Lic. Jorge Eugenio Martínez Vargas
Socio director de Martínez Vargas y Asociados, S.C.
martinezvargasycia@hotmail

La reforma fiscal en México, es un tema que siempre va a levantar ámpulas; desafortunadamente, no tenemos desde los inicios de nuestra educación escolar, esa responsabilidad tanto de los tres niveles del gobierno como de nuestros hogares para responsabilizarnos no solo de pagar, sino de fiscalizar a nuestras autoridades en el destino de los dineros públicos a recaudarse

Nuestra falta de educación y preparación para aprender a hacerse de recursos propios y de razonar nuestros gastos en forma adecuada, se hace con la vida para la gran mayoría de la población y no solo en nuestro hogar o las escuelas, pues se ha perdido el sentido de la enseñanza razonada por la enseñanza operativa, se ha eliminado el cómo hacerlo por el hacerlo, pero no cómo.
Las contribuciones tienen un tope fundamental: el gasto público. No cuestionamos si todos los gastos de nuestros legisladores son gasto público, del Ejecutivo Federal y del Judicial, entonces cuál es la razón de eliminar deducciones en unos casos y toparlas en otros, para los contribuyentes normales, al ser integrante de los tres poderes de la federación, todos son gastos públicos y en particular habrá casos en los que no todo sus gastos son indispensables para su actividad, lo cual va en contra de los derechos humanos de los particulares, la mejor muestra de ello, es la compra de vehículos para su uso, ahí la norma es inequitativa y desproporcional en detrimento del particular.
Esta reforma en particular, llena de incongruencias y desordenada, pues nunca se empezó por reformar la Carta Magna, para incluir conceptos que no existían como el seguro de desempleo y la pensión universal, siendo esta la bandera utilizada para manifestar que era una reforma con sentido social, ya que a la fecha no se aprecia, pues las contribuciones para los registrados se incrementan.
Muchas son las historias que tiene el mundo entero en el sentido de imponer contribuciones, entre ellas, tenemos las anécdotas mexicanas de Antonio López de Santa Ana, para cobrar impuestos por sus ocurrencias y las que sus cercanos colaboradores le sugerían. Imaginen la heroicidad de cobrar por ventanas, puertas, perros y gatos, qué ironía, ¿verdad? Tampoco omitimos al estado de Sonora, en donde recientemente los dueños de los burros tenían que pagar tenencia —ha de haber sido difícil librarlos de la verificación—; con todo, los estudiosos fiscalistas parecen olvidar qué es el “Hecho Imponible”, ya que tratadistas variados lo han definido desde formas sencillas a muy complejas y abrumadoramente documentadas.
Como un contrapeso tenemos debemos recordar que nuestra Carta Magna no requiere de mayores requisitos para ser Diputado o Senador, solo ser votado legalmente, aunque a otros simplemente ser nominados, que es el caso de los plurinominales. Contando como en todo, con gente de diferentes niveles sociales, académicos, económicos, etc., pareciera que ser Senador de la República es un escaño de mayor nivel legislativo; sin embargo, en ambas cámaras de nuestro Congreso de la Unión, no es clara la situación de entender por qué un día se toma una postura y después esa postura es contraria a la corriente dominante de hoy; quizá tengan mucho que ver las corrientes y —por qué no mencionarlo— las imposiciones o condicionantes internacionales, de las cuales no somos informados o no nos interesamos en el tema, sobre todo las históricas, las relacionadas con empréstitos y el tema del petróleo.
Los vaivenes fiscales no forman parte de una lógica social —como debería ser—, forma, a nuestro juicio, parte de una lógica económica, apartándose de la sociedad que es a quien va dirigida; por ello, simplemente citamos al hecho imponible como “los supuestos de hecho que el legislador toma para hacerlos jurídicos y obligatorios en la recaudación tributaria, no necesariamente justificados”. A esta reforma fiscal, se le atribuye un gran sentido social; sin embargo, hasta dónde es efectivamente social y recaudatoria. Las mejores causas no siempre tienen las mejores razones y las mejores razones no siempre son por las mejores causas.
La pobreza es un gran nicho para explotar políticamente y ha sido una bandera históricamente utilizada, siendo lo peor que hay quien desde la pobreza alaba esas decisiones, aunque no las comprenda. La mejor muestra de ello, es que no se anuncia la creación de mayor infraestructura de planteles educativos para atender a los estudiantes de todos los niveles.
Estadísticas van y vienen, pero ninguna de ellas nos convence. Basta recordar la sensibilidad de los legisladores de que más de 90% de empresas en nuestro país son micro, pequeñas y medianas, ¿de dónde sacan sus modificaciones innovadoras sin considerar esta realidad nacional? A las estadísticas podemos considerarlas como referencia, nunca en forma absoluta, pues debemos recordar el desfasamiento que sufren de cuando se levantan hasta que se publican.
Los comentarios recientes de que un alto porcentaje de las operaciones efectuadas en este país están respaldadas por comprobantes falsos, es muy delicada en todos los sentidos, pues querría decir que la economía formal de nuestro país, tiene esa misma deficiencia; por lo tanto, estaríamos en una economía formalmente inexistente y entonces de qué sirven las exigencias de comprobantes impresos solo por agentes autorizados, o la obtención de los Certificados Fiscales Digitales (CFD); lo cual demuestra que esto solo sirve para justificar su legislación, pero siguen o no quieren encontrar una fórmula que permita la fiscalización y no el terrorismo fiscal, estatizando los comprobantes de todo tipo de actividades económicas en este país y obligando a “bancarizar” estas actividades.
Bueno y ¿quién fiscaliza a los fiscalizadores? Sería bueno que en una reforma política electoral se estableciera que todos aquellos que sean votados para obtener un puesto, escaño o cargo público de elección popular, en automático, dejaran de pertenecer al partido que los haya propuesto para, entonces sí, tener un Congreso de la Unión de ciudadanos y no de partidos; de esa manera se notaría nítidamente la actuación de estos representantes populares y se eliminarían las decisiones partidistas
En nuestra economía formal, la que declara y presenta los avisos a las autoridades, la obligatoriamente “bancarizada”, lo cual es un lastre que los contribuyentes han de soportar los pagos de contribuciones en forma electrónica, donde los bancos siempre ganan, —esto sin considerar que todas las operaciones han de hacerse por instrumentos bancarios, tarjeta de crédito, cheque, etc.,— la recaudación es uno de los principales elementos de las contribuciones y es a cargo del Estado, se debería de hacer acreditable lo pagado por los servicios bancarios contra las contribuciones a cargo del contribuyente, pues es un ahorro que está haciendo el fisco en su recaudación. Si fuera voluntario, otro sería el sentido de nuestro comentario.
Es esta economía bancarizada de desconfianza, como si no hubiera noticias de los riesgos bancarios con todo y sus grandes normas que los rigen, tales como: se cayó el sistema, conductas inadecuadas, la intrusión de los genios en informática que pueden, y ya lo hacen, sustraer los datos secretos bancarios de los contribuyentes y ocuparlos para su beneficio, la creación de la firma electrónica con sus diversas modalidades y nombres que para los trámites es muy útil, para la cuestión bancaria no tanto, pues si las firmas manuales o autógrafas han sido falsificadas desde siempre, son más vulnerables las electrónicas.
Nuestros legisladores no previenen, agreden la conducta de los contribuyentes, el pretexto o justificación de la reforma fiscal, fue entre otros, que había que cubrir varios huecos, cuando en realidad lo que se trata es de recaudar más, así de simple. Pareciera que nos están preparando para que con el incremento de los impuestos, se libere a Pemex de sus grandes aportaciones tributarias, pues se desmontó la refinería de Azcapotzalco en el Distrito Federal; no se concluyó la nueva refinería en Hidalgo e históricamente en nuestro país no se refina el petróleo ni se produce gasolina, motivo que evidencia cómo trabajan a largo plazo en esos cambios brutales.
Vienen otros de mayor dimensión, como son los comprobantes fiscales de los pagos por salarios, ¿que no entienden nuestros señores legisladores lo complejo que es la cancelación de un comprobante de esos? Las empresas que utilizan la pre-nómina y que tienen alta rotación o altos índices de incidencias, como el ausentismo, vacaciones, etc., ¿cuándo deben de obtenerse esos comprobantes? Ahora por ley debemos de pagar los salarios por depósito bancario para que sea deducible, eso es una obligación inquisitoria y sobre todo tendenciosa a favorecer al sector financiero, es una falacia que sea bueno quitar el efectivo, eso ni en los países más avanzados lo han logrado, pero como siempre en México, son los golpes de timón los que gobiernan y siempre somos conejillos de indias para las grandes ideas, basta recordar las cajas registradoras autorizadas.
La reforma fiscal de 2013 para iniciar vigencia en 2014, tiene una repercusión delicada en la seguridad social, ya que en la exposición de motivos, se justifica el Legislador al manifestar que los trabajadores de hasta dos salario mínimos, estarían exentos de cuotas al Seguro Social, lo cual es erróneo, pues en realidad se les está otorgando un subsidio, lo que en su momento fue el crédito al salario, así es que como siempre nos pretenden hacer ver las cosas como buenas o que pudieron haber sido peor, cuando en realidad es lo contrario.
Temas como el de contratar personas que se encuentren con discapacidades en un ochenta por ciento o más, y afiliarlos al Seguro Social, sin saber cómo debe ser la constancia de esa incapacidad, con el beneficio de hacer deducible el equivalente al impuesto que le corresponda a dichos trabajadores o el de a quienes contraten a personas de 65 año o más, con el estímulo fiscal de 25% del salario efectivamente pagado pero no explica cómo aplicarlo, demuestran la falta de técnica legislativa, sin mencionar que en la actualidad, contratar a una persona de esa edad provoca suspicacia en el mismo Seguro Social, pues se cuida del otorgamiento de las pensiones y puede inclusive provocar el ejercicio de sus facultades fiscalizadoras; en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se hacen referencia a leyes inexistentes a la fecha de su aprobación por el Congreso, lo cual acusa un vicio de origen, tal es el caso de referirse a la Ley del Seguro del Desempleo con y sin modificación constitucional, pues al momento de su aprobación no existe.
Una reforma trascendente, sin lugar a dudas, es la emisión de comprobantes fiscales de los patrones a los trabajadores por sus salarios, imaginen el volumen de operaciones con la plataforma que se utilice; ahora bien, ¿se hará exigible a los trabajadores que tengan una cuenta bancaria para depositarles por transferencia sus pagos? Eso es un atentado en contra de las relaciones laborales de este país; no omitimos considerar que los pagos por depósito bancario se dan por la inseguridad existente, no porque sea más conveniente para los trabajadores a quienes se les obliga a acudir a los cajeros bancarios para retirar dinero, y los riesgos implícitos que se generan, no hace sino evidenciar ese favoritismo hacia los bancos para que se sigan enriqueciendo a costa de los mexicanos; ya bastante problema operativo generan los pagos de vales mediante monederos electrónicos, pues todavía existen lugares en este bendito país donde ni bancos hay. Qué no entienden esos señores legisladores que emiten esta reforma fiscal con supuesto contenido social, todo ello, sin considerar, además, que la Ley Federal del Trabajo no contempla esta situación y es la rectora de la relación laboral, pues únicamente reconoce los pagos por transferencia electrónica y no los recibos sin firma que es la que autentifica su otorgamiento inclusive para efectos de juicios laborales.
Las reformas al Código Fiscal de la Federación de esta reforma fiscal para 2014 y a la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012, obligan a ponderar eso de “ser o no ser”, ya que entre las complicadas obligaciones fiscales y su repercusión, inclusive de carácter penal y las intimidantes multas laborales, es muy delicado ser patrón en México. Hay quienes como autoridades confunden la evasión fiscal con el lavado de dinero, pues entonces partimos de que todos son culpables y no hay nadie inocente, las iniciativas fiscales son potestad del ejecutivo federal; sin embargo, el contenido final de las mismas es una responsabilidad absoluta del legislador.
Tema aparte lo constituye el famoso seguro de desempleo, que igualmente se recarga en disponer de recursos no para ahorrar, más bien se busca en qué seguir gastando y seguir justificando los altos costos que ya tiene la seguridad social en este país y no hay simetría entre lo pagado y lo que reciben los afiliados y sus beneficiarios por parte de dicho Instituto, siendo una muestra muy sencilla, la falta de medicinas.
En fin, la reforma fiscal es, en general, regresiva por ser confiscatoria; muy ambiciosa por el tema de la informática que favorece los despidos: no hablo del sector privado, sino de gran parte del personal hacendario. Si no, al tiempo lo veremos.
Quién me puede privar de razonar simplemente de que a mis gastos deducibles, hay alguien a quien le pague que los debe de hacer acumulables y si yo no pago el impuesto por esos deducibles, si los paga quien los hace acumulables, topar las deducciones personales nos obliga a tener que afiliarnos al Seguro Social pues una operación que sea costosa y no cubierta por algún seguro de gastos médicos mayores, nos obligará a pagar doble, por la operación si rebasa los aproximadamente $95,000.00 anuales de tope de deducciones y los impuestos al fisco por esa no deducción, más aparte a quien le haya pagado por esa operación pagará los impuestos correspondientes por ese ingreso, haciendo con ello que sea confiscatoria la reforma fiscal, pues no se busca la simetría fiscal, se busca cobrar lo más que se pueda olvidando los principios fundamentales de la equidad y proporcionalidad establecidos en la Fracc. IV del Art. 31 del Pacto Federal.
A nuestra forma de entender la situación social de nuestro país, consideramos que la seguridad social se verá afectada en forma enorme, no solo por el tema pendiente de la homologación de bases con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como la reconfiguración del ramo de gastos, del ramo de enfermedades y maternidad, que son otros incrementos de cuotas y las causas que las originan no son de ninguna forma razonables ni congruentes.
Hay lugares sin luz eléctrica, sin Internet, sin bancos, sin tiendas de las cadenas de autoservicio, hay todavía analfabetismo y aun así quieren imponer la obligación de los monederos electrónicos y comprobantes fiscales en la relación laboral. Qué sucederá con actividades tan complejas como el campo, la industria de la construcción, las propias maquiladoras con sus altos índices de rotación, los locatarios de los mercados, las tiendas y todos los negocios pequeños, ya sabrán qué hacer si tienen empleados, eso se llama insensibilidad fiscal.
No estamos en contra del pago de contribuciones, estamos en contra de las contribuciones que no consideran al sujeto de la relación tributaria al que van dirigidas dentro de una realidad nacional y ante esta situación, nuestra confianza descansa en el Poder Judicial de la Federación y en los Derechos Humanos aceptados en México a través de los tratados internacionales, mención aparte lo merece el que desde el año de 1992 en nuestra obra “Equidad y Proporcionalidad, Teoría del Beneficio”, expusimos la necesidad de la existencia de una Procuraduría de los Contribuyentes, misma que a la fecha se encuentra cristalizada en la Procuraduría Federal del Contribuyente, dependencia a la cual le falta su independencia presupuestal.