Dra. Amarella Eastmond Spencer/Profesora-investigadora UADY/eastmondspencer.amarella@gmail.com

Mtra. Carolina Avilés Heredia/Coordinadora de la Maestría en Administración Tributaria/FCA, Universidad Autónoma de Yucatán/aheredia@uady.mx

Dr. Ricardo Isaac Márquez/Profesor-investigador CEDESU, Universidad Autónoma de Campeche/ricisaac@uacam.mx

Es evidente que de nada sirve lograr un alto nivel de prosperidad y crecimiento económico si estos no se pueden sostener en el tiempo. Las crecientes crisis sociales y ambientales en el mundo, que van desde el desempleo masivo y el deterioro ambiental hasta el colapso total de ecosistemas y sistemas sociales, demandan una mejor comprensión de los vínculos entre la competitividad económica y la sustentabilidad a largo plazo. 

En este texto, basado en el trabajo del Foro Económico Mundial (FEM) se analiza cómo en las últimas décadas el concepto de competitividad se ha ampliado para incorporar primero la dimensión ambiental y más recientemente los aspectos sociales, mismos que ahora se consideran fundamentales para lograr la sustentabilidad a largo plazo. Debido a la complejidad del tema, los trabajos que lo abordan son mayormente exploratorios y enfatizan la necesidad de estudiar este campo con más profundidad.

La Hipótesis de Porter

Hasta la década de 1990, la tendencia entre los teóricos organizacionales sostenía que la regulación ambiental no mejoraba la competitividad de las empresas y afirmaba que, por el contrario, cualquier aumento en la regulación para reducir una externalidad como la contaminación elevaría los costos de las empresas, lo cual resultaría en una pérdida de competitividad.

Sin embargo, en 1991 Michael Porter planteó su, ahora, famosa hipótesis (la “Hipótesis de Porter”), argumentando que la regulación ambiental estricta y bien diseñada no solo no perjudica inevitablemente las ventajas competitivas, sino que frecuentemente las eleva. Sugirió varios mecanismos por los cuales la regulación ambiental podría aumentar la competitividad tales como: una reducción en el uso de sustancias químicas costosas o costos más bajos de deposición final de desechos. Más de veinte años después se puede observar que existe una abundante literatura científica sobre el tema, pero la evidencia empírica sigue arrojando resultados mixtos.

El planteamiento esencial de Porter y Claas van der Linde (1995) es que la contaminación comúnmente representa un desperdicio de recursos por lo que una reducción en la contaminación podría resultar en una mejoría en la productividad con la que se utilizaban los recursos. Los autores argumentaron que la regulación ambiental bien diseñada puede estimular la innovación lo que, a su vez, puede compensar los costos de cumplir con dicha regulación.

No es de sorprenderse que la Hipótesis de Porter haya sido bien recibida por los gobiernos, ya que sostiene que, a través de la regulación ambiental se puede crear una situación de ganar-ganar en la que, al aumentar la protección ambiental, las empresas pueden mejorar sus productos y procesos, y así incrementar su competitividad y sus ganancias.

Un nuevo contexto mundial

Hoy en día, las circunstancias mundiales han cambiado dramáticamente, tanto ambiental como socioeconómicamente. Por un lado, el cambio climático no deja duda de la magnitud de la catástrofe potencial que nos espera si seguimos en la trayectoria actual de Bussines as usual y, por el otro, el aumento en los conflictos armados especialmente en Medio Oriente y África, el colapso de los sistemas sociales y las consecuentes emigraciones masivas hacia Europa han obligado a ciertas instituciones a replantear algunas de sus ideas fundamentales para adaptarse a estas nuevas condiciones.

El FEM es una de las instituciones que, tomando en cuenta las crecientes tensiones internacionales, ha ampliado su visión de competitividad definida como: “las instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país” (Schwab, 2014), y ha incorporado recientemente las dimensiones de la sustentabilidad ambiental y el crecimiento en su concepto de la competitividad.

Definición de la competitividad sustentable

El FEM define la competitividad sustentable como: “las instituciones, políticas y factores que hacen que una nación se mantenga productiva en el largo plazo, al mismo tiempo que asegure la sustentabilidad social y las instituciones políticas y factores que permiten que todos los miembros de una sociedad experimenten el mejor nivel posible de salud, participación y seguridad y que maximicen su potencial para contribuir y beneficiarse de la prosperidad económica del país en el cual viven”, (Corrigan, et al., 2014).

En cuanto a la sustentabilidad social, el FEM identifica tres elementos para incluir en su índice ajustado:

• El acceso de la población a necesidades básicas (drenaje, agua potable y servicios de salud).
• La vulnerabilidad de la población a la exclusión económica (medida por el empleo vulnerable, el tamaño de la economía informal y la red de protección social).
• La cohesión social que se evalúa a través del “índice de Gini” de ingresos, la movilidad social y el desempleo de los jóvenes.

Por otro lado, la sustentabilidad ambiental se define como “las instituciones, políticas y factores que aseguran una gestión eficiente de los recursos para permitir la prosperidad en el presente y para las generaciones futuras”. Los indicadores han sido seleccionados de tres categorías que intentan cubrir los aspectos más relevantes de la sustentabilidad ambiental. La primera se refiere a la política ambiental que consta de una medida del rigor con el cual se aplica la normatividad ambiental y la extensión de las áreas naturales protegidas, un indicador del compromiso de un país de proteger su capital natural.

La segunda categoría abarca el uso de los recursos renovables y consta de los indicadores del estrés hídrico de línea de base, el tratamiento de aguas negras, el cambio en la cobertura de bosques y la sobreexplotación de las poblaciones de peces. La tercera categoría toma en cuenta el deterioro del medio ambiente que puede causar serio daño a la salud humana al mismo tiempo que destruye los ecosistemas. Los indicadores específicos son: nivel de concentración de material particulado, la cantidad del CO₂ y la calidad del medio ambiente natural. El FEM reconoce que requiere de indicadores adicionales para tener un panorama más exacto.

Las dos dimensiones ambientales y sociales son convertidas en un coeficiente de ajuste con un rango de 0.8 a 1.2 que luego es utilizado para ajustar hacia arriba o hacia abajo el Índice Global Competitivo. Por lo tanto, el resultado final de un país en el índice ajustado por la sustentabilidad puede ser hasta 20% más alto o más bajo que su calificación original.

El caso de México

En el último informe de competitividad global que corresponde a 2014-2015, México se ubica en el lugar 61 del ranking mundial de 144 países, con una calificación de 4.3 de un máximo de 7. Su calificación es baja en todos los pilares de la competitividad excepto en el tamaño del mercado, la salud y la educación primaria. Las áreas que más baja calificación reciben (menos de 4) son: los pilares de las instituciones, la eficiencia laboral, la preparación tecnológica y la innovación. Entre los factores más problemáticos para hacer negocios en México: la corrupción, la regulación fiscal, la ineficiencia de la burocracia gubernamental y el nivel de crímenes y robos.

Es interesante notar que cuando se hacen los ajustes por la sustentabilidad, en el caso de la sustentabilidad social la calificación se mantiene igual, mientras que en el caso ambiental hay un cambio hacia abajo y la calificación ajustada queda en 4.09. Es decir, México, un país “megadiverso”, no está cuidando sus recursos naturales de manera adecuada, lo que, a largo plazo, puede convertirse en una importante pérdida de competitividad.

Conclusión

En una época en que todo se mide y se compara, México ignora sus vulnerabilidades en términos de competitividad global bajo su propio riesgo. El análisis del índice de competitividad global permite detectar las debilidades más críticas y al mismo tiempo sugiere aquellas áreas donde urge un cambio en las políticas públicas para mejorar sustancialmente la posición competitiva del país y de sus empresas. Lo que añade el índice de competitividad global ajustado por los factores de la sustentabilidad es una visión a largo plazo que invita a la reflexión sobre la dirección en la que nos está llevando el proceso de desarrollo nacional y cuestiona si se está produciendo el tipo de sociedad en la cual queremos vivir.

Referencias

Corrigan, G, Crotti, R. Drzeniek, M y Serin, C. (2014), “Assessing Progress toward Sustainable Competitiveness”, en Schwab, K (ed.) The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum.

Porter, M. (1991), America’s green strategy, Scientific American 264(4), 96.

Porter, M. and van der Linde, C. (1995) “Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship”, Journal of Economic Perspectives, 9(4), 97-118.

Schwab, K (Editor) (2014) The Global Competitiveness Report 2014-2015, World Economic Forum, consultado en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf