Mtro. Tomás Rosales Mendieta Facultad de Contaduría y Administración, UNAM

Vicepresidente de Docencia y Desarrollo Académico de la AMDAD Miembro de la Comisión de Educación del IMCP

Recientemente ha emergido un sentimiento de indignación por los cuestionamientos a la Contaduría Pública derivada de actos que la propia autoridad facilito, aceptó y fundamentó en la ley; específicamente las condonaciones fiscales que obtuvieron personas y empresas mexicanas bajo el procedimiento que la ley permitía.

Más allá de la pertinencia de la ley y de la lista de los beneficiados con la condonación de las contribuciones, es un momento de diferenciar los actos de corrupción de la profesión en su conjunto. Creo que todos estamos de acuerdo con que las personas que cometan actos ilegales cumplan las sanciones que merezcan, pero las ideas de estas líneas son para fortalecer la Contaduría Pública como profesión.

Es natural que la auditoría sea vista desde la Contaduría como la manera de encontrar los actos de corrupción, las desviaciones en el cumplimiento de la normatividad contable y en que existan observaciones o denuncias sobre todas las prácticas que deben corregirse o denunciarse.
En este sentido, la sociedad y los usuarios que pueden ser beneficiados por los dictámenes y los reportes de auditoría no conocen lo suficiente del tema. Me refiero a que es más probable que se le tenga en mejor concepto de imagen pública a la transparencia o a la figura del “denunciante” (Whistleblower) que a la auditoría (en sus diversas orientaciones).

En el artículo de investigación: “Why so few acting whistleblowers? Impacts of institutional anticorruption” (Su Su, 2019) se analiza la problemática de los sistemas donde se permite el denunciante y la complejidad de conservar el anonimato, especialmente en el caso de China, tal como se encontró, son muy pocas las denuncias anónimas por factores que resultan contraproducentes al mismo denunciante; es decir, solo funciona la denuncia en un sistema que no es corrupto. Esto nos conduce a encontrar los actos de corrupción por otros medios.

En el caso de Brasil donde se focalizó la corrupción en los políticos se puede aprender de su experiencia: “El castigo a las prácticas corruptas pueden operar a través de cuatro diferentes canales: Un canal de la disciplina, que es un mecanismo puro de detección general vinculado a la probabilidad subjetiva de ser detectado y vivir una acción disciplinaria; un canal en el efecto a la reputación que está unido a la imagen de ser corrupto o ser perseguido; un canal de retroalimentación electoral, donde los electores castigan a los políticos quienes han sido expuestos en un comportamiento ilegal (por los auditores en el contexto actual) y un cuarto canal en el efecto de ingreso a posiciones políticas que es una respuesta anticipada para que ingresen al servicio público quienes tengan menos propensión a la corrupción”. (Ferraz and Finan, 2008).

Lo anterior presenta dos formas diferentes de combatir la corrupción y el sistema corrupto, lo que une perspectivas diferentes es la auditoría, y es en este sentido, lo que genera una necesidad de fortalecer la percepción social de la utilidad de la auditoría, externa, la auditoría interna, las contralorías, los órganos de fiscalización, la auditoría al desempeño, la auditoría forense y algunas tipologías adicionales que la Contaduría Pública ha desarrollado por mucho tiempo.

No es intención disminuir la importancia de la transparencia o de la denuncia; sin embargo, estos dos conceptos suponen un sistema anticorrupción sólido, y cuando no es el caso, tal como pasaba en China, no funcionan por si mismos estas alternativas anticorrupción.

En el caso de la Auditoría Anticorrupción, se convierten las diversas perspectivas de revisión y de auditoría como la mejor herramienta que tiene la sociedad, por medio de la Contaduría, de combatir los actos, las personas y los sistemas de corrupción. Por esta razón, no es conveniente permitir la denostación de la profesión ni disminuir la auditoría en presupuesto e importancia para generar el cambio que se desea en el combate a la corrupción.

En particular, la auditoría al desempeño ha demostrado técnicamente la anticipación de problemas; la auditoría financiera, operacional y administrativa encuentran en la estadística, los hechos y las pruebas de auditoría las desviaciones reales (aun cuando su mayor cobertura es deseable) y la auditoría forense o las auditorías específicas (por ejemplo, antilavado) tienen la posibilidad de revisar en historia de tiempo atrás. En otras, palabras, la auditoría por sí misma, puede enfrentar la corrupción sumada a los esfuerzos paralelos desde otras profesiones y perspectivas sociales.

Conclusión

En la Contaduría Pública entendemos a la auditoría como un área de nuestra disciplina que permite encontrar desviaciones en la cuantificación, el registro o en la presentación de la información financiera; así como la corrección o la investigación sobre transacciones o registros que deben ser corregidos en beneficio de la empresa y de la sociedad. Pero en un sentido amplio, la auditoría es la manera más eficiente de encontrar y sustanciar los actos, los entornos y las personas que han cometido actos de corrupción.
Sin menoscabo de la denuncia y de transparencia como complemento al combate a la corrupción, no se puede dejar disminuir la preponderancia de la auditoría como primer frente ante la corrupción, no solo en materia financiera, sino en el desempeño de las organizaciones, en el cumplimiento legal, administrativo o especifico de cada entidad auditada.
Es necesario redoblar esfuerzos en explicar los beneficios de la auditoría a la sociedad para evitar que esta disciplina profesional luche contra la percepción de los ciudadanos y, en su caso, que siga conservando la altura ética ante los esfuerzos anticorrupción.

De la experiencia internacional aprendemos que no es suficiente trasladar las figuras jurídicas o la persecución de un sector de la sociedad, como sucede en Brasil o en China, sino que es necesario hacer frente a los sistemas de revisión y fiscalización nacionales, fortalecer la auditoría de las entidades públicas, permitir que los Contadores dictaminen desde la perspectiva anticorrupción y que cada sujeto que cometa un acto punible sea sancionado.