C.P. Norma Cano Olea
Directora de la Escuela Superior de Comercio y Administración
Instituto Politécnico Nacional
nocano@ipn.mx

Si el ejercicio de la actividad profesional exige excelencia, y no basta con evitar la negligencia, entonces el derecho es insuficiente: es preciso forjar el ethos, el carácter de la actividad, que se forma con valores, principios y virtudes, no con el mero seguimiento de leyes
— Adela Cortina

¿Por qué se ha vuelto tan insistente y urgente el llamado para hacer de la ética y su práctica, un compromiso ineludible en lo inmediato, que atañe a personas, organizaciones, empresas, gobiernos, sociedades y a la propia colectividad mundial?
Muchas son las razones que motivan estos llamados a reposicionar a la ética en la vida colectiva de los seres humanos. Sin duda, el acelerado proceso de la descomposición social y el predominio de comportamientos basados en esquemas individualistas y egoístas, son factores que amenazan la naturaleza gregaria del ser humano y el esfuerzo colectivo por lograr el bien común.
Las evidencias de esta descomposición, exclusión y discriminación, están a la vista de todos, ocurren todos los días con crecimientos exponenciales, que pareciera que forman parte del paisaje cotidiano y de la normalidad de la vida social.

Ejemplos de estas evidencias son las diferentes formas de corrupción, entre las cuales, según Caiden, E., en su obra Hacia una teoría general de corrupción oficial, se destacan las siguientes, por ser las más comunes y reconocidas:

• La traición, la subversión, las transacciones ilegales en el exterior, el contrabando, la cleptocracia, la privatización de fondos públicos, el hurto y el robo.
• El peculado, la falsificación y el desfalco, “relleno de cuentas” (padding of accounts); “desnatar” (skimming), y el uso indebido de fondos.
• El abuso de poder, la intimidación, la tortura, los indultos y perdones inmerecidos.
• El engaño y el fraude, la falsedad, la trampa y la estafa, el chantaje.
• La perversión de la justicia, la conducta criminal, la falsa evidencia, la detención ilegal, y la falsificación de pruebas y testimonios, para inculpar a una persona inocente.
• El no cumplimiento de deberes, la deserción, el parasitismo.
• El soborno y el tráfico con los cargos públicos, la extorsión, los gravámenes ilegales, la restitución parcial del salario, los honorarios y comisiones, como resultado de coerción o acuerdo.
• La alteración electoral, la manipulación de votos, la manipulación de distritos electorales para ganar ventaja.
• El abuso del conocimiento interno y de información confidencial, la falsificación de registros.
• La venta no autorizada de cargos, propiedad y licencias públicas.
• La manipulación de reglamentos, compras y suministros, de contratos y préstamos.
• La evasión de impuestos, la usura y especulación excesivas.
• El tráfico de influencias y de favores, los conflictos de intereses.
• La aceptación impropia de regalos, honorarios, dinero por agilizar trámites, y entretenimientos y excursiones de funcionarios públicos con fondos oficiales.
• Los vínculos con el crimen organizado, las operaciones en el mercado negro.
• El amiguismo, el nepotismo, los encubrimientos.
• La vigilancia ilegal, el uso indebido de las telecomunicaciones y los correos.
• El uso indebido de sellos oficiales, papelería, residencia y emolumentos.

Todas estas formas de corrupción configuran una mal llamada “cultura de la corrupción”, por lo que podría decirse que la corrupción es endémica y está en muchas partes, y el sustrato común en la corrupción es la gente que abusa de sus posiciones, en las cuales existan ventajas o beneficios, tangibles o intangibles, y fáciles de obtener, en otras palabras, la corrupción es el abuso del poder para beneficio propio. Por lo tanto, hay una intención deliberada que hace uso de una maliciosa ingeniosidad para evadir los sistemas diseñados para proteger la integridad de las personas y sus derechos, así como el de las instituciones y sus procesos.
Los efectos de la corrupción lesionan el prestigio y la credibilidad de la imagen pública de países, gobiernos, organizaciones, empresas, profesionistas y ciudadanos.
En los hechos, el fenómeno de la corrupción en México es alarmante y grave. El índice de corrupción con el que se califica a México, lo ubica en un valor de 3.1, en este año (en una escala de 1 a 10), según lo reporta el Informe de Transparencia Internacional 2010, por lo que México se ubica en el lugar 98 de un total de 178 países. Este resultado es aún más desfavorable respecto a la posición que México tenía en 2007, cuando se ubicaba en el lugar 70 con una calificación de 3.5.
En este sentido, Amnistía Internacional propone a todos los países, con calificación reprobatoria en materia de corrupción, no permitir que persista la corrupción porque es inaceptable, en tanto, son demasiadas las personas pobres y vulnerables que continúan sufriendo sus consecuencias, por lo cual, se debe asegurar una implementación más rigurosa de las normas y reglas existentes, así como exigir una mayor fiscalización gubernamental y transparencia pública en todas las medidas adoptadas, para reducir la oportunidad y riesgos sistémicos de corrupción y fraude en el sector público y privado.
El mensaje es claro, la transparencia y rendición de cuentas son cruciales para restablecer la confianza y revertir el flagelo de la corrupción en todo el mundo.
Otro hecho preocupante en el aspecto de la corrupción y la falta de ética es que en nuestro país —de acuerdo con la Encuesta de Fraude en México 2010, realizada por la consultoría de KPMG— los fraudes en las empresas mexicanas se incrementaron 55.5% entre 2008 y 2010, lo cual coloca a México como el país con mayor número de fraudes en América Latina. El daño económico en 2010 se estimó en 18.2 mil millones de pesos, cifra superior a los 11 mil 700 millones de pesos en 2008. El impacto económico promedio por cada uno de los fraudes reportados en los últimos doce meses, se ubicó en 850 mil pesos, cifra superior a los 650 mil pesos, promedio en las empresas de Latinoamérica. Sin embargo, el nivel de incidencias de fraudes del país es el más alto, en relación con los demás países.
Por otro lado, 75% de las empresas reportó ser víctima de diversos tipos de fraudes en los últimos doce meses. Los fraudes que mayor daño están causando a las empresas, son en los estados financieros, y solamente 3 de cada 10 empresas cuentan con programas de prevención de fraudes. En 2010 casi dos terceras partes de las empresas defraudas tardó más de un año en detectar el robo del que fueron víctimas.
El fraude con mayor incidencia, con 54%, es a nivel operativo, pero el daño económico es generado por empleados de alta dirección, que ocasionan 51% del impacto económico, en contraste con 12% causado por niveles operativos.
Para una empresa, el defraudador más costoso se ubica a nivel directivo. Por otra parte, el perfil de los defraudadores es de personas de 35 a 50 años, y de 10 a 15 años de antigüedad. Los fraudes para la alta dirección van de 3 a 6 millones de pesos. En su caso, los defraudadores que trabajan a nivel operativo tienen entre 20 y 30 años de edad con una antigüedad de tres.

¿Qué hacer ante esta realidad que nos afecta a todos?
No hay soluciones únicas ni recetas universales. La tarea es de largo plazo e implica un esfuerzo integrado de los diversos actores involucrados: estado, gobierno, organizaciones, empresas, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
De entrada, se requiere profundizar en la reflexión y comprensión de las causas subyacentes, en los vacíos e incentivos que alimentan las prácticas corruptas a cualquier nivel. El esfuerzo por la comprensión de la corrupción debe dejar atrás aquel mito de que la corrupción es un asunto de “cultura”. En seguida,
corresponde identificar cuáles son los principales tipos de corrupción que ocurren dentro del dominio público y privado; luego se requiere establecer y desarrollar una amplia estrategia global anticorrupción, orientada a reconstruir el sistema de integridad de la vida pública.
En esta estrategia global, deben incluirse áreas de reformas principales, que propone el Libro de Consulta 2000 de Transparencia Internacional, como son: liderazgo, programas públicos, reorganización del gobierno, cumplimiento de la ley, conciencia pública, creación de instituciones para prevenir y la participación de la sociedad civil y de sus instituciones, en especial, las educativas.
Según la propuesta de la Ponencia Central 2006: Ética Profesional, de la Asociación Nacional de Facultades de Contaduría y Administración (ANFECA) en cuya elaboración participó la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), a las Instituciones de Educación Superior (IES) les corresponde, entre otras acciones, las siguientes:

• Instituir e impulsar la educación en valores y la ética profesional en todos los planes y programas de estudio de las carreras del área económico-administrativa, con base en diseños curriculares transversales.
• Establecer, adoptar y aplicar, de manera consensuada, entre todas las escuelas y facultades, los fundamentos teóricos-filosóficos y las definiciones de las nociones de ética, profesión y ética profesional.
• Establecer y adoptar en todos los planes y programas de estudios, un núcleo básico de valores mínimos (como: el valor de la persona, la libertad, la igualdad, la solidaridad, el diálogo) que, de manera transversal, permee el currículum de cada carrera.
• Fortalecer la educación en valores, no sólo con la inclusión de más asignaturas específicas, sino, propiciar la transversalidad del tema de los valores y la ética profesional en los contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, que incluyan asuntos de naturaleza “valoral”, como: la educación ambiental, cívica, intercultural, para la salud y sexual, del consumidor, para la democracia, de los derechos humanos, para la paz, para la igualdad de géneros, entre otros; temas susceptibles de tratarse mediante la diversidad de estrategias y técnicas pedagógicas en la educación con valores.
• Aplicar estrategias que se orienten al desarrollo de las capacidades de diálogo, de argumentación y búsqueda de acuerdos, y las vinculadas a las competencias autorreguladoras del educando, como pueden ser: dilemas morales, frases inacabadas, role-playing, escritura autobiográfica, ejercicios de autoestima, de conocimiento de uno mismo, de cooperación, resolución de conflictos, ejercicios de cohesión de grupo, de conocimiento de los demás, para la comunicación dialogal, de construcción conceptual y actividades de comprensión crítica, así como ejercicios de autorregulación.
• Elaborar e integrar un acervo de dilemas morales y de casos de estudio, por cada carrera, relacionados con diversos temas de naturaleza valoral, que puedan ser utilizados y compartidos por todas las escuelas y facultades afiliadas a la ANFECA.

En la ESCA, todas estas acciones han sido incluidas y puestas en práctica en el diseño curricular y en la operación de sus cuatro programas académicos:

• Carrera de Contaduría Pública.
• Licenciatura en Relaciones Comerciales.
• Licenciatura en Negocios Internacionales.
• Licenciatura en Comercio Internacional.

De esta manera, el compromiso de la ESCA con la ética profesional en la formación de los futuros profesionistas es contribuir al logro del bien común.