Entrevista realizada por Willebaldo Roura Pech

La certificación profesional es ese concepto que ha llegado para quedarse con nosotros, y cuya fuerza radica en que es, a la vez, actualización y calidad profesional. Buscando una nueva definición, podríamos decir que la certificación es la calidad del conocimiento profesional vinculado al ámbito de la ética y de la experiencia creadora. En este contexto, es para nosotros un honor entrevistar al Director General de Profesiones, Maestro Víctor Everardo Beltrán Corona, quien ha puesto las bases para regular la certificación profesional en México

Víctor, agradezco que nos permitas charlar contigo acerca de un tema de tanta importancia como lo es la certificación profesional, y en beneficio de la valía de tu tiempo, empezamos con las preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la certificación profesional?
El objetivo principal de la certificación profesional es cumplir con una exigencia de la sociedad mexicana y, por otra parte, ser congruentes con lo que determinan los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país; en este contexto, la certificación profesional tiene la finalidad de mostrarle a la sociedad qué profesionistas están actualizados y quiénes no, independientemente de que ya hay algunas regulaciones en los estados de la República donde la exigen, pero no hay una sanción si no la cumplen; en consecuencia, es una ley imperfecta, así lo podemos decir; sin embargo, más de 10 legislaciones estatales ya hablan sobre los procesos de certificación de los profesionistas.
Podemos decir que la certificación profesional es el acto voluntario mediante el cual un profesionista, que cuenta con un título expedido por una institución de educación superior y cédula profesional con efectos de patente, se somete a un proceso de evaluación para hacer constar, públicamente, que posee los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de su profesión o especialidad por un periodo determinado, señalado por el organismo competente dentro de un marco de ética profesional.

¿Cuáles fueron las razones que propiciaron la certificación profesional en nuestro país?
La certificación no es nueva, y no quiero extenderme, pero esto viene desde la Época de la Colonia, debido a una cédula real de Felipe II emitida en 1560, donde a los abogados se les decía que tendrían que “sufrir” un examen -así lo decía la cédula- un examen de conocimientos a aquéllos que tuvieran el bachillerato en Leyes, Derecho o en Cánones. Para ejercer, el interesado tenía que hacer un examen ante el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el cual tenía una sucursal en México. Pero ¿cuáles fueron los puntos que hicieron que naciera en México? Primero fue lo legal: México ha firmado más de 10 convenios o tratados de libre comercio con 40 países y en todos se habla de negocios y el comercio transfronterizo de servicios. De ahí, de acuerdo con nuestra Constitución, Ley Suprema de la Nación, los tratados y acuerdos firmados por el Ejecutivo Federal y que estén sancionados por el Senado de la República, deben cumplirse. Aunque ya había organismos que exigían a las autoridades, en este caso a la Secretaría de Educación Pública, que se regularan los procesos de certificación profesional que estaban organizando algunas asociaciones y que unas lo hacían de una manera seria y otras no, la gente cercana a estas organizaciones solicitó que se regulara el proceso de certificación profesional porque beneficiaba a unas en perjuicio de otras.
De ahí nace el Acuerdo 338 que emite la Secretaría de Educación para crear el Consejo Consultivo de Certificación Profesional, el cual vigila el ejercicio profesional o controla los procesos de certificación por parte de la Secretaría.

¿Qué papel desempeñan en este proceso de certificación los colegios de profesionistas?
Su papel es primordial de protagonistas, porque los procesos de certificación en esta política implementada por el Gobierno Federal competen a los colegios de profesionistas, que son organismos de la sociedad y, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo a las Profesiones en el Distrito Federal y el artículo 38, fracción 16, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la vigilancia del ejercicio profesional compete a la Secretaría de Educación Pública, por medio de la Dirección General de Profesiones, con el auxilio de las asociaciones de profesionistas. Es una responsabilidad compartida que tiene la autoridad junto con las asociaciones, en este caso los colegios de profesionistas.

¿Cuál consideras que sea el papel de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública en el desarrollo de la certificación profesional de nuestro país?
Asesorar, gestionar y apoyar a los colegios de profesionistas que deseen obtener la idoneidad a su esquema de certificación profesional y convocar por medio del Consejo Consultivo de Certificación Profesional a los integrantes de los comités de Especialistas en Evaluación, y que este grupo de expertos evalúen que dicho proceso de certificación profesional cumpla con márgenes de seguridad jurídica, imparcialidad, transparencia y evite el conflicto de intereses y, en su caso, recomendar a la Dirección General de Profesiones otorgar la idoneidad respectiva, así como vigilar que se cumplan los convenios firmados con los colegios de profesionistas y las asociaciones que obtuvieron la idoneidad.

¿Con esta regulación existente, prevés la aplicación de una normatividad que se refleje en la Ley General de Profesiones relativa a la certificación?
Mira, estamos trabajando con la Subsecretaría y la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública en un proceso de análisis del marco jurídico, administrativo y conceptual que regula las profesiones en nuestro país, incluso estos estudios incluyen la revisión de conceptos fundamentales, entre otros del significado y alcance de profesión, rama profesional, título profesional y todo lo que viene en la Ley Reglamentaria del Artículo 5°, pero lo que se busca es incrustar en la Ley referida los procesos de certificación. Esperamos que pueda someterse, en esta Legislatura, ante el Congreso, independientemente de lo que se está haciendo en los estados que ya tienen sus propias leyes de certificación profesional.

Ya que lo citas, ¿quiere decir que los colegios podrán tener varios reconocimientos de idoneidad?; esto es, en un estado ¿podrá haber un colegio que tenga reconocimiento de idoneidad de su propia entidad federativa y reconocimiento de idoneidad de la Dirección General de Profesiones? ¿Es así?
Así es. No tiene porqué no haberlo. Fíjate que, de acuerdo con la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativa a las profesiones en el Distrito Federal y con la Constitución Política de nuestro país, en su Artículo 5°, la vigilancia del ejercicio profesional le compete a los estados. Que haya acuerdos y comunicación entre las entidades federativas y la Federación para vigilar y coadyuvar al ejercicio correcto de las profesiones, es algo muy loable, esto se da.
Quisiera comentar que hay colegios de profesionistas que están registrados en los estados y también tienen su registro federal, lo cual no es violatorio de ninguna ley; sin embargo, nosotros les pedimos una opinión a los estados para registrarse con nosotros: una carta de no objeción, para respetar la soberanía de los estados. Hay una excelente comunicación con los estados.

¿Podría ser que la normatividad del estado sea muy diferente a la normatividad que plantea la Dirección General de Profesiones, que pudiera ser más flexible y die-ra origen a diferentes calidades de certificación nacional?
Hay algunos acuerdos que tenemos firmados con los gobiernos de los estados en esta materia, pero en todos hay alguna ley como en Coahuila que dice que el órgano evaluador deberá ser diferente al del colegio que está certificando, que está en la ley, lo cual evita conflictos de intereses. Ahora con la coordinación que tenemos con los estados, el Consejo Consultivo de Certificación Profesional, lo forman ocho estados de la República, para que tengan presencia.
En este aspecto lo que buscamos es homogeneizar los procesos de certificación, ahora se ha visto que hay leyes federales que solicitan, para el desempeño de algún profesionista, que los colegios tengan idoneidad otorgada por la Secretaría de Educación Pública, lo cual es competencia del Gobierno Federal.

¿Tienes conocimiento de cuántos estados tienen ya su reconocimiento de idoneidad en cuanto a la certificación?
Sé que el único es el de Sonora. Sin embargo, los están mandando con nosotros. Es decir, los reconocen y hacen el trámite estatal por el convenio que tienen con Arizona, EE.UU. Las solicitudes las han realizado con nosotros y las estamos analizando; por ejemplo, un Colegio de Ingenieros Civiles y un Colegio de Arquitectos y otro de Químicos.
En ese sentido, no habrá algún colegio estatal que diga: Bueno, yo reconozco las gestiones ante la Dirección General de Profesiones y para qué creo mi propia ley de certificación.
Lo que sucede es lo siguiente: Los acuerdos que firmamos con algunos gobiernos de los estados es para que ellos se conviertan en ventanilla de la SEP en el estado; ellos canalizan y orientan a sus colegios, y cuando están integrados los expedientes los remiten a la SEP.
Ahora cuando vamos a los estados a revisar un colegio o analizar una solicitud de idoneidad, tomamos eso en cuenta y le pedimos a la autoridad estatal que nos acompañe en todo este proceso, dándole su lugar.

Me queda claro que esto es un esfuerzo en el que intervienen las autoridades, buscando que no haya niveles diferentes de calidad; sin embargo, se menciona por ahí, valga la frase, que no todos los colegios que cuentan con un reconocimiento de idoneidad tienen un examen de certificación de similar calidad. ¿Qué hará la Dirección General de Profesiones con esta situación?
Nosotros necesitamos documentos para actuar; si tuviéramos un documento que dijera que algún organismo no tiene o no está aplicando las reglas de calidad a las cuales se comprometió, actuaríamos por medio del Consejo de Especialistas que les entregó la idoneidad, que levantó el acuerdo y que les dio el dictamen aprobatorio. Si hubiera alguna violación a los reglamentos, podríamos revocar la idoneidad.
¿Ese Comité verá la actualización de los exámenes que se llevan a cabo en el periodo de cinco años que tienen los colegios para refrendar su idoneidad?
Ese es el trabajo que tenemos ahora; debemos comenzar a solicitar la información del refrendo de la idoneidad y en las estadísticas se verá la aplicación que existe al respecto; por ejemplo, a quiénes se aplicaron los exámenes y otros requisitos que se exigen, lo cual va a analizar este Comité, con el fin de autorizar o no la renovación de la idoneidad.

Muy buen trabajo.
Sí, claro.

Con todos estos controles, se ve que la DGP tiene el interés de desarrollar aún más la certificación. ¿Qué acciones va a implementar o ha implementado para que continúe el desarrollo de la certificación profesional en México?
Estamos divulgando los procesos de certificación en los estados de la República donde nos invitan los colegios y los Congresos locales, inclusive en nuestra página Web publicamos qué colegios y áreas de profesionistas ya cuentan con la idoneidad para certificar. Esto ha funcionado muy bien. En este momento, en el área médica tenemos el caso del Comité Normativo Nacional de Medicina General, A.C., que agrupa a más de 30,000 médicos generales en la República Mexicana, la cual ya va a certificar a los médicos generales; también, se han otorgado dos idoneidades a agrupaciones de enfermeras que están certificando a cerca de 40,000 de sus afiliadas en toda la República; ya hemos otorgado la idoneidad a la Asociación Mexicana de Ortodoncia, Colegio de Ortodoncistas, A.C., así como al Colegio Nacional de Actuarios, A.C.; asimismo, está en proceso la idoneidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México, A.C., que agrupa a cerca de 10,000 ingenieros civiles en el Distrito Federal. Además, ya tuvimos una reunión con la Federación Nacional de Químicos Clínicos Conaquic, A.C., que está en el mismo caso.
Todo lo anterior significa que la certificación está impactando a todas las profesiones y que todas las idoneidades entregadas, y las que están en proceso, tienen un examen que es aplicado por un organismo diferente al colegio, pero no debemos olvidar que hasta este momento todo es voluntario.

Ya que la certificación se está extendiendo y que la DGP está de acuerdo con ello, ¿es viable que la certificación profesional se convierta en obligatoria?
Creo que en algún momento la certificación tendrá que convertirse en necesaria, no obligatoria. Hoy estamos en un proceso de concienciación, pero cada vez está más cercana la posibilidad de convertirla en necesaria. Es una realidad que algunas dependencias y legislaciones ya están exigiendo la certificación profesional si se quiere ejercer una profesión. Es decir, será necesario estar certificado, más que obligatorio; porque obligatorio implicaría una modificación a la Constitución, lo cual tiene muchas complicaciones en los procesos legislativos; sin embargo, habrá algunas legislaciones que exijan que para desarrollar cierta actividad tendrán que estar certificados; por ese motivo, nosotros le llamamos una certificación necesaria.

¿Y si los colegios de profesionistas están involucrados en el proceso de certificación, estaríamos pensando en una colegiación necesaria, también?
Creo sí, porque si la legislación es como el Código Fiscal de la Federación, el cual exige al Contador Público que para dictaminar fiscalmente -además de estar certificado por un colegio con idoneidad- exige que pertenezca a un colegio de profesionistas, lo que le garantiza a la autoridad que está ejerciendo esta profesión, pues cumple o se somete al cumplimiento de un Código de Ética Profesional; asimismo, que se somete a una Norma de Educación Profesional Continua, porque al momento de formar parte de un colegio de profesionistas aceptó estar actualizado. Esto es lo que se busca con la certificación: que el profesionista ejerza su actividad sin poner en riesgo la vida, la salud, el patrimonio y la seguridad de la sociedad.

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos va a empezar la certificación por disciplinas, ¿cuál es tu opinión con respecto a este proceso?
Es muy loable cualquier esfuerzo que se haga para reconocer la actualización de un profesionista e involucrarlo en un proceso de actualización permanente, pues con eso sale ganando la sociedad. Pero si va a ser por disciplina implica una mayor actividad en cierta área del conocimiento. Ya valorarán cómo hacer los procesos de certificación, quién va a desarrollar el examen, cómo lo van a aplicar, en fin, tal vez será el primero a nivel nacional.

En el desarrollo de la certificación, ¿crees que puedan ser palpables algunos beneficios que se han dado a la sociedad por el hecho de que ya estén implementados estos procesos?
Sí, en primer lugar se ha roto el tabú que existía para estar actualizado y someterse a un examen o a una evaluación; es decir, hay más conciencia. Los Contadores Públicos fueron los primeros en implementarlo a nivel nacional. Independiente de la conciencia del profesionista, en el ejercicio profesional, muchas empresas, firmas de Contadores Públicos y firmas de prestadores de servicios solicitan los servicios de profesionistas certificados. Hay firmas o franquicias internacionales que solicitan Contadores Públicos Certificados a los despachos para elaborar el dictamen fiscal o la auditoría correspondiente; es decir, ya es un requisito que solicitan los clientes de los Contadores Públicos; por ejemplo, aquí en la DGP estamos haciendo conciencia, desde hace tres años, para que se exija que los profesionistas que se contraten tengan una cédula profesional y ya llevamos más de 11 millones de consultas en tres años por Internet; posteriormente, subiremos a esa página qué profesionistas están certificados, aunque lo que nos compete es la cédula profesional, pues no podemos dar datos personales, pero sí podemos lanzar la consulta por medio del número de cédula. Esto quiere decir que la contratación de profesionistas será por medio del número de cédula y se les pedirá ese número para que los puedan consultar en Internet.

Víctor, ¿cómo ves a México en el contexto latinoamericano y mundial con respecto al avance de la certificación profesional?
Hace unos días estuvimos en una reunión con una misión española y ahí quedó claro que ellos no tienen la certificación y que en Latinoamérica, México es el único que la tiene implementada, lo cual es un gran paso para nosotros. Ellos están haciendo intentos para implementar la certificación profesional, pero necesitan constituir organismos evaluadores, porque cada país tiene sus propias legislaciones al respecto.
A nivel mundial, hemos firmado algunos convenios con Estados Unidos (con cien años de certificar a sus profesionistas) y Canadá (con cincuenta).
Por ejemplo, en Estados Unidos la Certificación es por estados, pues la legislación cambia de un estado a otro. Sin embargo, ellos certifican no sólo a los profesionistas, sino a técnicos en jardinería, plomería, artes y otros oficios. En Canadá se certifica en una provincia y es válido en todo el país, pero no certifican artes y oficios.
En México ya contamos con una base de datos nacional donde se puede verificar por Internet, qué profesionistas tienen la patente para ejercer en todo el mundo. Es decir, si un profesionista mexicano sale del país y adquiere otra nacionalidad y quiere ejercer ahí su profesión, el que lo contrate puede consultar en Internet si su patente está vigente, y eso no lo tiene ningún país hasta hoy.

Víctor, para mí es un gran gusto que hayas accedido a platicar con nosotros porque eres un experto en certificación, ya que pusiste las bases para regular la certificación en México, en el momento en que cada quien hacía las cosas a su manera, sin un orden. Sabemos que tienes un libro, Recaudación fiscal y certificación profesional: enlace de dos políticas públicas, ¿cuál es tu tesis en cuanto al trabajo que tienes desarrollado en este libro?
En este libro hablo de dos políticas públicas y de cómo una de ellas no tiene nada que ver con la vigilancia del ejercicio profesional; es una política pública que implementa una dependencia del Gobierno Federal con un afán recaudatorio, lo cual impacta en otra política pública que implementa la SEP, que es la calidad del ejercicio profesional en beneficio de la sociedad.
En esta obra, defino cuáles son los problemas y las situaciones indeseables para la sociedad; cómo las adoptan las dependencias del gobierno y cómo se convierten en políticas públicas. Ahí tomo el caso de la Contaduría Pública del país y el ejercicio profesional que desarrolla el Contador Público al dictaminar, para efectos fiscales, y cómo impacta su trabajo de calidad en la recaudación fiscal; asimismo, comento algunas irregularidades que ha encontrado la autoridad fiscal y por lo cual algunos profesionistas se han hecho merecedores a sanciones, amonestaciones, cancelaciones de su registro o suspensiones. Es decir, esa política pública recaudatoria exige la certificación profesional del Contador Público para que su trabajo sea más cuidadoso y que impacte en las finanzas públicas del país.
Por otro lado, ahí hago algunas recomendaciones como la modificación del Código Fiscal de la Federación que no trata igual a todos los profesionistas. Tenemos el caso de su artículo 52, fracción II, que exige que el Contador Público debe estar certificado para dictaminar, pero en el artículo 33 nace la figura del Síndico del Contribuyente al que no le exige que esté certificado; asimismo, nace la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la figura del Procurador de la Defensa del Contribuyente y los Asesores Jurídicos, a quienes tampoco les exige la certificación; es decir, debe tratar igual a todos los profesionistas.

¿Para dónde va la certificación profesional en nuestro país?
Creo que la certificación ha tomado su rumbo, sobre todo, por los compromisos que tenemos con este mundo global. La certificación se está incrementando, y esto lo comprueba el número de expedientes que recibimos en donde se solicita la idoneidad y el volumen de profesionistas que la están solicitando; asimismo, ya estamos viendo qué colegios del área de la salud están solicitando la idoneidad cuando hace cinco años no se hacía, pero las nuevas generaciones ya la consideran un requisito muy importante para el ejercicio de su profesión, por medio de la cual se pueden dar a conocer a la sociedad, demostrando que están actualizados. Esa es la gran diferencia que marcará a un profesionista actualizado y a uno no actualizado. Esperemos que esto se haga necesario para el área de la salud.

Muchas gracias por tu tiempo ¿algún otro comentario sobre la certificación?
Quiero felicitar al Instituto Mexicano de Contadores Públicos porque ha seguido modificando y actualizando sus procesos de certificación, impulsándolos en toda la República Mexicana. En mi libro, también comento cómo de una membrecía que presentaba el Examen Uniforme de Certificación, que al principio aprobaba 30%, ahora, según los últimos datos, se ha incrementado. Esto quiere decir que el Instituto se ha comprometido ante la sociedad a la formación de profesionistas actualizados, pues al ser un proceso voluntario, es más un compromiso moral –que tiene que ver con la Ética Profesional- y no con la parte legal; es decir, el profesionista debe sentirse comprometido con sus semejantes para dar un servicio de calidad.
Creo que el IMCP lo está haciendo de una manera muy positiva y los felicito de verdad, mucho éxito.