C.P. Yolanda Ortega García/Gerente de Gobierno Corporativo Crowe Horwath/yolanda.ortega@crowehorwath.com.mx

Mucho se habla de la corrupción, la cual sin duda representa un grave problema social, político, legal y ético que afecta y preocupa a todas las personas y entes económicos. Desde una perspectiva general, la corrupción es el abuso de confianza para la obtención de un beneficio deshonesto y, hasta hace poco tiempo, la corrupción era un concepto ligado únicamente al sector gobierno; sin embargo, su presencia, influencia y repercusión en el sector empresarial causa problemas en todos los aspectos

Pese a la magnitud de este inconveniente, aún se tiene cierta indiferencia en el ámbito empresarial en nuestro país, al considerar que la corrupción no afecta a nivel empresarial, por lo que dedicar esfuerzos para contrarrestarla no es una prioridad para los accionistas, el consejo de administración, los comités de apoyo y la alta gerencia.

En su sitio de Internet, la Iniciativa de Alianza Contra la Corrupción (PACI-Partnering Against Corruption Initiative) exponía las siguientes preguntas a fin de concientizar a las empresas sobre la presencia de la corrupción en sus actividades: ¿Se atrevería a afirmar ante un juez que nadie de su empresa paga o acepta sobornos? ¿Se asociaría con una empresa implicada en un escándalo de corrupción? ¿Se podría permitir aparecer en los titulares de prensa por motivos de corrupción? Actualmente, ¿es la corrupción algo que le afecta a usted?

En el presente artículo resaltaremos la importancia que tiene para los accionistas, el consejo de administración y la alta dirección, el establecimiento de estrategias anticorrupción, las cuales deberán estar enfocadas, principalmente, en tres aspectos de responsabilidad:

Responsabilidad interna. Esta afecta a la propia cultura de la empresa, su rentabilidad, capacidad de supervivencia y relación con los accionistas, directivos y empleados, así como con sus clientes y proveedores.

Responsabilidad externa. Respecto a sus deberes frente a la sociedad y a la comunidad donde se desarrolla.

Responsabilidad colectiva. En su capacidad de organizarse con otras empresas para unir fuerzas en la lucha contra la corrupción y lograr resultados con mayor impacto.

Más allá de la regulación y el cumplimiento que deben tener las empresas públicas o privadas o cualquier otro ente económico, se deben definir políticas anticorrupción, ya que la buena imagen de una organización y la transparencia que debe existir ante terceros hace que el tema de anticorrupción deba estar en la agenda del consejo de administración y asegurarse de que se diseñen y establezcan medidas específicas para contrarrestarlas.

Si bien es cierto, en México no existe una regulación como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act o FCPA, por sus siglas en inglés) en los EE.UU., la cual prohíbe a las compañías estadounidenses, a cualquiera de sus subsidiarias —independientemente del país donde se encuentren ubicadas o tengan operaciones—, propiciar directa o indirectamente sobornos a funcionarios públicos en el extranjero con el fin de beneficiarse de dicha actuación. En caso de incumplimiento se puede causar fuertes sanciones que van desde las multas económicas hasta problemas judiciales.

El ejemplo más reciente es el ocurrido con Wal-Mart, en abril 2012. En una publicación del New York Times se informó que la unidad de Wal-Mart México pagó $24 millones en sobornos para acelerar la concesión de licencias y permisos para nuevas tiendas. Actualmente el Departamento de Justicia de los EE.UU., y la Securities and Exchange Commission (SEC) están investigando posibles violaciones de la FCPA en México, así como en China, India y Brasil, entre otros. En su informe del Programa Global de Cumplimiento con FCPA de 2014 Wal-Mart indicó que había gastado $439 millones de dólares en gastos legales y otros costos asociados con las investigaciones de la FCPA, ya que tuvo que reconstruir el programa de cumplimiento global.

La lucha en contra de la corrupción se debe dar por dos grandes razones dentro de las empresas: por la convicción en sus principios y valores morales, y por coerción debido a que con los costos derivados en posibles penas legales y sanciones económicas, tal vez se tengan beneficios a corto plazo, dando una ventaja competitiva, la cual será poco sostenible y con grandes costos a mediano y largo plazo.

Por otro lado, la Ley Antisoborno del Reino Unido va más allá de la FCPA, ya que tiene excepciones por “pagos de facilitación” o dádivas otorgadas a funcionarios de gobierno en otros países, y no tiene la prohibición de libros y registros, sino que se centra básicamente en las siguientes actividades:

• Sobornar a otras personas
• Aceptar un soborno.
• Sobornar a funcionarios de gobierno en otros países.
• No contar con procedimientos adecuados para evitar sobornos, tratándose de empresas comerciales.

De las diferencias entre la FCPA de los EE.UU., y la Ley Antisoborno de Reino Unido se resalta lo siguiente: la Ley Antisoborno responsabiliza directamente a una empresa que no cuente con un programa eficaz antisoborno para evitar que se dé dicha acción, en tanto que para la ley de los EE.UU., la compañía es responsable de los actos realizados por un empleado en su representación, sin considerar importante el que se cuente con un programa de cumplimiento eficaz de anticorrupción; sin embargo, contar con este puede disminuir la severidad de las sanciones económicas o judiciales como castigo para las empresas.

Para el establecimiento de criterios para prevenir actos de corrupción es necesario que dentro del código de ética y conducta se incluyan situaciones precisas y específicas, con el objetivo de eliminar las dudas que pueden surgir, sobre cómo actuar en ciertas circunstancias en el desempeño de su labor, además de reducir los casos de realización de acciones que contradigan las normas anticorrupción.

Por lo anterior es necesario la comunicación adecuada con el personal, así como un programa constante de adhesión que permita resaltar los valores y principios que rigen la operación de la sociedad, además de saber a quién acudir en caso de tener alguna duda o para denunciar conductas de corrupción dentro y fuera de la compañía. Para ello, el personal asignado a esta gran labor debe actuar con rapidez y discreción cuando se reciban denuncias o consultas, respetando siempre los derechos de las personas implicadas.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en caso de incumplimiento del código de ética y conducta, deberán tomarse medidas para aplicar las sanciones apropiadas a fin de corregir la situación. Para esto, es necesario que las empresas cuenten con un catálogo o reglamento de sanciones, donde se establezcan las medidas claras en caso de violación a los principios anticorrupción, las cuales tiene que ser proporcionadas y conocidas por todo el personal. El fomentar una cultura de responsabilidad y transparencia es una de las funciones del consejo de administración como parte del fortalecimiento de la imagen de una organización abierta que no tiene razones para ocultar información. El consejo de administración de cualquier empresa debe estar comprometido en la lucha contra la corrupción teniendo una actitud constante de actuar bajo el marco legal, regulatorio y de rechazo a la corrupción sin importar su origen, casusas o efectos.

México se encuentra en un proceso de regulación en la materia, si bien es cierto que se han promulgado leyes que van encaminadas a prevenir actos de corrupción, aún nos falta por crear una conciencia real, clara y cambiar en gran parte nuestra cultura y las “malas prácticas”, por lo que es necesario que el sector empresarial establezca acciones de “responsabilidad colectiva”, que permita a las empresas levantar la voz ante los actos de corrupción de los cuales son víctimas, en muchos casos por parte del gobierno. Establecer programas integrales de prevención a la corrupción ayudará a las empresas a mitigar los riesgos que existen ante este gran problema.

Conclusión

Es muy importante que las empresas y el consejo de administración cuenten con programas eficaces e integrales que combatan prácticas de corrupción, enfocándose en los procesos de alto riesgo como son: “las cajas chicas”, viáticos, comidas, apoyos a ejecutivos, transacciones con consultores y otros intermediarios de alto riesgo (ficticios o prestanombres), donaciones caritativas, entre otras.

La comunicación constante en los diferentes niveles de la organización, el reforzamiento de la cultura y los valores éticos que tiene la compañía, así como contar con un sistema de sugerencias, quejas y denuncias, adecuado a las necesidades de la compañía, además del actuar rápido y discreto en caso de las violaciones de los principios éticos, pueden ser herramientas preventivas de corrupción.