Por C.P.C. Juan Manuel González Navarro/Presidente del Comité de Contadores y Auditores ACAMS Capítulo México/gmvsc@prodigy.net.mx
Es un hecho innegable que la delincuencia organizada, en su necesidad de lavar dinero utiliza todas las tipologías conocidas, entre ellas, la de usar empresas para mezclar, tanto ingresos propios (reales) de un negocio como ingresos provenientes de actividades ilícitas se generan utilidades en esta mezcla de recursos, por las cuales los miembros de la delincuencia organizada, están dispuestos a pagar impuestos, no de buena gana, pero convencidos de que ese es solo otro camino para lograr su fin
Hasta aquí, no hay nada nuevo bajo el sol, los gobiernos no lo desconocen. Los ingresos por actividades ilícitas representan mayor recaudación fiscal y, por consecuencia, mayor abundancia de recursos para el gasto o el mal gasto, dependiendo de cómo se utilicen.
Sin embargo, esto contribuye a que las instituciones de un gobierno sean utilizadas para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas; entonces, surge una serie de preguntas en torno del tema:
- ¿Qué deberían hacer los gobiernos con los recursos fiscales que recaudan de esas actividades?
- ¿Por qué no se toman medidas para que esto no ocurra en el sector gobierno?
- Desde el punto de vista de la ética, ¿se justifica que esto ocurra?
- ¿Por qué los gobiernos no hacen nada para combatir esta práctica?
- ¿El problema es local o endosado del exterior?
- ¿Se debe encarcelar a todos los delincuentes?
Para la primera pregunta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha demostrado que tiene la voluntad, capacidad de investigar, descubrir y exhibir a supuestas personas y empresas que realizaron actos de simulación fiscal, lo cual constituye un presunto delito fiscal (aún no se aprueba en los tribunales). Si esto lo pueden lograr, también pueden con la colaboración de los otros organismos policiales y de inteligencia, nacionales y extranjeros, detectar a las empresas que están lavando dinero y, en caso de que ya hubieran lavado dinero, identificar qué parte del impuesto recaudado proviene de actividades ilícitas y destinar esos recursos, tanto al combate de la drogadicción como al sector salud. También se deberían aplicar los instrumentos de decomiso e incautación de los bienes, que fueron el producto del delito, o se utilizaron en la comisión del mismo, para eso tenemos la Ley Federal de Extinción de Dominio, que daría tremendos golpes a las finanzas de la delincuencia organizada y a los parásitos que viven de ellas.
En respuesta a la segunda pregunta, el desconocimiento de las leyes y la falta de voluntad política, junto con el burocratismo de las personas que están al frente de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, sumado a la falta de interés en resolver estos problemas y, lo más grave, la corrupción en los niveles federal, estatal y municipal, que va desde el empleado de menor jerarquía, hasta los presidentes. Recordemos que el primer Narco-Presidente que tuvimos en México, fue Abelardo L. Rodríguez, quien desde que ocupó el cargo de gobernador ya dirigía un grupo de delincuentes en el norte del país.
Desde el punto de vista de la ética, estas situaciones no deberían ocurrir, pero ya que no se han podido evitar, y como el dinero lavado proveniente del caso planteado, no se puede destruir por ser dinero sucio, lo que queda es utilizarlo en servicios que beneficien a la sociedad. Por ejemplo: educación, pero no basado en un modelo tradicional como el que maneja la Secretaría de Educación Pública (SEP) —que dicho sea de paso, parece que la SEP es el enemigo en casa—, sino en modelos vanguardistas como los de países del primer mundo, que desde niveles escolares tempranos fomentan una educación fiscal, financiera, solo por mencionar un modelo.
La respuesta a la tercera pregunta nos dice que para resolver un problema cualquiera, lo primero es aceptar, entender y dimensionar que existe ese problema; luego, visualizar las diversas opciones para resolverlo y en caso de no existir las condiciones sociales, económicas, jurídicas o de otra clase, para su resolución, hacer todo lo necesario para sentar esas bases y comenzar con la solución del problema, aunque ello implique la adopción de medidas drásticas; recordemos que “a grandes problemas, grandes soluciones”.
Para responder a la cuarta pregunta, voy a hacer referencia a una frase que se le atribuye al expresidente General Porfirio Díaz: “Pobre de México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.
Y es que muchos de nuestros malestares provienen de nuestro vecino país del norte, en donde coexisten dos clases de estadounidenses: los puritanos conservadores y los liberales “destrampados”, que se escandalizan por que una mujer muestra un seno durante un partido de futbol, pero son los mayores consumidores de pornografía y pederastia; asimismo, crean instituciones encargadas del control y combate a las drogas (DEA), y por otro lado dejan pasar millones de toneladas para el consumo interno en sus fronteras (CIA); esto último conlleva a destapar el velo que cubre el grado de putrefacción de los agentes fronterizos, supuestamente encargados de cuidar que esto no suceda.
Si se encarcela a los delincuentes, tanto a los que participan directamente como a los que son cómplices, no habría lugar para recluir a tanta gente, porque los delincuentes que conocemos como cabezas de los grupos delictivos, son solo la punta del iceberg.
Conclusión
Nuestro país no tendría necesidad de lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, si el consumo de estupefacientes no fuera tan elevado en un territorio que alguna vez fue parte nuestra, y que algunas personalidades valientes se han atrevido a aceptar, me refiero a Hillary Clinton; asimismo, la guerra interna de los carteles como la guerra con las fuerzas militares nunca hubiera tenido razón de ser.
El día en que los vecinos del norte dejen de consumir drogas, el efecto en México se dejará sentir, pero como eso no va a ocurrir, continuaremos sufriendo las consecuencias del actuar desenfrenado de los gringos, ¿no cree usted?