Los delitos económicos continúan siendo un tema de gran preocupación para las organizaciones en el mundo, los cuales por su nivel de ocurrencia e incidencia, se clasifican en: malversación de activos, corrupción y mordida, y fraude contable. El término delito de cuello blanco se refiere al que es cometido por un sujeto activo o perpetrador del delito y no a un tipo de delito económico en particular; siendo el tercero de los mencionados, donde la participación del defraudador de cuello blanco se encuentra presente con mayor recurrencia y el que mayores pérdidas económicas genera a las organizaciones
Por lo anterior, existen distintas definiciones de este concepto; la mayoría de ellas coinciden en que se refiere a delitos no violentos cometidos por sujetos de elevada condición social, que utilizan como herramientas sus conocimientos profesionales, su poder ocupacional en las organizaciones o sus contactos en el mundo de los negocios, la política, etc. Algunas definiciones destacan que el supuesto delincuente se encuentra ubicado en las clases socioeconómicas media alta y alta.
La historia registra que el término delito de cuello blanco fue ideado en 1939 por Edwin Sutherland, quien, contra lo que se pensaba en aquella época, puso de manifiesto la existencia de una especial clase de delincuentes, que pasaba desapercibida, rompiendo paradigmas que consideraban al delito como exclusivo de la clase socioeconómica baja. Asimismo, pudo comprobar que los perjuicios de estos delitos eran infinitamente superiores a los causados por los delitos tradicionales contra el patrimonio. Esta teoría de Sutherland ha sido corroborada y enriquecida a lo largo de estos setenta años; sin embargo, los principios de su hipótesis siguen teniendo vigencia.
En la época actual, debido a su trascendencia, destacan los escandalosos fraudes corporativos perpetrados a principios de la presente década, los cuales estremecieron hasta sus cimientos al mundo financiero; es decir, los casos de Enron, WorldCom y Tyco entre otros, que implicaron cifras contables maquilladas, son de todos conocidos.
De acuerdo con el Suplemento México de la Quinta Encuesta Global sobre Delitos Económicos publicada en noviembre de 2009, el fraude contable es el tipo de delito económico que ha mostrado mayor crecimiento a nivel mundial, triplicándose el número de casos en los últimos seis años, mientras que en nuestro país tan sólo en los últimos dos años, creció 187%. Más allá del multimillonario costo tangible que genera este tipo de fraudes, también es de resaltar el impacto que generan los daños colaterales a las empresas defraudadas, como la reputación e imagen de la marca, la desmotivación del personal, el descrédito y menoscabo de las relaciones de negocio, entre otras situaciones.
Incidencia del perpetrador de cuello blanco
De los tres tipos de fraude mencionados con anterioridad, se ha observado que la participación del delincuente de cuello blanco, tiene una mayor incidencia en los llamados fraudes corporativos o fraudes contables. Esto tiene su explicación en la correlación existente entre el perfil de este tipo de delincuentes y los objetivos que generalmente se persiguen al cometer un fraude contable, que consiste en engañar a los usuarios de la información financiera por medio de la manipulación de las cifras de los estados financieros.
La generalidad de los fraudes cometidos por este tipo de delincuentes suele tener un mayor grado de sofisticación que los cometidos por el común de los defraudadores. Lo anterior, se atribuye en gran medida al nivel de preparación, habilidades y conocimientos con los que cuentan estos delincuentes, lo cual dificulta y prolonga las labores de análisis, investigación e identificación de los ilícitos.
L.C. Pablo Martín del Campo Cárdenas
Gerente Senior
Servicios Forenses-Servicios de Asesoría Financiera
PricewaterhouseCoopers, S.C.
pablo.martin.del.campo@mx.pwc.com
Cabe destacar que en un entorno de crisis económica como la que atraviesa el mundo, las puertas falsas para encontrar una salida a las presiones que enfrentan, principalmente, accionistas y ejecutivos de las organizaciones, se convierten en una alternativa no deseada que toma fuerza. Ante la imposibilidad de lograr los resultados financieros esperados por las organizaciones que, en muchas ocasiones, simplemente son inviables en las actuales circunstancias económicas, el factor presión se identifica como un detonador que conlleva a que el riesgo de manipulación o maquillaje de estados financieros, por su naturaleza, tienda a incrementarse.
Ante la prevaleciente amenaza en la comisión de este tipo de delitos, la respuesta de las autoridades norteamericanas no se hizo esperar, ya que después de que fueron descubiertos los escándalos corporativos, el Congreso de los EE.UU., promulgó la Ley Sarbanes-Oxley (SOX). Asimismo, se crearon órganos de vigilancia para las firmas de auditoría [Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)], y se incrementaron las responsabilidades de los auditores externos en la revisión de los controles internos y detección de riesgos materiales (SAS 99).
En México, de acuerdo con lo sucedido en el país norteamericano, aunque en menor medida:
• Se emitió la Nueva Ley del Mercado de Valores.
• Se creó el Consejo Mexicano para la Vigilancia de las Firmas de Contadores Públicos.
• Se actualizaron y fortalecieron, en lo general, los requerimientos regulatorios tendentes a transparentar las operaciones de las empresas públicas.
• Se precisaron las consideraciones sobre fraude que deben hacerse en una auditoría de estados financieros (Boletín 3070 emitido por la Comisión de Normas de Auditoría del IMCP).
La reciente Encuesta Global sobre de Delitos Económicos refleja que 51% de las organizaciones en nuestro país revelaron haber sido víctima de algún tipo de fraude, contra 30% a nivel mundial. Lo anterior representa un importante reto para las organizaciones y gobiernos en el mundo, para reflexionar sobre el desafío que enfrentan, y así establecer o fortalecer, según sea el caso, los mecanismos de prevención y detección del fraude. La lucha es ardua, requiere de esfuerzo continuo y del uso de los mejores recursos para combatirlo.
Sin duda, la especialización en los temas de investigación de fraude y contabilidad forense representan una oportunidad para los profesionales de la Contaduría Pública, de encontrar un campo de actuación y desarrollo profesional.