de las pequeñas y medianas empresas, las cuales tendrán acceso a créditos de $100 mil hasta $12 millones, y créditos de hasta $40 millones para PyMES importadoras y exportadoras, con tasas de 7.5 a 9.5% y con el respaldo de la garantía Nafin. El objetivo es duplicar en tres años el saldo de créditos a PyMES para alcanzar $120,000 millones y beneficiar a 100 mil empresas.
• Impulso energético. Mayo 2014. Este programa ofrece financiamiento desde $500 mil hasta $500 millones, a empresas con proyectos en el sector energético. Tasas en pesos desde 6% y en dólares desde 4.5%. Nafin dará garantías para los créditos de 50 a 80%.
• El fomento al crédito dirigido de manera importante a las PyMES es una oportunidad de servicio para la Contaduría Pública, para apoyar en el análisis financiero y en los proyectos que puedan hacer viables alternativas de inversión para este sector.

Certificación en materia de antilavado

El 2 de octubre de 2014 la SHCP, publicó las Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Esta disposición deriva de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, promulgada el 10 de enero de 2014, la cual modificó la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), otorgándole facultades para certificar a las personas físicas y morales para que presten sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.

A continuación se incluye el Índice de Basilea correspondiente al año 2014, cuyo objetivo es analizar el riesgo de los países en relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y otros factores relacionados con la corrupción y riesgo político. En una muestra de 160 países, México se ubica en el lugar 105.

Índice de riesgo de lavado de dinero 2014

Base: más de 160 países/ Basel Institute Of Governance

Puntuaciones altas: mayor vulnerabilidadPara verificar el cumplimiento de las leyes en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, es conveniente mencionar que existe el antecedente que obliga a los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOMES ENR), a la obtención de un Dictamen Técnico por parte de la CNBV sobre el tema que nos ocupa.

En el caso de las SOFOMES ENR es requisito para la renovación del registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), cuyo plazo vence el 4 de julio del presente año. Las entidades que no soliciten la renovación de su registro antes de la fecha señalada, perderán el carácter de SOFOM ENR y, por lo tanto, deberán abstenerse de seguir realizando operaciones.

Las entidades sujetas a supervisión de la CNBV, que son el ámbito de oportunidad para la Contaduría Pública, para revisar el cumplimiento en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, son los los almacenes generales de depósito, asesores en inversión, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, instituciones de banca de desarrollo, instituciones de banca múltiple, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración rural, sociedades operadoras de fondos de inversión, transmisores de dinero, uniones de crédito y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión.

El proceso para la certificación incluye las siguientes etapas: I. Registro y obtención de folio y contraseña; II. Presentación de solicitud por el Participante; III. Cotejo de la documentación con los originales; IV. Evaluación, y V. Expedición del Certificado.

Los participantes, a efecto de obtener el certificado correspondiente, deberán registrarse en: http://www.cnbv.gob.mx dentro de la sección denominada “Obtención del Certificado”, en la cual se darán a conocer en el instructivo, los términos y condiciones relacionados con el proceso para obtener el certificado (capítulo II, sección I, artículo 5 de las disposiciones). El proceso de certificación para las personas físicas inició el 1º de enero del presente año, y para las personas morales inicia el 1º de julio.

Contabilidad electrónica

Con las disposiciones fiscales que establecen para los contribuyentes la obligación de la contabilidad electrónica, así como para las personas morales y personas físicas con actividad empresarial y profesional, excepto los que utilicen la herramienta “Mis cuentas”, el envío periódico de información (catálogo de cuentas por única vez o cuando se realicen modificaciones; balanza de comprobación mensual); o el envío de pólizas cuando se ejerzan las facultades de comprobación o compulsa, o se tramite una devolución o compensación de impuestos, siempre que los saldos provengan del periodo o ejercicio 2015, como se ha podido experimentar a la fecha, estas disposiciones representan para nuestra profesión una oportunidad para los servicios de asesoría.

Como parte del diagnóstico de necesidades derivadas con la experiencia que se ha vivido, se pueden citar las siguientes oportunidades de servicio:

Asesoría para la integración de la balanza de comprobación, utilizando el código agrupador establecido por la autoridad.

Asesoría para la revisión previa de la balanza de comprobación que mensualmente se tiene que enviar, con la finalidad de asegurar que la información tenga las características de integridad y calidad requeridas, que eviten o disminuyan los riesgos de aclaraciones futuras.

El aspecto anterior aplicará en el caso de requerimientos específicos de la autoridad, o cuando se trate del envío de información con motivo del trámite de devolución o compensación de impuestos.

Considerando que será en marzo de 2016 (como fecha límite), cuando les apliquen estas disposiciones a los contribuyentes cuyos ingresos acumulables sean inferiores a $4 millones correspondientes al ejercicio 2013; a los que se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes durante 2014 y 2015, y otros contribuyentes que establecen las propias disposiciones, existe una gran oportunidad para que la Contaduría Pública apoye en este proceso que continuará durante el presente año y en tiempos futuros.

A continuación se incluye un resumen de las obligaciones y periodos de cumplimiento para los contribuyentes, en cuanto a contabilidad electrónica se refiere.

Fuente: SAT

Finalizo con el mejor de los deseos, porque las reflexiones, datos e información incluidos en este artículo, contribuyan a darnos la oportunidad como profesión, de incursionar en otras alternativas de servicios, de retomar competencias que son del ámbito de la Contaduría Pública y que por diversas razones las hemos mantenido al margen de nuestra práctica profesional.