En años recientes el enfoque hacia el medio ambiente ha cobrado mayor relevancia en los mercados internacionales y en nuevas formas de hacer negocios. La producción de riqueza a través del desarrollo industrial y la limitación de los recursos ha inducido el deterioro ambiental durante las últimas décadas y esto, a su vez, ha provocado que las organizaciones adopten prácticas de prevención medioambientales. Por tal motivo, el objetivo de las empresas se ha ampliado, pues ahora no solo deben generar riqueza y valor para sus accionistas, sino también mostrar su responsabilidad hacia el medio ambiente
La profesión contable y el paradigma ambiental
El rol del Contador Público es trascendental, no solo en el proceso de creación del lenguaje de los negocios y reportes financieros, sino también en su rol de gestor de negocios. La profesión contable puede contribuir en la administración ambiental por medio de la modificación de sistemas contables, la planeación de implicaciones financieras sobre proyectos directamente relacionados con el medio ambiente, la presentación del desempeño ambiental mediante los reportes anuales y la creación de nuevos sistemas de información como eco-balances.
A pesar de lo anterior, los Contadores Públicos no están tan involucrados como deberían, especialmente cuando algunos aspectos de la agenda ambiental y las posturas de diferentes grupos se toman en cuenta. Esto es sorprendente por el hecho de no comprender el valor que genera la necesidad de cambiar procesos y servicios en beneficio del medio ambiente y su efecto en las implicaciones financieras, fiscales y de participación de mercado.
La nueva forma de hacer negocios
¿Cuáles son las implicaciones financieras sobre temas ambientales? ¿Cómo deben responder las empresas ante esto? ¿Cuál es la nueva forma de hacer negocios verdes? El espectro de presiones ambientales tiene diferentes aristas que divergen entre cambios legislativos y cambios basados en el mercado. La creación de leyes ambientales y su vinculación con la industria, los índices sustentables de mercado, la inversión en tecnología limpia y los cambios en productos y procesos, son ejemplos del abanico de oportunidades de negocio que pueden premiar a las empresas con responsabilidad ambiental.
En los últimos 20 años, una gran variedad de actos legislativos a nivel mundial ha surgido, entre ellos destaca la Ley de Protección Ambiental (EPA),1 la Ley de Agua en Reino Unido, y el registro controlado de tierras contaminadas por las autoridades europeas. Las empresas tienen implicaciones financieras y contables al considerar, por ejemplo, los cambios en la naturaleza del empaquetado de productos, esquemas de reciclaje y recuperación de envolturas, incrementos en el tratamiento de aguas residuales, así como la necesidad de tener procesos industriales que adopten prácticas eco-eficientes. Todo esto, aunado a la necesidad imperante de producir información relevante, financiera y no financiera, disponible para el público, que hoy demanda más interés.
En materia fiscal se han creado instrumentos de mercado para fomentar la respuesta ambiental. Un ejemplo de esto son los impuestos al carbono que han incrementado el costo de energía hasta 50% en toda la comunidad europea. En América Latina también existen elementos tributarios que se han desarrollado para la protección ambiental; por ejemplo, en México, en 2014, como parte de las reformas sexenales se dio a conocer una propuesta para la aplicación de un impuesto a la enajenación e importación de combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono.
También se estableció como mecanismo innovador la compra de bonos de carbono o certificados de reducción de emisiones en el mercado de carbono, para sustituir el pago del impuesto (Fanelli, 2015). Los bonos de carbono son un mecanismo internacional para reducir las emisiones contaminantes del medio ambiente, parten de la propuesta del Protocolo de Kioto cuyo objetivo es reducir el calentamiento global. De acuerdo con Chicago Climate Exchange (2018), el sistema consiste en ofrecer incentivos económicos para que las empresas privadas contribuyan a la calidad ambiental y se consiga regular la emisión generada por sus procesos productivos, considerando el derecho a emitir dióxido de carbono (CO2) como un bien canjeable con un precio establecido.
Contabilidad ambiental: el desafío
El rol del Contador para ayudar a las empresas a ser más sensibles en temas ambientales recae en cinco fases. La primera fase se relaciona con los sistemas contables actuales y su evolución para identificar áreas medio ambientales relacionadas con gastos e ingresos. En la segunda fase, se incorporan los elementos ambientales a los sistemas financieros. Por ejemplo: el sistema de planeación, el proceso de presupuesto de capital, análisis de escenarios, valoración de inversiones, evaluación de riesgos y decisiones financieras.
La tercera fase hace referencia a que los sistemas contables deben anticipar los riesgos potenciales sobre cambios abruptos en la agenda ambiental de la empresa. Esta fase afecta, por ejemplo, al cambio del periodo de recuperación si los costos de energía suben, demandas legales por contaminación y la valoración de los costos de oportunidad de tomar o no inversiones ambientales. La cuarta fase hace referencia a la revelación de información ambiental al público inversionista y partes relacionadas. El Contador Público es capaz de desarrollar nuevas formas para medir el desempeño, controlarlo y reportarlo para fines internos y externos.
Por último, la quinta fase hace énfasis a la innovación y nuevos sistemas contables apegados a la realidad financiera de la empresa. Al experimentar nuevas formas en las cuales la sustentabilidad puede ser evaluada dentro de los sistemas ortodoxos organizacionales, el valor que aporta el Contador Público es generar mayor impacto en la comunicación de información financiera y no financiera. Por medio de cualquier proceso de “reverdecer” la contabilidad es posible permitir a los Contadores ser reactivos dentro de los roles convencionales y ser capaces de crear nuevas formas de mitigar daños con el objetivo de ayudar a las organizaciones a desarrollar mayor sensibilidad ambiental.
Normativa contable en medio ambiente
Los cuerpos internacionales de la profesión contable alrededor del mundo han tomado iniciativas en respuesta al desarrollo de la agenda ambiental para reconocer la necesidad de reacción o, quizá, la anticipación de la profesión contable. Dentro de la normativa contable, las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés), por medio de la International Accounting Standard (IAS) 37, referente a provisiones, pasivos y activos contingentes, señala que una obligación presente surge a raíz de un evento pasado, que debe ser liquidada bajo la presencia de dos supuestos: por efecto legal, o cuando se haya generado la expectativa válida de cumplir dicha responsabilidad ante terceros. Esto deja como posibilidad de que una entidad acepte su responsabilidad por reparar un daño causado, en forma pública, generando una obligación que requiere su reconocimiento contable. Por ejemplo, daños a zonas ambientales protegidas, derramas petroleras y desperdicios tóxicos.
Asimismo, la IFRS 3, que marca la combinación de negocios, establece que las entidades adquiridas pueden contar con pasivos contingentes derivados de juicios sin fallos y obligaciones medioambientales, sobre un periodo futuro. Los pasivos al representar un grado de incertidumbre vinculado a la liquidación de la obligación se reconocerán si se presenta un hecho específico que lo indique.
Con respecto a las Normas de Información Financiera la NIF C-9 que establece el reconocimiento de provisiones, contingencias y compromisos, dicta que la provisión surge siempre que se cumplan los siguientes tres criterios: que exista una obligación presente legal o asumida, resultante de un evento pasado a cargo de la entidad, que sea probable que dicho evento represente una salida de recursos económicos como medio de liquidación y que la obligación pueda ser estimada razonablemente. La revelación de la provisión incluye una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, el calendario esperado de las salidas de recursos económicos, notas sobre las incertidumbres relativas al importe, la hipótesis sobre los eventos futuros y el importe de los reembolsos esperados.
Organismos de regulación ambiental
La Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés), es una organización no lucrativa internacional que promueve el uso de reportes sustentables para contribuir al desarrollo sustentable. Las entidades que participan en esta deben publicar un reporte que incluya los impactos sociales, ambientales y económicos generados por las operaciones que realizan. Esta iniciativa establece que las entidades deben presentar el Valor Económico Directo Generado (VEDG) y el Valor Económico Directo Distribuido (VEDD), conforme al postulado de devengación contable.
Por otro lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), formuló un marco de indicadores ambientales que pueden ser implementados bajo un contexto internacional midiendo el desempeño ambiental de las entidades y países. Esta organización también presenta un reporte sobre Indicadores de Contabilidad Ambiental en términos de eficiencia y productividad sobre los recursos naturales implementados con el objetivo de controlar y medir las erogaciones destinadas para la reducción y control de la contaminación generada (OCDE, Environmental Indicators, 2016).
La Organización de las Naciones Unidas desarrolló el Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SEEA). En este sistema se presentan los estándares aceptados dentro de la comunidad internacional, al igual que la regulación contable aplicable. Describe a los activos ambientales como aquellos que contemplan el uso de recursos naturales, cultivos biológicos y ecosistemas, para fines de una nación. (System of Environmental Economic Accounting, 2012).
Aunado a lo anterior, el cuerpo académico y práctico del International Standards of Accounting and Reporting (ISAR, por sus siglas en inglés), presentó en 2004 un Manual para los Presentadores y Usuarios de Indicadores Eco-eficientes. Este manual tiene como objetivo proveer información útil que asocia el comportamiento ambiental de una entidad con su información financiera. Este mismo organismo internacional desarrolló una Guía Contable-Financiera para el reporte de costos y pasivos ambientales para reflejar el comportamiento de la entidad hacia el medio ambiente.
En México existen dos leyes en materia ambiental: la Ley General de Cambio Climático y la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. En ambas leyes se establece la responsabilidad ambiental sobre quienes realicen obras o actividades que dañen al medio ambiente y su obligación a prevenir, restaurar y compensar los daños.
Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es una dependencia del Gobierno Federal encargada de impulsar la protección, restauración y conservación de ecosistemas y recursos naturales con el fin de proporcionar el aprovechamiento y el desarrollo sustentable. Esta secretaría, mediante sus organismos ha desarrollado el Programa de Liderazgo Ambiental para la Competitividad y el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, los cuales vinculan a la industria con el medio ambiente al identificar áreas ambientales críticas de instalaciones y procesos de negocio, con el objetivo de formular soluciones técnicas y gestión apropiada para cada empresa.
México ha ido evolucionando en materia ambiental y su impacto económico. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitió la Circular 11-28 en donde solicita a las emisoras revelar información ambiental que sea esencial en términos financieros. En la Circular 11-33 se menciona que deberá formar parte de la información requerida en el informe anual, dentro de la sección de “Información general”, los factores de riesgo, entre estos: el impacto de las disposiciones ambientales que afecten significativamente el desempeño y la rentabilidad de la empresa. Así también, en la sección de “Descripción del negocio”, se establece que la empresa deberá reportar la descripción de sus principales activos y medidas ambientales que afecten la utilización de estos bienes.
El mercado financiero mexicano tampoco se ha quedado atrás, a finales de 2011 la Bolsa Mexicana de Valores introdujo el Índice Sustentable, también conocido como IPC Verde. Este índice es evaluado en función del impacto y riesgos generados del sector de la industria en el que opera la emisora, los compromisos de responsabilidad social y las prácticas de gobierno corporativo. En forma anual, las empresas deben informar al público inversionistas los programas que incluyan elementos ambientales y sociales en materia sustentable.
Actualmente el índice está formado por 30 emisoras provenientes del sector financiero, industrial, telecomunicaciones, consumo y materiales. El promedio de la capitalización de mercado es de $165,991.33 millones de pesos mexicanos y en los últimos 5 años ha tenido un rendimiento de 6.09% con un riesgo anualizado de 11.43% a 2018 (S&P Dow Jones Indices).
Conclusiones
La escasez de los recursos naturales, el crecimiento demográfico y la expansión de las industrias, han llevado a que millones de empresas internacionales consideren una evolución sustentable en sus procesos, productos y servicios. La forma de comunicar estos cambios es a través de la información financiera y no financiera que hoy en día, atrae a un mayor número de inversionistas y partes relacionadas que buscan y tienen preferencia por un enfoque medio ambiental.
El dinamismo de la profesión contable ha permitido a los Contadores Públicos ser el eje que transmita en materia financiera, económica y fiscal, el impacto de sus erogaciones, pasivos y riesgos asociados con el ambiente. Así también, los profesionistas deben de ser capaces de contar con información que exprese al público inversionista la agenda ambiental de la empresa y desarrollar una ventaja competitiva al demostrar que los productos y servicios de dicha entidad cuentan con un enfoque ambiental. Sin duda es un reto que enfrenta la profesión contable y una responsabilidad social y ética cuyo cumplimiento tiene impactos potenciales.
1 Environmental Protection Act, por sus siglas en inglés.
Bibliografía
CINIF. (2018). Normas de Información Financiera. México: Instituto Mexicano Contadores Públicos.
Fanelli, J. M., Jiménez, J. P., & López, I. (2015). La reforma fiscal ambiental en América Latina.
Global Reporting Initiative. (2004, Junio). “Synergies between the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs) and the GRI 2002 Sustainability Reporting Guideline”.
IFRS. (2012). Norma Internacional de Contabilidad 37: Provisiones, Pasivos y Activos Contingentes. U.K.: IASB. IFRS. (2012). Norma Internacional de Información Financiera 3: Combinación de Negocios. U.K.: IASB.
SCHP. (2010). Circular 11-33 Mediante la cual se dan a conocer disposiciones de carácter general relativas a la información que deberá proporcionarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a las bolsas de valores y al público inversionista. México.
Standard, & Poor’s Corporation. (2003). Global stock markets factbook. Standard & Poor’s.
UN, E., & FAO, I. (2014). System of environmental-economic accounting 2012: central framework. New York: United Nations.
UNCTAD. (2004). A Manual for the Preparers and Users of Eco-efficiency Indicators. Switzerland: United Nations.
C.P.F. Alicia Fernanda Galindo Manrique, MAF, MBA
ProfesorA de Cátedra-Escuela de Negocios
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
alicia.galindo@itesm.mx