C.P. Fernando Cervantes Flores
Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de Auditores Internos, A.C.
fcervantes@asf.gob.mx

La auditoría interna es definida como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobernanza

Su ubicación dentro de la organización depende del Comité de Auditoría y, en otros casos, de la alta dirección, manteniendo su independencia de las áreas y procesos que revisa, con el fin de hacer aportaciones tangibles y objetivas para el logro de la misión y objetivos institucionales, así como del manejo de los recursos dentro de un marco de transparencia y rendición de cuentas.
En el Gobierno Federal la función de la auditoría interna es parte de cada institución y es llevada a cabo por los órganos internos de control que dependen de la Secretaría de la Función Pública (SFP), cuyo antecedente se ubica en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF) de 1983. Lo mismo sucede con la auditoría interna gubernamental en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Estatal y Municipal.
En el sector público la auditoría interna ha evolucionado de forma importante en los tres poderes de la Unión, en los órdenes de gobierno y en los órganos constitucionalmente autónomos (sector público), contribuyendo al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, entre otros aspectos de relevancia de la administración pública.
La auditoría externa proporciona elementos que dan credibilidad a la información financiera y de otra naturaleza que presenta la organización para cumplir con diferentes obligaciones mediante la verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas y el desempeño de las organizaciones.
La auditoría externa gubernamental es efectuada por la Auditoría Superior de la Federación mediante la práctica de auditorías a los recursos federales a los tres poderes de la unión, los órganos constitucionalmente autónomos, las entidades federativas y municipios del país, así como a todo ente que ejerza estos recursos, incluyendo a los particulares. Mientras que los órganos de fiscalización superior de las legislaturas locales hacen lo propio respecto de los recursos estatales y municipales.
La ciudadanía ha madurado en el sentido de conocer en mayor grado la forma en que los entes del sector público son conducidos para el logro de su misión y sus objetivos estratégicos, y de qué manera son aplicados los recursos públicos que les son autorizados para ello.
La vigilancia, supervisión y evaluación a que están sujetas las instituciones gubernamentales por parte de la sociedad, en buena medida, se realiza por medio del trabajo profesional y especializado que llevan a cabo las instancias de auditoría interna como externa gubernamental, que se complementan, aun cuando contemplen tiempos y objetivos diferentes, los cuales se abocan a constatar el cumplimiento, por parte de los responsables de dirigir las instituciones, de las disposiciones que rigen la aplicación de los recursos públicos; la calidad y nivel del desempeño, y el impacto provocado en las condiciones de vida de la sociedad.
Por ello, es esencial la revisión de los procesos asociados al ejercicio de la auditoría interna y externa gubernamental, con el propósito de incrementar y potenciar el valor público que esta genera en favor de la ciudadanía, la transparencia gubernamental y el acrecentamiento de la credibilidad de las instituciones públicas.
No obstante los avances logrados en la materia, conviene atender diversas áreas de oportunidad en cuanto a la coordinación de esfuerzos para elevar la calidad de los resultados que se logran con las revisiones practicadas por instancias de control externo fiscalizador e interno gubernamental, entre las que se destacan las siguientes:

• Respecto de los esfuerzos de vigilancia que ejercen las instancias de control interno y externo, si bien tienen propósitos, principios, metodologías, normas, procesos y herramientas de trabajo similares, es necesario que ambas continúen impulsando el avance en un mayor grado de armonización de estos elementos para elevar la calidad y evitar posibles duplicidades, provocando un mayor impacto y alcance en el proceso de rendición de cuentas.
• El proceso de planeación en las distintas instancias de auditoría interna y externa gubernamental puede mejorarse mediante la coordinación y prioridades conjuntas que amplíen los alcances de revisión, con el fin de realizar análisis de mayor y mejor cobertura, y atender un número importante de áreas de oportunidad en lo referentes a problemáticas sustantivas identificadas en las instituciones.
• Además, la planeación de las auditorías con enfoque en la coordinación promueve la adopción de prioridades adecuadamente concertadas en cuanto a la administración de riesgos de corrupción y respuestas contundentes dirigidas a su mitigación.
• Por lo que corresponde a la adopción y aplicación de normas profesionales de auditoría que abarcan ambas de las cuales venimos comentando, se observan diferentes niveles de desarrollo en los tres poderes de la Unión, órdenes de gobierno y órganos autónomos, en el sentido de que no necesariamente en todas ellas se consideran disposiciones específicas en cuanto al ambiente de integridad y ética pública, evaluación y administración de riesgos, la prevención, disuasión y detección de actos de corrupción y el impacto de las tecnologías de información en el trabajo que realizan los auditores.
• Es necesario promover la adopción de normas profesionales con base en las mejores prácticas nacionales e internacionales como son los casos del Instituto Internacional de Auditores Internos (IIA), la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Federación Internacional de Contadores (IFAC), que debido a la similitud entre sus respectivos cuerpos de normas profesionales realizan esfuerzos para su armonización a nivel global.
• En lo que respecta a las revisiones de calidad y a la práctica de revisiones entre pares, las cuales surgen de la necesidad que tienen las instancias externas e internas de auditoría gubernamental de verificar si sus prácticas administrativas y técnicas en materia de las revisiones que realizan, mantienen un nivel consistente, presentan un diseño adecuado, si se observan lineamientos reconocidos en el ámbito profesional internacional, y si se cumplen las medidas apropiadas para garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia un ambiente de confianza y respeto mutuo. También es necesario uniformar normas o disposiciones que guíen estas prácticas.
• Además, al sistematizar y armonizar los trabajos de auditoría interna y externa gubernamental en las diferentes instancias y órdenes de gobierno se elevará la percepción y confianza de la ciudadana respecto del trabajo que estas realizan.

En este contexto, el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) surge como un instrumento concebido con el fin de integrar y coordinar en todos los ámbitos gubernamentales el examen y evaluación exhaustivos de la aplicación de los recursos y los resultados de la gestión pública, con el propósito de mejorar también el proceso de rendición de cuentas.
El pasado 20 de octubre de 2012 se suscribieron las Bases Generales de Coordinación para promover el desarrollo del SNF entre el Auditor Superior de la Federación y el entonces Secretario de la Función Pública (quienes, al mismo tiempo, fungieron como presidentes de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental [ASOFIS] y de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación [CPCE-F], respectivamente), con el objetivo de establecer un ambiente de coordinación efectiva entre todos los órganos que realizan actividades de auditoría interna y externa gubernamentales en el país, para trabajar bajo una misma visión profesional, con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, proporcionar certidumbre a los entes auditados y mostrar a la ciudadanía que la revisión al uso de los recursos públicos se hará de manera ordenada, sistemática e integral.
Del objetivo de las bases antes citadas se desprenden grandes retos para la auditoría interna gubernamental y la fiscalización en el sector público, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Estratégico del SNF 2013-2017, los cuales se mencionan a continuación:

Normas profesionales comunes a nivel nacional
Adaptar e instrumentar paulatinamente a nivel nacional los cuatro niveles de las Normas de Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), así como un código de conducta único aplicable a quienes participan en labores de auditoría gubernamental, guías, lineamientos, metodologías y catálogos comunes a la labor fiscalizadora.

Creación de capacidades
Establecer acciones conjuntas para crear capacidades profesionales en los servidores públicos, a partir de la detección nacional de necesidades de capacitación y su atención mediante actividades distintas como: programas de capacitación, revisiones entre pares y el establecimiento de una certificación profesional en auditoría gubernamental aplicable a los miembros del SNF, entre otros.

Intercambio de información y trabajo conjunto
Implantar mecanismos y herramientas de comunicación para el SNF, con el objeto de agilizar el intercambio de información y establecer una base de datos con información sobre el mandato, organización y operación de los miembros del sistema, así como realizar trabajos conjuntos para definir de mejor manera el alcance y procedimientos de las auditorías, tanto de las instancias de control interno como del control externo.

Mejoras en el marco legal y operativo vinculado con la fiscalización
Con base en la experiencia y estudio del marco jurídico aplicable, identificar brechas legales y normativas para su homogeneización, analizar las observaciones de auditoría más recurrentes y elaborar propuestas para la Ley General del Sistema Nacional de Fiscalización y Ley del Gasto Federalizado.

Mayor impacto de la labor de los órganos de auditoría gubernamental en el combate a la corrupción
Contribuir al combate a la corrupción mediante un rol definido de las instancias de auditoría y fiscalización, promoviendo la cultura de control interno en la gestión gubernamental, además de establecer lineamientos para evaluar riesgos de corrupción en los entes auditados y en los órganos fiscalizadores, así como determinar mecanismos para promover la participación ciudadana en las labores de fiscalización.
Fortalecimiento del papel de la fiscalización en la promoción, determinación y fincamiento de responsabilidades a servidores públicos
Identificar diferencias y similitudes de las facultades y problemáticas de los integrantes del SNF para la determinación y fincamiento de responsabilidades sancionatorias, así como las facultades para integrar expedientes y dar seguimiento a las acciones correspondientes.
En resumen, ya se están dando los pasos necesarios para crear sinergias que favorezcan la integración y estandarización de las normas y métodos de trabajo sin afectar el marco legal a que están sujetas las distintas instancias de control y vigilancia, con el propósito de servir mejor a la sociedad, para que el producto de las auditorías tienda a ser más preciso, eficiente y oportuno, con revisiones mejor alineadas que fortalezcan el mejor uso y destino de los recursos públicos, eleven la eficiencia y eficacia gubernamental e inhiban el fenómeno de la corrupción.
Por otro lado, los resultados del trabajo de la auditoría servirán a las instituciones para cumplir de mejor manera con sus objetivos y metas institucionales, y salvaguardar los recursos que le han sido autorizados para cumplir sus atribuciones. Mientras tanto, los entes auditores internos y externos gubernamentales se beneficiarán en el sentido de no duplicar tareas y, por ende, concentrar sus esfuerzos en las áreas críticas y de mayor relevancia del quehacer gubernamental; promover la transparencia de la gestión pública; combatir la corrupción, y fortalecer el proceso de rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto público en los entes del sector público.