Por Dra. Amarella Eastmond Spencer/Profesora-investigadora/Universidad Autónoma de Yucatán/eastmondspencer.amarella@gmail.com

Mtra. Carolina Avilés Heredia/Coordinadora de la Maestría en Administración Tributaria/FCA Universidad Autónoma de Yucatán/aheredia@uady.mx

Y Renata Rodrigues Costa/Pasante, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de la Universidade Federal de Alagoas, Brasil

Ante los impactos negativos de los cambios ambientales de hoy, un número creciente de gobiernos del mundo ha introducido impuestos ecológicos (o verdes) como instrumento para tratar de revertir el proceso de deterioro ambiental. Los impuestos verdes, usados correctamente, tienen un gran potencial para transformar el patrón de comportamiento de las compañías y las personas hacia una mayor eficiencia y un menor daño ambiental, al mismo tiempo que significan recaudación para los gobiernos. Por lo anterior, se considera importante comprender bien qué son los impuestos verdes y cómo funcionan en los diferentes países.

En este trabajo se compara a México con Brasil, dos países emergentes con economías importantes que, además de su necesidad de crecimiento económico, tienen la enorme responsabilidad de cuidar la megadiversidad biológica y cultural que albergan en sus territorios.

Este análisis toma como su punto de partida el Índice de Impuestos Verdes (Green Tax Index) creado en 2013 por KPMG, una de las compañías más grandes del mundo de auditoría y servicios profesionales, con el objetivo de elevar la conciencia sobre estos impuestos y de estimular a las compañías para que exploren las oportunidades que ofrecen, así como evitar las posibles sanciones y penalidades que pudieran implicar.

Para su estudio, KPMG seleccionó a 21 países y los clasificó, según su nivel de actividad, con respecto al uso de impuestos verdes para modificar el comportamiento de las compañías hacia pautas más sustentables. En la elaboración de su índice, KPMG tomó en cuenta nueve áreas de política verde:

• Eficiencia energética (principalmente, incentivos que favorecen la compra de equipo eficiente).
• Carbón y cambio climático (impuestos para reducir las emisiones de CO2).
• Innovación verde (incentivos que promueven la investigación y el desarrollo científico relacionados con la tecnología limpia).
• Energía y combustibles renovables (incentivos para fomentar su uso).
• Edificios verdes (incentivos que reducen el uso de energía en los edificios).
• Vehículos verdes (incentivos para promover vehículos más eficientes, híbridos y eléctricos).
• Eficiencia de agua (principalmente créditos fiscales para promover el ahorro, reciclaje y sistemas de tratamiento de agua).
• Eficiencia de recursos materiales y manejo de desechos sólidos (impuestos e incentivos para reducir la generación y el reciclaje de desechos).
• Control de contaminación y protección de ecosistemas (instrumentos fiscales utilizados para penalizar la contaminación e incentivar el uso de tecnología limpia para su control).

Por medio de la asignación de valores a los diferentes instrumentos que forman parte del código fiscal de los países, el análisis de KPMG llegó a un ranking final en el que el primer lugar lo ocupa EE.UU., seguido por Japón, el Reino Unido, Francia, Corea del Sur y China, y, en los últimos cuatro lugares ubica a Brasil, Argentina, México y Rusia en ese orden. Es importante aclarar que un ranking alto solo significa que el gobierno de ese país es más activo en su uso del sistema fiscal para promover el desarrollo sustentable, lo cual no implica que el país es más verde que otros.

Los EE.UU., ocupan el primer lugar por su amplio programa federal de incentivos fiscales que promueven el uso de la energía renovable y los edificios verdes.

Es interesante notar que China se ubica en el sexto lugar con una política fiscal equilibrada entre incentivos y penalidades y enfocada en los edificios verdes y la eficiencia del uso de los recursos, incluyendo el agua, la energía y los materiales.

Como países emergentes, tanto Brasil como México tienen sistemas ambientales fiscales menos activos que los países industriales. Sin embargo, cuando solo se toman en cuenta los incentivos verdes Brasil brinca al 12º lugar (junto con Sudáfrica), mientras que México sube al lugar 18º. En contraste, cuando se consideran las penalidades fiscales, Brasil y México comparten el último lugar de la lista de rankings.

Donde difieren mucho Brasil y México es en los incentivos verdes. Brasil se destaca por aplicar incentivos fiscales desde hace tiempo y, además, en 2005 empezó a incentivar a las compañías que llevan a cabo proyectos de innovación tecnológica y que dedican fondos a la investigación y el desarrollo científico. Entre las varias deducciones que ofrece están:

• Una deducción del gasto completo relacionado con la investigación y el desarrollo en el cálculo del impuesto sobre la renta.
• Una deducción adicional que equivale a 60% de gasto total en investigación y desarrollo.
• Un aumento en la deducción por investigación y desarrollo (hasta 70%) si la compañía incrementa el número de investigadores en 5% y hasta 80% si lo aumenta en más de 5%.
• Un aumento en la deducción por investigación y desarrollo cuando se trata de patentes y marcas.

Brasil estableció el programa INNOVAR-AUTO en 2012, que tiene el objetivo de promover el desarrollo tecnológico, la innovación, seguridad, protección ambiental y calidad de los vehículos y sus partes en Brasil (KPMG, 2013).

Es importante recalcar que Brasil es uno de los países que más estimula la preservación de su medio ambiente por medio de incentivos fiscales. Esto ha sido posible gracias a que sus estados tienen derecho a ejercer, en beneficio del medio ambiente, un porcentaje de los fondos recaudados por el Impuesto Sobre la Circulación de Bienes y Servicios (ICMS), establecido desde 1988. Aunque el ICMS es competencia de cada estado, los municipios reciben 25% de lo recaudado y, de esta cantidad, 25% es utilizado para la preservación del medio ambiente, en particular para el pago de servicios ambientales. De esta forma, el gobierno brasileño dispone de recursos para apoyar económicamente a las empresas y personas que “venden” naturaleza en sus propiedades, es decir, transforman sus recursos naturales en activos económicos que les permiten obtener beneficios al mismo tiempo que protegen al medio ambiente.

Esta nueva forma de tratar los recursos naturales es consecuencia del reconocimiento de su importancia fundamental para toda la sociedad en su conjunto y de su lugar céntrico en los derechos humanos, ya que son esenciales para mantener la vida y el equilibrio de los ecosistemas.

El estado de Paraná fue el primero en Brasil en firmar una ley que otorga recursos públicos para la preservación del medio ambiente. En 1991, los municipios que se sentían perjudicados por la prohibición contra su expansión territorial, solicitaron apoyo económico en compensación por la falta de recaudación fiscal para seguir preservando el medio ambiente. El estado de Paraná se convirtió en ejemplo para el resto de Brasil que utilizó su ley como referencia para la implantación del impuesto ecológico ICMS en muchas otras partes. Como consecuencia, el número de áreas naturales protegidas en Brasil creció de manera espectacular y hoy es el país con mayor porcentaje de su territorio bajo protección (28%) que representa más del doble del promedio mundial (12%). Al mismo tiempo, lo que empezó como una compensación se convirtió en una importante oportunidad de desarrollo para las pequeñas ciudades que antes no avanzaban por falta de recursos. Ahora algunos municipios reciben 80% de sus recursos del impuesto ecológico.

En contraste, México solo tiene 11.13% de su territorio bajo Áreas Naturales Protegidas (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2007). En el informe de KPMG el único rubro en que México se destaca es en la aplicación del principio de “el que contamina paga” y por las deducciones (hasta 100%) referentes a las inversiones en equipo para el control y la prevención de la contaminación. Es decir, mientras que su política fiscal ambiental contempla algunas penalidades, es seriamente deficiente en incentivos hacia la conservación de la naturaleza y pautas de comportamiento más sustentables. En el informe Environmental Performance Review (OCDE, 2013) se menciona que México es el país con menor recaudación de impuestos verdes entre las 34 naciones que pertenecen a este organismo.

En México, la política fiscal ambiental es reciente y ha enfrentado una gran oposición debido a la preocupación de que la implementación de impuestos ambientales afecte la competitividad del país. Se ha sugerido la adopción de una política de compensación, en la que el cobro de impuestos ambientales sea compensado por la reducción de otros impuestos, como el impuesto sobre la renta, pero a la fecha esto no se ha implementado. En la reforma fiscal de 2013, se introdujo un impuesto de 3% a la venta a los combustibles fósiles (quedando exento el gas natural) como medida para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con lo establecido en la Ley General del Cambio Climático y sus metas de reducir estas emisiones en 30% para 2020 y 50% para 2050. También se fijó un impuesto de 7.5% a las ganancias de las empresas mineras, 80% del cual será destinado a un fondo para el desarrollo sustentable en los estados mineros. Algunos críticos han argumentado que penalizar los combustibles fósiles de esta forma no es suficiente, sino que hace falta, además, introducir incentivos para transitar hacia un uso más intensivo de energía renovable y tecnología más limpia.

Las prácticas fiscales ambientales en México y Brasil contrastan. Mientras que Brasil tiene una política bien establecida que incentiva la preservación, México está en la fase de desarrollo de su política fiscal ambiental que, hasta ahora, ha sido más punitiva que incentivadora. Se sugiere que México podría aprender de la experiencia brasileña para introducir más impuestos ambientales con el fin de redistribuirlos como incentivos para la preservación del medio ambiente y la construcción de un futuro más sustentable para las generaciones venideras.

Referencias

KPMG (2013) The KPMG Green Tax Index: an exploration of green incentives and penalties. Consultado en: http://www.kpmg.com/global/en/issuesandinsights/articlespublications/green-tax/pages/default.aspx

OECD (2013) Environmental Performance Review: Mexico, 2013. Consultado en: http://www.oecd.org/environment/country-reviews/mexico2013.htm

Gobierno de México, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2007) Programa nacional de áreas naturales protegidas 2007-2012 consultado en: http://www.conanp.gob.mx/quienes_somos/pdf/programa_07012.pdf

Yagi, D. L. (2011) ICM- Ecologico como pagamento por servicos ambientais as reservas particulares do patrimonio natural (RPPN´S). Tesis de licenciatura presentada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Consultado en: http://www.icmsecologico.org.br/images/artigos/a057.pdf).