Dr. Moisés Alcalde Virgen
Jefe de la Oficina de Coordinación del
Secretario de Hacienda y Crédito Público
Secretario Técnico del Consejo Nacional de
Armonización Contable

El esfuerzo por armonizar la contabilidad de los gobiernos en México se inició a mediados de la década de los noventa en el seno de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales. En esta se establecieron grupos de trabajo conformados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Instituto para el Desarrollo de las Haciendas Públicas (INDETEC) y las entidades federativas representadas por sus respectivos secretarios de finanzas estatales. El enfoque de los grupos de trabajo fue en materia presupuestaria y contable, concluyendo, años después, en la propuesta presentada en la Primera Convención Nacional Hacendaria en 2004

La Convención recibió, en materia de armonización, propuestas sobre la homologación, armonización y modernización de las bases de registro contable y presupuestal, buscando contar con marcos normativos similares. Después de la Convención nuevos esfuerzos fueron desplegados, inclusive fue presentado un “Proyecto Único de Contabilidad Gubernamental”, en 2006, el cual analizaba los catálogos de cuentas, patrimonio y postulados de contabilidad. Con ese antecedente, durante 2007 se aprobaron reformas en materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, entre las que destaca la adición de la fracción XXVIII al artículo 73 constitucional.
Esta reforma otorga al Congreso de la Unión la atribución de legislar en materia de contabilidad gubernamental para lograr su armonización a nivel nacional. Además, estableció que el Congreso contaba con un año, a partir de su publicación (8 de mayo de 2008), para aprobar nuevas leyes o modificar el marco legal hacia la armonización contable nacional. Así, el 25 de noviembre de 2008 el pleno de la H. Cámara de Diputados aprobó el Dictamen de Decreto que expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Acto seguido fue turnado al Senado para su ratificación, aprobándose por unanimidad en diciembre de 2008.
Finalmente, el 31 de diciembre de 2008 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que expide la LGCG, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2009. Esta ley, aplicable a los tres órdenes de gobierno, poderes y órganos autónomos, tiene el objetivo de armonizar la contabilidad y la presentación de la información financiera y presupuestaria. Para lograrlo, en los artículos transitorios se estableció un horizonte definido de tiempo para la implementación de las obligaciones de la ley, que va desde 2009 hasta 2012.
La importancia de la contabilidad radica en ofrecer información útil y oportuna para la toma de decisiones. La información financiera es uno de los insumos principales para que accionistas, acreedores, intermediarios financieros, organismos reguladores, inversionistas y autoridades gubernamentales puedan tomar mejores determinaciones. Sin embargo, uno de los principales problemas a los que se enfrenta la información financiera es la existencia de distintos criterios para registrar y presentar información de las transacciones ocurridas en la entidad. Para saltar esa dificultad, décadas atrás, se desarrollaron marcos conceptuales, principios rectores, normas de información financiera que homologaban la comprensión del registro y presentación de información.
El trabajo de homologación normativa ofrece una estructura, un marco regulador, un límite claro que permite que el registro de las transacciones de las entidades y la presentación de la información financiera cumpla con la utilidad y oportunidad necesaria. Cumpliendo con esto, la información financiera será comparable, transparente y confiable. Con el paso de los años, ante las distintas pautas de información existentes en los países y como resultado de la globalización se ha iniciado un proceso de convergencia para la utilización de normas comunes y homogéneas para todas las entidades económicas en un conjunto de países.
Dentro del ámbito público en México, las normas financieras nacen de acuerdo con los criterios que cada orden de gobierno juzgue convenientes. En este sentido, el Gobierno Federal cuenta con un área de normatividad contable en la Secretaría de Hacienda, la cual emite normas denominadas de contabilidad gubernamental, que se aplican en la esfera de la administración pública federal. Por otra parte, las secretarías de finanzas en los estados y las tesorerías en los ayuntamientos son las responsables de emitir las normas de información financiera que utilizarán para el registro de operaciones y presentación de estados financieros.
Este amplio grado de heterogeneidad conceptual, normativa y técnica, prevaleciente en los sistemas contables y de emisión de información financiera aplicados por las administraciones públicas del país, ha provocado que sean prácticamente incomparables los informes financieros de los distintos entes públicos, entre estos la cuenta pública, y que sea imposible la integración o consolidación de cifras para efectos del análisis y revisión de las cuentas nacionales. Esa diversidad también afecta la transparencia en el ejercicio del gasto público, en la toma de decisiones y en la evaluación de los ciudadanos sobre la gestión de sus gobernantes, aunando a que no dispone de información comparable sobre los resultados que arroja el uso de sus recursos.
El proceso de armonización planteado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) es importante y trascendente para México. Cumpliendo el objetivo de la Ley, será posible armonizar los registros y presentación de información financiera, bajo los estándares más avanzados a nivel nacional e internacional, ya que sus disposiciones obligan a los tres poderes en los tres órdenes de gobierno, incluyendo a los órganos autónomos y paraestatales. Para lograr lo anterior, se establece un órgano emisor de normas de contabilidad gubernamental, llamado Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), con la facultad de aprobar las normas y un Comité Consultivo, encargado esencialmente del proceso de auscultación.
La Ley, además, establece un Sistema de Contabilidad Gubernamental basado en la armonización de las normas para los tres órdenes de gobierno. Con la finalidad de ofrecer mayor fidelidad a la información se establece el devengo contable como principio, así como la vinculación automática del ejercicio presupuestal con el registro contable y la contabilidad patrimonial. En este sentido la LGCG reconoce las características propias de la contabilidad gubernamental que no se encuentran en organizaciones del sector privado. Además, presenta el Sistema de Contabilidad como un Sistema Integrado de Información Financiera bajo un enfoque sistémico, en el cual se deben registrar las transacciones que realizan los entes públicos, identificando los momentos contables, y producir estados de ejecución presupuestaria, contable y económica en tiempo real, basados en la teoría contable, el marco conceptual, los postulados básicos y las normas nacionales e internacionales de información financiera que sean aplicables en el Sector Público Mexicano.
A lo largo de dos años y medio el CONAC ha emitido las normas básicas para estandarizar el registro y presentación de información financiera en los distintos órdenes de gobierno, poderes y órganos autónomos. Partiendo de la aprobación de un Marco Conceptual y Postulados Básicos, se han emitido clasificadores presupuestarios y catálogos de cuentas, normas para la presentación de estados financieros, el Manual de Contabilidad y otros tantos documentos técnico-contables. Estos son la génesis para que municipios, estados y la Federación cuenten con la misma base de registro y presentación de información, siendo armonizada, comparable y confiable.
A partir de 2012, los entes públicos deberán utilizar las normas aprobadas y un año después deberán contar con información en tiempo real. La LGCG es una guía significativa en el diseño de instituciones de gobierno. Busca fortalecer el corazón de cualquier administración pública, aquella donde efectivamente se administra el ejercicio de la recaudación y el gasto. Además, provee herramientas que robustecen su capacidad institucional obligando a establecer un proceso de mejora continua, cuyos beneficiarios son los ciudadanos; por ello, su aplicación permitirá contar con gobiernos más competentes, que busquen estabilidad macroeconómica, eficiencia en el desempeño del gasto público, transparencia y eficacia para tomar decisiones estratégicas en beneficios de los gobernados.
En este orden de ideas la armonización ofrece grandes beneficios para los usuarios de la información. La LGCG conduce a la ruta de cada peso aprobado por la Cámara de Diputados. El propio gobierno podrá contar con mejor información para tomar decisiones y autoevaluarse, los intermediarios financieros y agencias calificadoras podrán comparar reportes y analizar el desempeño de la gestión pública, mientras que el mayor beneficiado será el ciudadano y los contribuyentes quienes tendrán a su alcance información financiera comparable, comprensible y oportuna que les permitirá conocer el destino de los impuestos que pagaron y medir el desempeño de su gobierno.
El rol que desempeñan los gobiernos en el desarrollo es primordial, de ahí que la importancia de la LGCG radica en contar con gobiernos mejor calificados y más inteligentes. En realidad estamos hablando de un cambio cultural en la administración pública. Por una parte, el uso de tecnologías de información se vuelve insustituible, en este sentido, para modernizar al municipio y, en general, a toda la administración pública en sus herramientas y procesos. Por lo anterior, la aplicación de la ley implica el uso de tecnologías de la información que soporten el cúmulo de actividades y transacciones de un ente público.
El cambio cultural también se expresa en el uso de la información financiera para tomar decisiones. Esta ha sido solo un medio para elaborar cuentas públicas; sin embargo, bajo el lema “la información es poder” y contando con datos en tiempo real, oportunos, confiables y comparables, la LGCG coloca a la información financiera como un elemento clave para tomar decisiones, siendo el reto su correcto uso.
Por último, el proceso de armonización implica fortalecer el sentido de transparencia que todo servidor público debe hacer suyo. En pocas palabras abre ampliamente las ventanas de la transparencia reconociendo en ella una característica sustantiva para la existencia de mejores gobiernos democráticos.