C.P.A. Fernando Holguín Maillard/Socio de CASADICT, S.C./holguinfernando@casadict.net.mx

La noticia que sacudió

En 2014, el dictamen se volvió “optativo” para entidades que cumplan con ciertos requerimientos en cuanto a sus ingresos ($100 millones), activos fijos -todos- ($79 millones) y más de 300 empleados —aunque para algunas empresas sigue siendo obligatorio el dictamen fiscal, por ejemplo, en las públicas, donatarias, el sector financiero, etc.— dejando afuera a la mayoría de los contribuyentes para quienes hasta 2013 era “de manera optativa”.

En el pasado

Había obligatoriedad de presentar el dictamen fiscal para ciertas empresas con algunos límites similares a los señalados, pero hace unos años se volvió “optativo” para el resto de los contribuyentes y se pensó que dicho dictamen, al no ser obligatorio para muchos contribuyentes, dejaría de ser presentado por ser un gasto.

Reacción del mercado

Sin embargo, el empresario reconoció el valor intrínseco de una auditoría a los estados financieros que era útil para diversos fines (accionistas, bancos, etc.) y normalmente finalizaba con un producto que era el “dictamen fiscal” en el que se anexaban los estados financieros auditados, donde el Contador Público Registrado (CPR o el auditor CPA) opinaba si la situación fiscal Federal estaba el línea con la normatividad fiscal, mediante un informe y un documento digital denominado SIPRED (presentación del dictamen, estados financieros y notas, informe fiscal con 37 anexos y cuestionarios de diagnóstico fiscal y de precios de transferencia).

Pero, como ya se apuntó, la comunidad reconoció un valor al trabajo profesional del CPA que daba su opinión, independiente sobre la razonabilidad de la presentación de los estados financieros que servía para una toma de decisiones, además de que el auditor hacia sugerencias para prevenir riesgos, oportunidades operativas de todo tipo, desde financieras, contables, legales, fiscales y hasta tecnológicas.

Problema para el fisco

El auditor, al estar dentro de las instalaciones, con los libros y con los ejecutivos era “los ojos y brazos” del fisco, pues revisaba cuestiones que solo una auditoría directa podía ver, como los inventarios físicos, las confirmaciones, etc., incluyendo el conocimiento de la naturaleza del negocio; si las condiciones en que operaba la entidad correspondían a sus resultados, no solo tenía conocimiento de los números “fríos”, sino, lo más importante, conocía la organización, su misión, visión, valores, capacidad técnica de los ejecutivos, estilo de la Dirección, disciplina de los empresarios, ética del negocio, apego a manuales, diagramas; participaba en comités de auditoría, finanzas, riesgos del negocio, amenazas externas como la competencia, crisis, entorno económico nacional y extranjero, cambios en el mercado, etc., situaciones que solo se pueden “sensibilizar”, por medio del contacto interno en la vida de la empresa al estar física y profesionalmente en la entidad. Sus observaciones, discusiones, seguimientos a las operaciones, advertencias a desviaciones, etc., constituían esos “ojos y brazos” de las autoridades que ahora no los tendrán en la mayoría de los contribuyentes.

Las autoridades (según lo interpreto) consideran que por sus sistemas tecnológicos pueden fiscalizar que las operaciones de los causantes estén cumpliendo con los requerimientos fiscales federales; sin embargo (como arriba lo indico), no todas las empresas son susceptibles de revisarse, sino solo por medio de auditorías directas; por ello, se derivan las siguientes preguntas: ¿tiene la autoridad suficiente personal capacitado para examinar a millones de contribuyentes? y ¿sus sistemas tecnológicos son lo suficientemente robustos para llevar a cabo revisiones a fondo?

Hay dos ángulos

Primero

Los CPR se convirtieron en una “especie” de extensión de sus inspectores fiscales al obligar a los contribuyentes (incluidos los que se apegaban a la “opción”) a que el CPR revisara la situación fiscal con una extensión bastante amplia a lo habitual en una auditoría tradicional. Es decir, las autoridades consideraron que la profesión contable tiene las siguientes características: es seria y disciplinada; está organizada en un Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) —las más grande de las asociaciones profesionales en América Latina—, con casi 90 años de existencia formado por 60 Colegios Federados de distintas ciudades de la República, afiliado desde sus inicios (hace casi 40 años) a la Federación Internacional de Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés) y cuenta con 20 mil miembros; tiene una filosofía de autorregulación ética y de educación profesional continua.

Asimismo, el IMCP observa una homologación con la normatividad internacional en cuanto a las Normas de Información Financiera (NIF) por medio del Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), organismo independiente y adopta las Normas Internacionales de Auditoría emanadas de la IFAC, atendiendo, a su vez, la obligatoriedad relativa a la Norma Internacional de Calidad (aplicable a las firmas de Contadores Públicos que desarrollan auditorías).

Se calcula que casi 13,500 auditores (incluidos miembros y sus empleados) debidamente capacitados e independientes estaban dedicados a la actividad de realizar auditorías invirtiendo millones de horas-hombre para concluir con un dictamen fiscal, el cual se acompañaba con gran cantidad de información digital fiable (SIPRED) que el fisco la usaba para su labor de comprobación de las actividades fiscales de los contribuyentes auditados. El fisco, eventualmente revisaba directamente con rigor, el trabajo de auditor, sus papeles de trabajo, conclusiones y en muchos casos amonestaba al Contador Público Registrado (CPR), o bien, suspendía los “registros” por meses, años o indefinidamente. Es decir, el trabajo del CPR era un instrumento fiable e indispensable para el fisco con el resultado de mayores recaudaciones, pero lo más importante es que este servicio para la autoridad ¡era gratuito! Sin embargo, ahora está limitado para ciertos contribuyentes que “opten” por presentar el dictamen.

Todo lo anterior significa que la autoridad fiscal no considera la utilización del CPR como parte de su acción de vigilancia.

Segundo

Los sistemas automatizados implantados por la autoridad no son suficientes, en opinión del autor, pues hay cantidad de áreas significativas que solo una auditoría “en vivo” puede comprobar: el cumplimiento con las múltiples disposiciones fiscales. De dicho trabajo, el SAT obtenía el servicio de revisiones directas en las empresas, ya que el auditor era “los ojos y brazos” de la autoridad, al evaluar el control interno e incluir los sistemas de información tecnológica, los riesgos de errores contables que conllevaran omisiones en el pago de impuestos; revisión de los papeles originales (facturas, contratos, conciliaciones, etc.), observación de los inventarios físicos y el costo de ventas; confirmación directa de los saldos con los bancos, clientes, proveedores, abogados, seguros, análisis financiero, y juicio de la razonabilidad de las variaciones.

En este contexto surgen las siguientes preguntas: ¿El SAT tendrá el personal suficiente con las características profesionales enmarcadas en las normas del IMCP (avaladas por 90 años de existencia)? ¿Qué implicará el hecho de invertir más recursos para una mejor fiscalización? ¿Los sistemas computarizados del SAT y sus inspectores serán suficientes en cantidad y calidad para sustituir las auditorías de los CPA?

Efectos directos: fisco

Para las autoridades fiscales, como ya quedó apuntado en párrafos anteriores, existe una aparente falta en número en sus inspectores para revisar directamente las operaciones de los contribuyentes bajo la consideración de que sus controles tecnológicos pudieran ser insuficientes (estas aseveraciones son responsabilidad del suscrito). Una apuesta muy significativa en estos tiempos en los que el gobierno necesita de recursos para el desarrollo del país y puede dejar una puerta abierta a omisiones.

Efectos directos: empresarios

Ahora es obligatorio para los causantes que preparen una declaración fiscal “larga” en un formato digital llamado “SIPIAD” (Sistema de Presentación Alternativa al Dictamen) que, prácticamente, es la misma información digital que se acompañaba al dictamen fiscal consistente en cuestionarios generales, 17 apartados y notas. El SIPRED, en teoría, lo preparaba el contribuyente y lo revisaba el auditor, pero en la práctica lo preparaba este, quien con su experiencia lo hacía en forma correcta, confiable, rápida y sin mayores distracciones al personal del cliente. Ahora, sin la acción “optativa”, implica que el causante invierta tiempo y esfuerzo en esta declaración “larga” (SIPIAD) con la posibilidad de errores en su llenado que lo lleven a situaciones que impliquen omisiones involuntarias, multas, recargos. Además de lo anterior, el empresario al prescindir de los servicios del CPR queda sin los beneficios de una auditoría relativos al hecho de informar, recomendar y advertir, entre otros.

Efectos directos: auditor

El CPA pierde la oportunidad de seguir trabajando profesionalmente en el volumen acostumbrado, pues habrá cantidad de sus clientes que no tendrán la obligación a la opción de ser dictaminados fiscalmente.

Habrá repercusiones en los recursos de las firmas que, según la revista Inglesa que lleva a cabo estadísticas de las firmas de CPR en el mundo (IAB, International Accounting Bulletin o Boletín Internacional de Contabilidad) en su número de agosto de 2014, con referencia a las situaciones por las que atravesaron las firmas mexicanas en 2013, informa que en las principales 31 firmas de México sus ingresos son alrededor de $18,630 millones, tienen un personal de casi 26,629 entre socios, gerentes y staff, y se estima que de estos, 13,500 o más estaban dedicados a la auditoría, empleando millones de horas-hombre para revisar la situación fiscal de sus clientes y preparar los informes (SIPRED).

Esta situación habrá de afectar hacia la baja dichos números, tanto en ingresos como en personal, de no modificar las autoridades su postura.

Efectos directos: IMCP

Para el gremio de CPA agrupados por medio de sus 60 colegios, es probable, más allá de una duda razonable, que la membrecía y las certificaciones disminuyan, al ser un requisito ser miembro de un colegio y estar certificado y, obviamente, al no existir la obligación ni la “opción”, la membrecía tenderá a bajar drásticamente y afectará al IMCP y a sus colegios. También considerando que la profesión mexicana es líder en América Latina, por sus publicaciones, normatividad, su participación en IFAC y en sus consejos técnicos, y si disminuye su membrecía, su impacto e influencia internacional se verían afectados.

El reto del CPA

Sobrevivir será el “nombre del juego”, por lo que deberá tener la imaginación e inventiva para diversificar sus trabajos profesionales a otras áreas, pues la auditoría representa un ingreso muy importante a sus ingresos (50% o más).

Deberá demostrar el valor de una auditoría que no es solo para efectos fiscales, sino que implica otros beneficios muy importantes, como dar “seguridad razonable” hacia los interesados en el negocio de que cuentan con cifras razonables para tomar decisiones. Que como parte de una auditoría se determinan las partes importantes de los estados financieros, la posibilidad de que existan riesgos de que haya errores, de que evalúa los controles que prevengan, detecten, corrijan dichos errores y fraudes (incluyendo el fiscal) y como resultado de esa ecuación el CPR determine una auditoría específica dirigida a las áreas importantes, con riesgo, o con controles débiles (IRCA: Importancia, Riesgo, Controles y Auditoría). En dicho proceso, el auditor está en la posibilidad de informar a su cliente de oportunidades, un IVA (indicaciones con valor agregado) que no es gratuito pues conlleva otros trabajos profesionales.

Las auditorías para efectos del IMSS y del INFONAVIT aún son obligatorias para ciertos casos, y optativas para otros; el CPR debe insistir en este servicio, aun cuando no lleve a cabo una auditoría, pues tiene la obligación de revisar los controles inherentes al sistema de nóminas, pagos, etc., y derivado de ello, tiene la posibilidad de ofrecer a sus clientes comentarios, asesorías, etc., es decir: IVA.

Debe estar alerta para ofrecer otros servicios adicionales, como ayuda en la preparación de la declaración “larga” (SIPIAD), asesorías fiscales, legales, y establecer outsourcing para llevar la contabilidad, nóminas, personal, así como apoyo para lograr eficiencia en los sistemas de cómputo, consultoría en sus varias modalidades, mejores prácticas de gobierno corporativo, etc. El CPR está perfectamente capacitado para ofrecer estos servicios y otros similares como auditorías especiales, Due Diligence, estudios financieros, legal, laboral, tecnología, comercio internacional, forense… con la imaginación como su límite, según decía Einstein… considerando que tiene la habilidad de asociarse con otros profesionistas para lograr estos servicios, como lo ha hecho desde hace muchos años, tras agruparse y establecer relaciones estratégicas con otros colegas y profesionales.

Finalmente, pero no lo último

El dictamen fiscal fue implantado en 1960, es decir, hace 54 años, y desde entonces se han presentado varios millones de dictámenes fiscales. Sin temor a equivocaciones, con una proporción mínima de errores y, muy significativo, produciendo mejores recaudaciones. Del mismo modo, debo puntualzar que los CPR han hecho conciencia en la comunidad para observar las disposiciones fiscales.

A manera de conclusión: no queda de otra

El empresario debe recurrir al CPR para que lo ayude en muchas otras actividades de su negocio. Incluida la asesoría fiscal y no solo el dictamen fiscal.

Las autoridades deben revisar esta delicada decisión que puede perjudicarlas y que, de nuevo insisto, el servicio profesional es ¡gratuito!, con beneficios obvios tangibles, observables y medibles como ha sucedido durante los últimos 54 años, y que esta situación es un “gana-gana” para todos, pues las recaudaciones se incrementaron en las épocas en que se presentaban los dictámenes fiscales.

El IMCP, como lo marcan los estatutos, debe defender al gremio, insistir con todos sus recursos ante las autoridades para que reconsideren este asunto.

El CPA y el CPR debe diversificar sus servicios para sobrevivir, considerando que la competencia es una bendición, pero también una amenaza que nos hará más fuertes, imaginativos y reactivos a las necesidades de la comunidad.

…los Contadores hasta en las mejores fantasías son indispensables…
—Giovanni Papinni, siglo XX.