Mtra. Korina Velázquez Ríos/Tutora del Campus Virtual en la Organización de Estados Americanos/contacto@korinavelazquez.com/@korivel

Aún en estos días es común encontrar confusiones respecto al concepto y los campos de acción del Gobierno Electrónico (GE) y el Gobierno Abierto (GA). Pero, ¿qué son y cuáles son sus diferencias? ¿Son excluyentes o complementarios entre sí? Quizá la explicación se deba más a un proceso evolutivo de cómo se autoconcibe el gobierno con el rol que puede ejercer con la tecnología y al incremento de las exigencias ciudadanas, que demandan cada vez más innovación en la forma de solucionar los asuntos públicos

Por su parte, el GE o gobierno digital se refiere al uso de tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para mejorar la gestión pública con eficiencia y eficacia, tanto en sus procesos internos (back office) como en el contacto directo con los ciudadanos (front office).1 Por otro lado, el GA se define como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos, tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de las burocracias estatales.2

En este sentido, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico3 reconoce el derecho de los ciudadanos a interrelacionarse de manera electrónica con sus gobiernos. Esto implica que los estados firmantes como México tienen la obligación de ofrecer una alternativa de atención y de solución a las demandas ciudadanas de forma electrónica, e incluso idealmente, aprovechando todo el background del Chief Information Officer (CIO) de la institución, para definir la mejor solución estratégica que sea eficaz y que le permita obtener el mayor provecho de la tecnología para dar un servicio público, ágil, oportuno y adecuado.4

Así, la importancia del GE en el GA radica, entre otras cosas, en aportar valor para tomar decisiones con el mejor uso de la tecnología. El foco, entonces, no son las TIC en sí, sino más bien, en cómo desarrollar un proyecto estratégico de tecnologías de la información, que permita alcanzar sus metas en función del público objetivo, del tiempo y alcance, haciendo más con menos en la gestión pública con un objetivo de GA, como aportar mayor transparencia y rendición de cuentas en una organización, o entablar mayor colaboración con el ciudadano.

Y es que estudios de la industria de TIC, como Gartner, afirman que por factores humanos:5

• 70% de los proyectos tecnológicos no alcanza las metas de plazo, costos y calidad planteados.
• 50% de los proyectos de TIC excede su presupuesto.
• En general, 66% de los proyectos de TIC fracasan, 52% se cancelan y 82% se entrega fuera del plazo.

Por ello, la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto6 reconoce la importancia del empleo de GE y plataformas tecnológicas para contribuir a la mejora de los servicios públicos y “generar valor público” por medio de los pilares de la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, que son los principios o pilares del GA. Es decir, reconoce que el Gobierno Electrónico es una herramienta que fortalece las iniciativas del Gobierno Abierto.

Y es que el GE y el GA se complementan entre sí. Por un lado, el GE permite elegir una tecnología ad hoc en relación con las necesidades, objetivos, alcances, medir la relación costo-beneficio, simplificar procesos, alinear recursos tecnológicos, etc., para que con ello el proyecto de GA obtenga mayor impacto en la transparencia, colaboración y participación ciudadana. De esta forma un proyecto de GA, sin el apoyo del GE, corre el riesgo de duplicar recursos y atenuar el impacto de la solución tecnológica propuesta.

Asimismo, el GA también puede aportar valor a las iniciativas del GE. Por ejemplo, las iniciativas de GE podrían proponerse en un marco de gobernanza, incluyendo la opinión de la ciudadanía y no solo por iniciativa del propio gobierno. Asimismo, establecer como compromiso de GA el uso de datos abiertos con la información del gasto público dedicado a tecnologías en la Administración Pública.

Por eso aquí enlistamos algunas aseveraciones importantes:

GA no necesariamente requiere GE para impulsar sus pilares. Por ejemplo, se puede ser transparente sin uso de tecnología.

Pero el GE es una herramienta que puede dar mayor impulso e impacto a las acciones del GA.

El GA puede fortalecer, entre otras cosas, la transparencia de las políticas públicas enfocadas al uso de tecnología en general y del GE en particular.

En conclusión, las tecnologías de la información aprovechadas en iniciativas de GA, permiten a los estados imaginar relaciones más nutridas e interactivas con los ciudadanos, ejerciendo sus derechos de forma más directa y sencilla, al tiempo que se mejoran la transparencia y rendición de cuentas.

Es deseable que al implementar proyectos de GA se tenga la voluntad política de generar sinergias con el GE y lograr que promuevan la formulación e implementación de políticas públicas en esquemas de gobernanza, que fortalezcan la democracia, la legitimidad de la acción pública y el bienestar colectivo.

1 Cfr. Korina Velázquez Ríos, Gobierno electrónico en México. Camino hacia la Sociedad del Conocimiento, México, Cámara de Diputados, 2009.

2 Álvaro Ramírez-Alujas, Gobierno Abierto, Servicios Públicos 2.0 y Ciudadanía Digital, Madrid, GIGAPP, 2011.

3 Cfr. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2007.

4 La Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo reconoce que los ciudadanos tienen derecho a una gestión pública de calidad. En consecuencia, los ciudadanos podrán acceder a cualquier servicio público, recibiendo una atención y asistencia ágil, oportuna y adecuada.

5 Cfr. KIT Ingeniería electrónica, Administración de proyectos de tecnologías de la información. Disponible en: www.kit.com.ar/boletines-a.php?id=0000066 (consultado el 6 de septiembre de 2016)

6 Cfr. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, 2016