En la vida todo problema tiene implícita su oportunidad, aunque a veces es difícil descubrirla. En el caso de la reforma fiscal en EE.UU. se tiene para México un posible impacto negativo: menor inversión extranjera directa; pero, al mismo tiempo, esta circunstancia puede traer algunos beneficios para nuestra economía y puede convertirse en un aliciente para mejorar nuestro esquema fiscal, la sobrerregulación y el estado de Derecho
La reforma fiscal aprobada en EE.UU. y la desregulación empiezan a afectar las decisiones de inversión de las empresas estadounidenses en nuestro país y en otras naciones. Amazon acaba de rechazar la instalación de una de sus oficinas de logística HQ2, la cual se estudiaba instalar en uno de los estados de nuestro territorio que estaban concursando (Hidalgo, Querétaro, Chihuahua). De un total de 20 unidades, 19 se van a instalar en EE.UU. y una en Canadá. Para México solo habrá un tercer almacén. El incentivo fiscal de la repatriación de utilidades induce a invertir en EE.UU. El presidente de Nissan declaró que, muy probablemente, su próxima planta para Norteamérica se ubicará en EE.UU., en lugar de México. Una tasa efectiva de ISR de 24% que calcula la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para EE.UU., considerando los impuestos estatales y las menores deducciones, ya está dando resultados.
Cabe advertir que no todos los sectores se ven afectados por la “des-competitividad” fiscal. El sector de hidrocarburos, por ejemplo, puede seguir recibiendo mucho interés, y grandes cantidades de recursos para la inversión, además cuenta con algún tratamiento especial de amortización inmediata de inversiones y consolidación fiscal; la manufactura, en cambio, sí puede resentirlo más.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó recientemente su revisión sobre los pronósticos para la economía mexicana, subiendo su estimación para 2018 de 1.9% de crecimiento en el Producto Interno Bruto (PIB), a 2.3% anual. Pero más optimista luce la estimación de 3% de crecimiento para el PIB de 2019, basándose en los efectos que la reforma fiscal estadounidense podría producir en ese país, y su impacto en la economía exportadora mexicana. El ciclo económico en EE.UU. puede extenderse más allá del periodo estándar de ocho años, el cual inició en 2009, por el incremento de la inversión productiva, derivado de los impuestos más bajos.
Diversos organismos intermedios nacionales de la sociedad civil se han pronunciado al respecto, haciendo algunas propuestas de corto plazo que coinciden, por lo menos, en permitir algunas deducciones que hoy no están permitidas en nuestro régimen fiscal.
La postura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es que no hay espacio para reducir la recaudación y aumentar el déficit fiscal y la deuda pública. De hecho, tuvimos la amenaza real de una reducción en la calificación de la deuda soberana hasta que a principios del año pasado se tuvo que tomar la decisión de aumentar los precios de la gasolina y de la energía eléctrica que habían bajado artificialmente, en años anteriores, para justificar la reforma de energía.
El esfuerzo que se realizó para amortiguar la caída de más de $800 mil millones de pesos anuales en los ingresos provenientes de Pemex, tanto por la reducción en los precios internacionales de los hidrocarburos como por la caída en la producción de petróleo han sido extraordinarios. La reforma confiscatoria que se concretó en 2012 ha logrado incrementar en más de dos puntos del PIB la recaudación, y los recortes en el presupuesto de inversión pública han sido muy considerables. Más allá de eso, se ha logrado un superávit primario y la deuda pública ha empezado a bajar en relación con el PIB. Las calificadoras internacionales han quitado la “perspectiva negativa” a nuestra calificación, pero no podemos volver a incrementar el déficit ni la deuda.
El truco de cobrar los remanentes de operación en el Banco de México, que resultan de la plusvalía en la valuación en pesos de las reservas internacionales, ante la devaluación del peso, nos ha defendido al fortalecer los ingresos públicos de manera artificial durante los últimos tres años. Pero estos remanentes ya se acabaron. El peso no puede seguir cayendo artificialmente para generar ingresos virtuales. Si bien el concepto de estos remanentes es muy cuestionable, debido a que equivale a repartirse dividendos sobre una utilidad no realizada, el manejo de estos “ingresos” ha sido prudente. No se destinaron al gasto, sino a prepagar la deuda pública en 70% y el resto se ha ido a incrementar una reserva para contingencias de ingresos futuros.
Todo mundo entiende que es realmente imposible que en una época de elecciones los partidos y el Ejecutivo decidan apoyar en el Congreso una reforma fiscal de gran calado, que permita generar una mayor recaudación y, al mismo tiempo, hacer competitivo nuestro esquema fiscal para incentivar a la inversión productiva y al empleo. Sin embargo, es evidente que no nos podemos quedar de brazos cruzados, sin hacer nada, esperando que la próxima administración corrija las aberraciones que hoy existen en las leyes fiscales vigentes. Hay que tomar en cuenta que es muy probable que el control en el Congreso se pulverice aún más. Por lo que en el futuro va a ser más difícil lograr consensos para aprobar cambios fiscales más profundos. Tenemos que actuar este mismo año.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) recomiendan hacer deducibles las inversiones en activos fijos, permitir la plena deducibilidad de las prestaciones sociales, corregir las distorsiones que inhiben la entrada a bolsa de las empresas y las que inhiben el ahorro de largo plazo. La SHCP tiene las facultades para que mediante decretos se puedan concretar estas medidas.
Asimismo, no se puede negar que en el gasto
corriente sigue existiendo espacio para tener un gasto mucho más eficiente en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. Hoy en día, el SAT tiene herramientas mucho más poderosas para realizar una fiscalización más efectiva. No hay pretexto para que en este primer semestre no se emita un paquete de medidas que pueden suavizar el impacto negativo en la inversión de la muy competitiva oferta fiscal que presenta ahora los EE.UU. No descarte que otros países van a hacer esfuerzos para reducir la carga fiscal a las empresas en sus territorios.
Una reforma de mayor envergadura puede y debe realizarse en el segundo semestre. Es una responsabilidad de esta administración y de todos los partidos políticos. Podría convocarse para julio a una convención fiscal que permita concretar una propuesta amplia del lado del gasto y del ingreso, que pueda ser la base del paquete fiscal 2019.
Entre el primero de julio, que son las elecciones, y el primero de septiembre, que iniciará la nueva legislatura, se tiene un tiempo precioso en donde debiera determinarse la composición de las comisiones para evitar lo que sucede todos los inicios de sexenio en donde se pierden dos o tres meses en la integración y organización de estas, de tal suerte que en septiembre ya pueda funcionar el Congreso.
La competitividad fiscal no es la panacea para hacer atractiva la inversión productiva. En todas las encuestas que se realizan, tanto por organismos oficiales como del sector privado (BANXICO, IMEF, IMCP, Banamex) hay claramente dos factores que encabezan la percepción de los agentes económicos como los principales obstáculos a la actividad productiva: la inseguridad y la corrupción. Estos factores superan ampliamente a la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a la incertidumbre política. ¿Qué podemos hacer para mejorar el Estado de Derecho?
La lentitud de las autorizaciones del gobierno para que arranquen los proyectos de inversión en distintos sectores (energía, telecomunicaciones, financiero) la sobrerregulación y la burocracia excesiva son otro obstáculo para los negocios, y representan un altísimo costo que le resta atractivo a las inversiones, ante esta situación ¿cuántos proyectos no pueden iniciar por esperar autorizaciones y definiciones de la autoridad? ¿Por qué no empezamos por aquí?
Lic. Ernesto O´Farrill Santoscoy
Presidente de Bursamétrica
eofarrills@bursametrica.com
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