C.P. y M.F. Aureliano Martínez Castillo
Director General de Finanzas de la Universidad Autónoma de Yucatán
aureliano.martinez@uady.mx

La relación entre la ética y el pago de los impuestos es un tema del que se ha hablado y escrito mucho, desde el momento histórico en que se crea de manera unilateral la obligación de entregar al estado una parte de los ingresos que obtenemos con tanto trabajo y esfuerzo

Esta aportación representa una contribución al gasto gubernamental y en teoría, al menos, tiene entre otras la finalidad de distribuir el ingreso de la población que obtiene mayores beneficios y, por lo tanto, mayor capacidad contributiva, entre la que no posee el mismo nivel económico, mediante el denominado “gasto público”; es decir, pretende cumplir con los principios de solidaridad y subsidiariedad económica entre los habitantes de un país.
En este punto cabe hacer una pausa para establecer la diferencia entre los conceptos de ética y moral: la moral es el conjunto de normas, reglas, códigos y principios que orientan y guían al ser humano a hacer y a buscar el bien común. No es individualista ni está sujeta al libre albedrío, ya que es generada e impuesta por terceros, normalmente por el Estado y la religión. Tiene la característica de ser cambiante dependiendo del tiempo y el lugar en que se desenvuelve el ser humano.
Hace algunos meses, tuve la oportunidad de viajar en un avión junto con un grupo de marines estadounidenses que regresaban de la guerra del Golfo Pérsico. Al aterrizar en un aeropuerto de los Estados Unidos, la gente los vitoreaba y aplaudía al pasar, como si fueran héroes. Eso es porque cumplieron con el encargo de defender a su país en una guerra. Sin embargo, desde el punto de vista de un ciudadano de Irak, cuyos hijos o hermanos fallecieron a manos de los estadounidenses, serían considerados asesinos sin compasión, invasores y muchas cosas más. Es decir, el valor de la misma acción puede ser analizado desde dos puntos de vista diferentes en cuanto a su moralidad.
El tabú más grande para un ser humano, que sería el matar a un semejante, podría ser interpretado como un acto de valentía o como un asesinato, dependiendo de la situación y el tiempo en la que ocurra, así como de las percepciones propias de la persona que las ejecuta o las analiza
Por otra parte, la ética se ocupa de las acciones que el ser humano, en su libertad, elige hacer o no, de manera voluntaria y con libre albedrío. Surge del interior de uno mismo y es resultado del análisis y la reflexión provenientes de nuestra propia y personal naturaleza humana. Por supuesto que en virtud de la convivencia pacífica, la ética personal debería estar alineada con las reglas morales que rigen la convivencia entre ciudadanos que comparten una sociedad. Esto no siempre ocurre, como es el caso de la obligación jurídica del pago de los impuestos y la decisión personal de pagarlo o no.
Desde el momento en que el ser humano acepta vivir en sociedad se compromete a sacrificar algunas de sus libertades básicas, en virtud del bien comunitario. Es el denominado “pacto social” por Juan Jacobo Rousseau en su tratado publicado en 1762.
Por otra parte, los impuestos son cargas obligatorias que impone el Estado y que afectan de manera directa el patrimonio del ciudadano.
Toda contribución debe cumplir con los siguientes principios:

• Justicia. Los ciudadanos deben contribuir de acuerdo con su capacidad económica.
• Certidumbre. Los elementos de los impuestos deben ser fijos (sujeto, objeto, base, tarifa o tasa, sanciones, momento del pago, entre otros).
• Economía. La mecánica de cálculo y entero no debe ser onerosa para el contribuyente.
• Comodidad. Debe haber congruencia entre el momento de pago y el tiempo en que el contribuyente posea los recursos para cubrirlos.

Estas cargas no están relacionadas con una contraprestación o beneficio directo al contribuyente y, por lo tanto, son vistas como algo desagradable de cubrir, como un pago oneroso, injusto y con la percepción de que serán objeto de robo por parte de los encargados del ejercicio del gasto público, así como para sufragar el costo de una burocracia inútil e ineficiente.
Nos preguntamos ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Quiénes realmente los pagan y los pagan bien? ¿Quiénes deciden en qué se gastan? ¿Por qué pagar impuestos cuando existe una enorme economía informal que no los cubre? ¿Por qué se aplican las reformas para cobrar más a los mismos en lugar de ampliar la base de contribuyentes? ¿Por qué los grandes corporativos tienen tantas ventajas, no solo para no pagar impuestos, sino para obtener millonarias devoluciones? Y otras tantas inquietudes que nos hacen sufrir al momento de abrir la ya exhausta billetera para cubrir nuestras contribuciones.
En adición, tasas demasiado elevadas y demasiados impuestos acumulados sobre diferentes bases pueden llegar al extremo de ser confiscatorias del patrimonio ciudadano. A esto no ayuda la enorme complejidad que implica la determinación y entero de las mismas. Es difícil y oneroso el cumplimiento estricto de las disposiciones fiscales, sobre todo para el contribuyente persona física y para la pequeña empresa familiar.
Sin embargo, causa sorpresa leer en los medios que grandes empresas, tanto nacionales y trasnacionales como son las televisoras, Apple, Google y Starbucks, entre otros, tienen la capacidad de pagar menos impuestos usando estrategias fiscales, y precios de transferencia entre empresas filiales, generando menos beneficios en países con mayor carga fiscal, creando domicilios fiscales en países con menores impuestos o creando empresas sin empleados solo para redistribuir cargas fiscales y flujos de efectivo.
El problema consiste en que, en su mayoría, para disminuir el pago de impuestos estas estrategias obedecen a la lógica financiera de maximizar beneficios, con apego a las leyes existentes y con un cuerpo enorme de contadores y abogados fiscalistas dispuestos a defender a la empresa ante los tribunales, en caso de que el fisco les genere algún crédito fiscal.
Estas empresas, dentro de su óptica, aprovechando los resquicios y recovecos de las complejas leyes, cumplen con las mismas, pero no con el espíritu con que fueron escritas y promulgadas por los legisladores. Cumplen con su responsabilidad ante sus accionistas, pero no con su responsabilidad social.
Por otra parte, el Estado, al ostentar el derecho de cobro, tiene la autoridad de ejercer medidas coercitivas para exigir al ciudadano el pago de los mismos. El ejercicio de esta fuerza puede llevar al contribuyente incumplido a la pérdida de su patrimonio e inclusive de su libertad física.
Los impuestos son importantes y tal vez indispensables para la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza de un país, pero esto solo hasta cierto punto. Un excesivo incremento a los mismos puede tener un efecto contrario al desmotivar el consumo, la generación de empleos y la inversión privada.
A diferencia de lo que podría pensarse de manera simplista, el incremento en la recaudación no necesariamente es proporcional al incremento en las tasas. Un aumento en impuestos originará que las personas, al disminuir sus ingresos, consuman menos y, por lo tanto, aporten menos; además, que las empresas, ante una baja en su rendimiento económico, decidan no hacer nuevas inversiones productivas y que la planta laboral no se incremente o inclusive que se disminuya, buscando eficientar costos para mantener el rendimiento sobre la inversión.
El incremento en impuestos también puede ocasionar que las empresas que puedan hacerlo, busquen otros países con menor carga contributiva para trasladar sus capitales y sus inversiones. Esto, en el mejor de los casos, ya que en que una enorme cantidad de empresas y personas físicas, no aplican estrategias fiscales dentro del marco jurídico, sino que simple y llanamente evade al fisco de manera burda, confiando en su buena suerte y en que este no les enviará revisión del cálculo y entero de impuestos.
A esta cultura de no pagar contribuciones, abona el hecho de que el Estado mexicano no tiene o, al menos, no ha implementado mecanismos eficientes para integrar al sistema recaudatorio a la enorme economía informal. Si el Estado no aplica mecanismos para el cobro de las contribuciones, el presunto contribuyente nunca las pagará de manera voluntaria. Ante esta situación, el ciudadano que sí paga en tiempo y forma, percibe que es injusto el pago de impuestos de contribuyentes que son considerados cautivos.
Según la teoría, con el cobro de los impuestos, el estado proporciona bienes y servicios, como son: carreteras, puentes, aeropuertos, seguridad, salud, defensa, justicia, seguridad social, sostenimiento de instituciones, entre otras, a la sociedad en general.
Un país que busca la justicia social, debe lograr siempre que sus ciudadanos tengan la capacidad económica para vivir dignamente, que la clase social dominante sea la clase media y que desaparezca la pobreza y la desigualdad en el acceso a bienes y servicios, principalmente de salud y seguridad social. Un punto importante a considerar es que en México, tristemente, ante la pobreza que caracteriza a más de 50% de la población, se considera de clase media a un sector que en otros países sería considerado en el segmento de clase pobre.
La confianza en el buen uso de los recursos recaudados es un elemento que tal vez no sea indispensable, pero si éticamente importante para que el estado cuente con la autoridad moral para exigir la obligación de los ciudadanos de cumplir con su aportación al gasto público. En la medida en que esta confianza sea cuestionada, el ciudadano contribuyente, y “votante”, puede ejercer su acción democrática de castigar al gobierno en el poder, votando por un partido diferente o que ofrezca estrategias más adecuadas.
El gobierno, en aras de obtener una mayor confianza ciudadana, debe trabajar por la justicia social, ser eficiente en su administración y en el ejercicio de los recursos, luchar contra el fraude fiscal, eliminar empresas públicas deficitarias paraísos fiscales y lagunas legales, hacer más sencillas las leyes fiscales y promover su cumplimiento, eliminar gastos superfluos, emprender reformas estructurales para beneficio social, hacer eficiente su costo burocrático, político y sindical, acabar con la corrupción, lograr mayor transparencia y rendición de cuentas, para que de esta manera cumpla con su obligación de proporcionar equidad, paz, seguridad y justicia social a todos los ciudadanos.
Por su parte el ciudadano debe tener claro que la obligación de contribuir es independiente de que el impuesto sea considerado justo o no, ya que proviene de una legislación que no está sujeta de manera directa a la decisión del contribuyente, sino de sus representantes electos ante el poder legislativo. Las dudas ante el uso debido o indebido de las contribuciones no eximen del cumplimiento de las mismas, ya que de darse esa situación nos exponemos a sanciones que pueden afectar de manera muy importante nuestro patrimonio y nuestra libertad física. La única participación que nos resta como ciudadanos consiste en una adecuada elección de los representantes ante los diferentes poderes de la Unión.
Considero que ante todo siempre debe prevalecer la responsabilidad social. Como ciudadanos de un país y en favor de la convivencia y el mantenimiento de la paz social, debemos responder con congruencia entre lo que pensamos, decimos, hacemos y “debemos” hacer. Es decir, ser conscientes de nuestros actos y armonizar nuestra acción con nuestro proyecto de vida personal y profesional.