Dra. Ruth Noemí Ojeda López
Catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración Universidad Autónoma de Yucatán
olopez@uady.mx

MMT. Olivia Jiménez Diez
Catedrática de la Facultad de Contaduría y Administración Universidad Autónoma de Yucatán
jdiez@uady.mx

Encaminados en el tercer milenio, el interés por la dimensión social de las actividades empresariales ha aumentado, ya que hoy en día los ciudadanos están mejor informados, además de que han cambiado sus valores, de tal forma que son más conscientes del daño ecológico y social; por ello, les exigen a las empresas no solo la producción eficiente y eficaz de productos y servicios, sino que practiquen una ciudadanía corporativa global

La práctica de una Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es la forma como las empresas atienden estas nuevas demandas sociales de sus diferentes grupos de interés; dentro de esto, se incluyen actuaciones para sus partes interesadas, de orden ambiental, económico, social y voluntariado (Dahlsrud, 2006).
Aun cuando no existe una definición única sobre la RSE, su desarrollo se debe a los cambios en el sistema de valores especialmente significativos, como son la conservación del medioambiente, las prácticas laborales no discriminatorias y el respeto por los derechos humanos; lo cual se relaciona con tres grandes factores:

• Aumento en la regulación. Tanto de fuentes internacionales como de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Unión Europea (UE), etcétera; gubernamentales para resolver los problemas de externalidades y, en general, de fallos de mercado.
• Apremio por parte de los mercados de consumo. En donde los consumidores eligen un consumo responsable influenciado, favorablemente, por la percepción sobre una empresa o marca que está relacionada con un comportamiento socialmente responsable, o que el producto es en sí socialmente responsable. En caso contrario, está el llamado “consumismo éticamente negativo”, el cual refleja el castigo que el consumidor le da a aquellas empresas que no cumplen con sus responsabilidades por medio de los boicots comerciales.
• Presión del mercado financiero. Crece el grupo de inversores que buscan Inversiones Socialmente Responsables (ISR), ya que esta incorpora consideraciones éticas, sociales o medioambientales junto con las financieras en la toma de decisiones de inversión, tanto por la empresa como por los agentes inversores externos; además, refuerza los derechos de propiedad de los inversores y se convierte en un buen indicador para las partes interesadas de la calidad y gestión de la empresa.

Fenómenos como la globalización económica, la fragmentación de la demanda, traen consigo la fragmentación de los mercados y la aparición continua de avances tecnológicos que afectan, tanto la información como la comunicación y el transporte, y le han permitido a las empresas conseguir capital, mano de obra y materiales más baratos que los existentes en su país de origen. Es un hecho que la apertura de las fronteras comerciales ha dado pauta para la deslocalización1 de las actividades productivas intensivas en mano de obra a lugares donde las autoridades son más permisivas o por decirlo de otra forma no existe regulaciones tan restrictivas.
Lo anterior genera daños económicos para los países receptores de esa inversión extranjera que se ve de forma directa en la afectación a los derechos de los trabajadores. De igual forma, el cumplimiento de la responsabilidad empresarial en cuanto a la gestión del capital humano se amplía a proveedores y contratistas, pues la sociedad de hoy no considera aceptable que las empresas se relacionen con industrias de economías en desarrollo donde se abuse de las condiciones de trabajo inhumanas, explotación de menores, discriminación por razones de género, raza, religión, etc. Es entonces cuando la RSE se convierte en una estrategia de gestión de gran importancia, ya que atrae a la empresa talentos y, al mismo tiempo, hace que el trabajador se sienta estimulado a mantenerse en el empleo, a la par de que conjuga los objeticos económicos, sociales y medioambientales.
Sin embargo, concretamente en la gestión del capital humano no existe una definición universal de qué se consideran condiciones de trabajo adecuadas, dignas o tolerables, ya que varía de acuerdo con la diversidad de culturas, legislaciones y fuerza sindical, de que se trate.
Se puede decir que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los diferentes estados, son los responsables de promulgar y controlar el cumplimento de las normas; no obstante, la realidad muestra insuficiencia en sus actuaciones y, en algunos casos, hasta complicidad por parte de las autoridades y estados en la explotación de la mano de obra, basta con recordar la explotación infantil existente en Haití y República Dominicana, en donde no solo por cuestiones económicas, sino también socioculturales se da la explotación y hasta la esclavitud de los infantes (UNICEF, 2002).
La sociedad está cada día más sensibilizada ante los abusos de las empresas a nivel nacional e internacional y está exigiendo un cumplimiento legal y ético. A lo cual las empresas responden utilizando estrategias que refuerce su imagen corporativa ante la sociedad. Las formas más utilizadas en la actualidad para afrontar las obligaciones de responsabilidad social empresarial en lo concerniente a la dimensión social son:

• Índices de sostenibilidad. Para que las empresas puedan ocupar un lugar dentro de estos índices es necesario que acrediten determinadas prácticas en los ámbitos de la RSE, mismos que son definidos por el proveedor del índice. Los índices de mayor impacto son: el Índice de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI) y el Financial Times Stock Exchange For Good (FTSE4Good), diseñado para medir el desempeño de las empresas que alcanzan globalmente estándares de RSC reconocidos, y facilitar la inversión en dichas empresas. Este último índice puede ser utilizado como base para una inversión responsable, como herramienta de investigación para conocer a las empresas responsables social y medioambientalmente, como una herramienta de referencia para aquellas empresas que aspiran a cumplir con los estándares globales de RSC y como una referencia para el análisis de portafolios de inversión.
• Establecimiento de códigos de conducta. Guías básicas de referencia para los directivos en sus actuaciones diarias. Son explícitos y comunicados tanto de forma interna como externa para dar a conocer a los clientes, proveedores y sociedad en general cuáles son sus pautas de actuación, qué cubre la gestión del capital humano (salarios, carrera profesional, conciliación de trabajo, vida familiar, libertad sindical, seguridad y salud laboral, entre otros). Aun cuando son fáciles de manejar y ayudan a mejorar la imagen de las organizaciones, es un instrumento cuyo control es interno, por lo cual la sociedad poco puede hacer para exigir su cumplimiento efectivo.
• Adhesión o ratificación de declaraciones o normas internacionales. Algunos de los acuerdos que se pueden citar son: El Pacto Mundial de la Naciones Unidas, cuyo objetivo es conseguir un compromiso voluntario de las entidades en responsabilidad social, por medio de la implantación de diez principios basados en derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.
• También, existen las Directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Concretamente, en materia de empleo y relaciones laborales:
• Emisión de informes sociales a fin de incrementar la transparencia en la gestión del capital humano. Debido a que las normas internacionales requieren que las empresas presenten un informe o balance social de sus actuaciones que acompañe al informe económico-financiero es que se ha dado un incremento en la emisión de este tipo de informes, que en un principio no detentaban un formato particular y cada empresa presentaba con su propio formato; sin embargo, hoy se cuentan con las directrices internacionales del Global Reporting Iniciative (GRI), que es una guía para la elaboración de las memorias de sostenibilidad social2 con uniformidad de criterios, mediante la inclusión de ciertos indicadores. Dichos
• indicadores están basados en los principios y políticas de la OIT y en las directrices de la OCDE.
• Certificación por medio de determinadas normas de gestión ética de recursos humanos, similares a las normas de calidad o medioambientales como la ISO 9000 o 14000. Como se ha visto, todos los anteriores instrumentos presentan el inconveniente de permitir un escaso control por parte de los stakeholders, además, dependen de la voluntad de las empresas y sus directivos; por ello, se promueve la revisión por parte de entidades de certificación independientes a la empresa misma.

La Norma AccountAbility 1000 (AA1000) que emite la ONG AccountAbility. De acuerdo con la AccountAbility Carta,3 su objetivo es garantizar la calidad en la redición de cuentas, evaluación y divulgación de aspectos sociales y éticos de gestión, mediante la verificación de la información. Los principios de la AA1000 son:

• Inclusión. La empresa que acepta su responsabilidad con quienes su actividad tiene un impacto; por ello, incluye la participación de los diferentes stakeholders en el desarrollo y logro de acciones responsables y estratégicas para la sustentabilidad.
• Materialidad. Determinación de la relevancia y significado de un tema/situación para una organización y sus stakeholders. Un tema material es el que influirá en las decisiones, acciones y desempeño de la organización y/o de sus stakeholders.
• Sensibilidad. Es la respuesta de la organización a los temas de los stakeholders que afectan su desempeño sustentable y que se comunican con las diferentes partes interesadas.

El hecho de que estos sean principios y no reglas, permiten que las empresas se enfoquen en aquello que es parte de su propia visión, a la par de que provee un marco para identificar y tomar acción de oportunidades reales. (AA1000 AccountAbility Principles Standard, 2008)
La Norma SA8000 es un estándar de certificación auditable basada en normas de trabajo internacional de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
Es un hecho que como en otras normas, se requiere de las evaluaciones externas para lograr la certificación de la empresa respecto a la Norma SA8000, misma que requiere se renueve periódicamente. Haciendo un recuento del número de certificaciones desde el momento en que se implanta la norma, se tiene que el número ha ido en aumento, como se puede apreciar en la siguiente tabla.

Lo anterior muestra el interés de las empresas por lograr esta certificación, ya que significa beneficios, tanto para los trabajadores en cuanto a mejoras en las condiciones de trabajo y remuneraciones, lo cual trae consigo que el poder adquisitivo de la población en general aumente, con lo cual se incrementan las ventas de las empresas ante la diferenciación que supone mejorar su imagen. Esto también redunda en beneficio del consumidor que quizás pudiera estar pagando un producto de mayor precio, pero que, probablemente, está fabricado con mayor calidad, en mejores condiciones y con una mano de obra motivada y satisfecha. Sin embargo, existe la posibilidad que esta certificación se preste a malos usos por la falta de ética profesional que redunde en la “venta” de certificados, lo cual haría que se perdiera credibilidad en la misma.
Es un hecho que la implantación de estándares de conducta en la gestión significa beneficios, no solo para los trabajadores y las empresas, sino para los consumidores y las autoridades públicas, tal como se puede apreciar en el siguiente diagrama:

Aquella empresa que quiera declararse como responsable, primero debe demostrar que cumple con la normativa vigente en todas las materias, y será verdaderamente responsable cuando responda satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen los diversos stakeholders, y se responsabilice de las consecuencias y los impactos en que deriven sus acciones.