Estimados lectores,

Me es grato saludarlos en esta edición de febrero de nuestra revista Contaduría Pública, que nos ofrece el análisis de diversos temas en torno a la materia de seguridad social, subcontratación laboral y de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

La seguridad social en México es un derecho amparado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que parte de un principio de justicia social que otorga diversos beneficios por medio de una gran cobertura de servicios que comprende los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. La cobertura de la seguridad es muy amplia, pues considera incluso el tema del retiro del trabajador después del cumplimiento de ciertos requisitos, así que en esta edición brindamos artículos relativos a la pensión mínima garantizada y comentamos sobre los
paradigmas del tema del retiro.

El derecho a la seguridad social protege de los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores al servicio de un empleador, ya sea en el sector público o privado y, además abarca la posibilidad de beneficiar a quienes no se encuentran en una relación laboral; por ello, también hablamos sobre los riesgos de trabajo y la inscripción para continuar voluntariamente en el régimen obligatorio del Seguro Social, así como de la importancia del Seguro Facultativo en estudiantes universitarios.

En temas laborales, sabemos que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la subcontratación laboral se puede definir como “toda situación en la que el trabajo es ejecutado por una persona que no es trabajador del empleador como lo establece actualmente el derecho del trabajo, pero en condiciones de subordinación o dependencia muy próximas a lo que se concibe como un contrato de trabajo según la ley”. Este tema ha sido objeto de diversas reformas en el país, lo cual ha dejado a la luz ciertos aspectos por resolver; por lo anterior, dentro de este número se analizan a detalle estos puntos.

Respecto a la LFPIORPI, cuyo objetivo es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, presentamos un artículo en el que se analizan los aspectos por considerar de este tema con la prestación de servicios profesionales.

Además, tenemos como invitado especial a Jorge Tua Pereda, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, quien nos concedió una entrevista y habla del papel del experto contable sobre información empresarial en materia de sustentabilidad, donde el informe de gestión deberá ser verificado por el experto contable.

Por último, les recuerdo que estamos próximos a celebrar los 100 años de la creación de nuestro querido Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), y pronto tendremos la oportunidad de encontrarnos en la Convención que estamos preparando. Por ello, les reitero mi compromiso de fortalecer aún más a nuestra profesión ante la sociedad en general, y contar con una institución integral que esté siempre vigente aportando nuestros conocimientos y la experiencia que nos caracterizan para influir en los cambios que necesita el país.

Reciban un cordial saludo.

Dra. Laura Grajeda Trejo
Presidenta del CEN del IMCP

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