Rodrigo Sandoval Almazán/Profesor Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/Universidad Autónoma del Estado de México/rsandovala@uaemex.mx
El Gobierno Abierto (GA) está pasando de ser una vaga idea a una realidad arrolladora en todo el mundo. Aunque en México estamos iniciando una de las primeras etapas del GA –la transparencia– se requiere un cambio drástico de mentalidad, tanto de los gobernantes como de los gobernados, para llegar al sueño de tener un GA funcionando
Una parte de esa transformación es precisamente saber qué es el GA, cuáles son sus componentes y cómo llegar a él. El objetivo de este artículo es explicar brevemente estos elementos para ofrecer una mayor claridad sobre este tema tan importante.
La primera vez que se utilizó el término de gobierno abierto data del siglo XVI en Noruega, cuando este gobierno comenzó a “abrir” sus archivos y sus decisiones ante los ciudadanos.1 Posteriormente se ha hablado de libertad de la información (Freedom of Information) en Inglaterra y EE.UU., y del derecho a la libertad de información tanto en Europa como en varios países de Asia.2
No fue sino hasta el año 2009 cuando el presidente de EE.UU., Barack Obama, retomó esta idea del GA para fortalecer su acción gubernamental. Con este impulso, por parte de una de las economías más importantes del mundo, comenzó a extenderse y aplicarse en muchos países.
La investigadora Mila Gasco conceptualiza el GA como: “[…] Una definición relacionada con mejorar la transparencia, la colaboración y la participación por medio de los datos abiertos y la acción abierta”.3 Esta forma de tener un gobierno transparente significa rendición de cuentas sobre estrategias, planes y desempeño. En la parte colaborativa se busca involucrar a los ciudadanos en el diseño, entrega y evaluación de los servicios; finalmente, la participación es impulsar políticas por diseño que promuevan la acción ciudadana en el gobierno.
Un concepto de GA que he construido al lado de José Ramón Gil-García, integra tres componentes:
1. Un gobierno abierto puede ser entendido como una estrategia tecnológica e institucional que transforma la información del gobierno desde la perspectiva de un ciudadano. 2. Los ciudadanos pueden proteger, reutilizar, colaborar o interactuar con la información y los datos en varias formas; y 3. Como resultado de esta transformación, los ciudadanos tienen la facultad de examinar las decisiones y acciones de los funcionarios públicos para mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y, en consecuencia, proponer diferentes alternativas de servicios públicos y otras acciones de gobierno.4
De esta manera, el GA comprende varias dimensiones que interactúan de forma simultánea, tales como la transparencia, la rendición de cuentas, los datos abiertos, la participación y colaboración ciudadana, la coproducción con los ciudadanos, todo ello apoyado bajo una estructura legal que debería darle cauce y soporte. No se trata solamente de una acción, como puede ser la transparencia o la participación ciudadana. El GA es un cambio de paradigma, que va mucho más allá de transparentar datos personales y mostrar cifras; es una relación diferente del gobierno con los ciudadanos basada en la información.
Un componente central es precisamente el término transparente, entendido de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española como: “dicho de un cuerpo: Que permite ver los objetos con nitidez a través de él”. Se puede decir que es una propiedad óptica. Sin embargo, desde el punto de vista social, soportado por las ideas de Michener y Bersch, la transparencia se define a partir de dos ideas clave: visibilidad y deductivo (visibility and inferability).5 La primer idea es que traiga a la luz un objeto y hacerlo completamente visible; la segunda idea sugiere que pueda ser deducido o entendido con cierto grado de precisión de acuerdo con los datos o la evidencia sin mayor explicación. La transparencia se convierte así en una etapa inicial para lograr implementar el GA.
Considerando estos elementos, la transparencia debe considerar la visibilidad como aspecto central; en este sentido, toda la información producida por el gobierno debería ser visible –excepto la considerada como de seguridad nacional– incluyendo presupuestos, pagos, salarios, inversiones, mobiliario y bienes inmuebles. Sin embargo, por la cantidad de información ya generada y la que se está elaborando en este momento, la única manera de hacerla visible de forma sistemática, con bajo costo y permanente, es usando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), por medio de Internet y, en particular, de las herramientas de Web 2.0, que permiten la interacción con los usuarios mediante páginas interactivas, acceso a las bases de datos, redes sociales digitales, y acceso mediante teléfonos inteligentes.
Un GA funcionando significa que podemos ver el presupuesto de nuestro municipio en una página web con cortes semanales, mensuales o anuales, y al grado de detalle de poder observar qué partidas aumentan –con el pago de impuestos o derechos– y cuáles disminuyen con los gastos públicos como el pago de sueldos de policías, funcionarios públicos o proveedores.
En un GA no necesitamos solicitudes de acceso a la información ni trámites legales para tener la información disponible; basta con ir al sitio de Internet gubernamental y elegir cualquier tipo de información, descargarla y transformar esos datos de acuerdo con nuestros intereses, incluyendo las inversiones que deseamos realizar. La información gubernamental de los próximos proyectos –carreteras, puentes, caminos y cualquier obra pública– debe estar disponible para todos, no solamente para los contratistas amigos o los funcionarios públicos que se aprovechan de ella para hacer negocios. El GA otorga igualdad de circunstancias, mayor libertad y competencia en beneficio de los ciudadanos.
En México las condiciones para implementar el GA se están construyendo muy lentamente. Los esfuerzos legales, como la ley de armonización fiscal, la ley general de transparencia, las leyes que dan origen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y, más recientemente, las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, apuntan en esa dirección. Avanzar en la construcción del andamiaje legal permite tener un gobierno cada vez más abierto e interactivo con la ciudadanía.
Lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno se abre a fuerza de escándalos o de revelaciones periodísticas, cuando esta información debiera estar disponible en el momento en que ocurra el acto de corrupción o tráfico de influencias, y que esta exposición pública inmediata obligará a los funcionarios públicos a cambiar sus acciones o al menos hacer más difícil que continúen este tipo de prácticas. El GA requiere un cambio de paradigma tanto de los que integran el gobierno como de los ciudadanos, para que ambas partes sean corresponsables, coproductores y vigilantes de la información gubernamental en beneficio de la sociedad. En México tenemos el gran reto de impulsar esta nueva idea y hacer que se implemente un GA, transparente, de datos abiertos que permita un uso más eficiente del gasto público y una eficaz rendición de cuentas que nos beneficie a todos.
1 Tauberer, Joshua (2012). Open Government Data. 1.1b ed. E-Book.
2 Esta travesía del concepto puede leerse en mi artículo Sandoval-Almazán, Rodrigo (2015, mayo-agosto). “Gobierno abierto y transparencia: construyendo un marco conceptual”. Convergencia. 68. 203-227. Disponible en: http://rconvergencia.uaemex.mx/index.php/convergencia/article/view/2958
3 Gasco, M. (2014). “Special Issue on Open Government: An Introduction”. Social Science Computer Review. 33(5). 535-539. Disponible en: http://doi.org/10.1177/0894439314560676
4 Sandoval-Almazan, Rodrigo y Gil-Garcia, J. Ramon (2016). “Toward an Integrative Assessment of Open Government: Proposing Conceptual Lenses and Practical Components”. Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce. Vol. 26. Iss. 1-2. Disponible en: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10919392.2015.1125190
5 Michener, Greg y Bersch, Katherine (2013). “Identifying Transparency”. Information Polity. 18 (3). 233-242. DOI:10.3233/IP-130299.