MSc Benjamín Fuentes Castro
Titular del Secretariado del Sistema Nacional de Fiscalización
bfuentes@asf.gob.mx

En el contexto de las reformas contempladas por diversos actores políticos en materia de rendición de cuentas, resulta indispensable puntualizar definiciones y alcances en el desarrollo del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF)

Uno de los espacios en donde se han ponderado apropiadamente las dimensiones del SNF es en la “Red por la Rendición de Cuentas”, que encabeza el Centro de Investigación y Docencia Económicas.
La red agrupa organizaciones académicas y sociales e instituciones públicas y medios de difusión para aportar un diagnóstico multidisciplinario y plantear propuestas concretas para la articulación de una política integral de rendición de cuentas en el país.
En la red existe coincidencia con la idea siguiente: no obstante que en los últimos años se han presentado diversas iniciativas sobre rendición de cuentas en cuanto a conceptos, instituciones, normas jurídicas, acciones de tipo político o participación ciudadana, los límites en el alcance de estas acciones parecieran estar definidos por su fragmentación.
Para evitar este fenómeno se tendría que concebir a la rendición de cuentas como una dinámica insumo-producto. En este contexto se puede decir que la fiscalización gubernamental, como parte de la rendición de cuentas, requiere de información proveniente de los órganos internos de control, de las entidades de fiscalización locales y de los auditores externos que dictaminan información financiera de las entidades públicas, con el fin de darle integralidad a sus exámenes.
Para asegurar la calidad de estos insumos es necesario que la información proporcionada sea congruente y confiable, y que su obtención sea por medio de estándares profesionales reconocidos y de mejores prácticas existentes a nivel internacional en la materia.
En el caso de los responsables de llevar a cabo los procesos de fiscalización, deben actuar de una manera objetiva e imparcial, apegándose estrictamente a un código de ética y sin permitir la intervención de intereses partidistas o de grupo en el desarrollo de sus funciones; es decir, se necesita que cuenten con la competencia técnica necesaria y la suficiente independencia para actuar, a fin de transmitir confianza en sus resultados.
Un enfoque sistémico de rendición de cuentas puede ser un factor de importancia para aumentar la calidad de la administración pública, optimizar el uso de recursos y contribuir al abatimiento de prácticas lesivas al interés general. Desde esta perspectiva, el SNF es concebido como un elemento dentro del andamiaje de un esquema integrador.
El eje de esta visión lo constituye su plan estratégico, cuyas características se señalan a continuación.
Si se considera que el SNF es un conjunto de principios y actividades estructurados y vinculados entre sí, la misión del plan estratégico es buscar el establecimiento de un ambiente de coordinación efectiva entre todos los órganos gubernamentales del país, con el fin de trabajar, en lo posible, con una misma visión profesional, con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, a efecto de proporcionar certidumbre a los entes auditados y garantizar a la ciudadanía que la revisión del uso de los recursos públicos se hará de una manera más ordenada, sistemática e integral.
La visión que enmarca estos esfuerzos, está encaminada a generar condiciones e incentivos para que la auditoría gubernamental contribuya al fortalecimiento de la rendición de cuentas a nivel nacional, mediante órganos de fiscalización, que sean instituciones modelo, que prediquen con el ejemplo, que se sujeten a principios y valores éticos, con normas profesionales y marcos operativos homogéneos, con el principio de que debe haber consecuencias para quien haya dejado de cumplir con su responsabilidad pública.
El andamiaje institucional sobre el que se constituye el Sistema Nacional de Fiscalización está configurado por la Secretaría de la Función Pública, las Entidades de Fiscalización Superior Locales y las Contralorías estatales.
En el fortalecimiento de esta estructura institucional se busca incorporar a los órganos que realizan actividades de auditoría gubernamental o fiscalización, incluidos los Órganos Internos de Control del Poder Judicial, de los organismos constitucionalmente autónomos y de las representaciones de síndicos y contralores municipales.
Las líneas generales de acción son: una coordinación de trabajo efectiva; el fortalecimiento institucional de los integrantes del sistema; evitar duplicidades y omisiones en las labores de fiscalización, en un ambiente de profesionalismo y transparencia; mayor cobertura de la fiscalización de los recursos públicos, tanto federales como locales, y emitir información relevante en los reportes de auditoría, con lenguaje sencillo y accesible, que contribuyan a la toma de decisiones públicas, la mejora de la gestión gubernamental, y a que el ciudadano común conozca cómo se gasta el dinero de sus impuestos.
El plan estratégico contempla como horizonte seis metas por alcanzar:

• Normas profesionales comunes a nivel nacional.
• Creación de capacidades.
• Intercambio de información y trabajo conjunto.
• Mejoras en el marco legal y operativo vinculado con la fiscalización.
• Mayor impacto de la labor de los órganos de auditoría gubernamental en el combate a la corrupción.
• Fortalecimiento del papel de la fiscalización en la promoción, determinación y fincamiento de responsabilidades a servidores públicos.

Esta estrategia implica la adopción de una cultura de mejoramiento continuo, una inversión en tiempo, así como los recursos necesarios para desarrollar las capacidades que se requieren –en lo profesional y lo organizacional– y responder a los retos que enfrentamos. Estas fortalezas constituirán los pilares de un desempeño en el más alto nivel de profesionalismo e integridad personal de los auditores en sus revisiones y con la pericia en la utilización de criterios reconocidos por la comunidad auditora.
En ese sentido, el impulso a las labores de capacitación entre los integrantes del sistema, la adopción y/o adecuación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), facilitando el aprendizaje a partir de las buenas prácticas a nivel mundial son un derrotero por alcanzar, razón por la cual la meta 3 del plan estratégico contempla el intercambio de información y trabajo conjunto.
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas a utilizar para colectivizar la acción. Asimismo, la ejecución de auditorías coordinadas y conjuntas representa un recurso para evaluar y confrontar el uso de los recursos públicos.
Ante las crecientes exigencias sociales, respecto al manejo honesto de los recursos públicos es necesario tener conciencia de las limitantes en los tiempos y de las etapas del proceso auditor. No debemos olvidar que la necesidad de fortalecer la fiscalización superior en México, ha surgido, en parte, por la percepción generalizada de que los gobiernos manejan mucho dinero con pocos resultados, que son ineficientes, y que tiene ante sí incentivos para sacrificar el beneficio colectivo por el personal; por ello, es la meta 5 del plan estratégico contempla:

• El desarrollo de un programa integral que defina el rol de los órganos fiscalizadores en el combate a la corrupción.
• La promoción con resultados específicos de una cultura de control interno en la gestión gubernamental.
• El planteamiento, desarrollo e implementación de Lineamientos de evaluación de riesgos de corrupción en entes auditados y órganos fiscalizadores.
• La participación ciudadana en las labores de fiscalización, mediante el establecimiento de mecanismos para promover su inclusión en esta dinámica de corresponsabilidad que nos demanda la democracia.

En suma, el plan estratégico constituye una estructura sólida que guiará las acciones presentes y futuras para la integración de este esfuerzo institucional, que tiene como objetivo una mejora cualitativa de la rendición de cuentas en México.