Francisco Miguel Aguirre Villarreal

Editor IMCP - 1 marzo, 2019

Director General de Valuaciones Actuariales del Norte, S.C.

La problemática de la seguridad social y los sistemas de pensiones en México Una mirada práctica

Sin duda alguna, el sistema de pensiones en México se enfrenta a uno de sus más grandes retos ante el incremento de la esperanza de vida de la población y la insuficiencia de recursos para garantizar su subsistencia, así como a la heterogeneidad de esquemas de beneficios para los ciudadanos.

La firma Valuaciones Actuariales del Norte, S.C. con sede en Saltillo, Coahuila, ha generado la mayor parte de la información disponible sobre los sistemas de pensiones en el país que los especialistas utilizan en sus publicaciones y ha marcado el camino en México para la reestructura de los sistemas de pensiones, ya que ha participado en prácticamente todas las reformas sobre el tema, entre los que se encuentran los estatales, universitarios, municipales y a nivel federal, la banca de desarrollo, el régimen de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado (ISSSTE), entre otras, con buenos resultados.

Además, son los actuarios del Banco de México, BID, SEP, SNTE, SNTSS, ANUIESS, CONTU, 26 instituciones estatales de seguridad social, 36 universidades públicas estatales, más de 200 municipios y un gran número de empresas.

Para entender este tema, hemos contactado a Francisco Miguel Aguirre Villarreal, Director General de Valuaciones Actuariales del Norte, S.C. quien nos explica la problemática sobre la seguridad social en nuestro país.

¿Cómo podemos describir la situación de los mexicanos respecto a la seguridad social?

Para determinar la problemática de seguridad social no debemos enfocarnos en un solo modelo o esquema, pues la realidad es que en nuestro país existen tres tipos de ciudadanos con esquemas diferentes: en el primer grupo se encuentran las personas que no cuentan con sistemas de pensiones contributivos. Este grupo representa aproximadamente 55% de la población económicamente activa y un grave problema social, cuya solución debe ser uno de los principales objetivos en cualquier política pública de seguridad social. En el segundo grupo se ubican los trabajadores afiliados al IMSS, en el cual normalmente se enfoca la atención de los especialistas. Estas personas equivalen a 33% de la población económicamente activa y se dividen en los amparados por la ley de 1973 y los afiliados a la ley de 1995. Los primeros se rigen por un esquema de beneficio definido, cuyo monto de pensión y requisitos para obtenerla son razonables; sin embargo, debido al gran número de afiliados, ejerce una presión financiera importante, mientras que los segundos se encuentran en un sistema de contribución definida con bajas aportaciones, lo que redundará en tasas de reemplazo de 20% del último salario, en el mejor de los casos. Tratándose de los afiliados al IMSS a partir de 1997, que en largo plazo serán todos los mexicanos, es evidente que tendremos otro problema social.

Resulta interesante que al sumar 55% de las personas que no tendrán acceso a una pensión contributiva y 33% de los afiliados al IMSS que obtendrán pensiones máximas de 20% de su salario, entonces estamos hablando de 88% de los mexicanos que no tendrán pensiones, o bien, la obtendrán con montos indignantemente pequeños, lo que nos llevaría a ser un país envejecido y empobrecido.

El tercer grupo de mexicanos es el amparado por esquemas de servidores públicos o universitarios que equivale a 12% de la población económicamente activa. Estos esquemas, al menos para la transición, otorgan pensiones a los 25 o 30 años de ser- vicio sin importar la edad, con un monto de 100% del último salario, con traspaso a beneficiarios, con grandes aguinaldos y con incremento a las pensiones igual al que reciben los trabajadores en activo. Cabe aclarar que en estos esquemas prácticamente no existen reservas para hacer frente a este tipo de beneficios, por lo que, de no hacerse nuevas adecuaciones, estará en riesgo la fuente de trabajo, que en este caso es la que da origen a la seguridad social.

Por lo anterior, una parte de este 12% de la población económicamente activa se podría sumar a 88% de la población que estará en situación precaria. De- bemos recordar que seguridad social sin sustento económico es demagogia.

Dado lo anterior, se puede afirmar que no es un solo modelo al que hay que cuestionar, si no que existen al menos tres que deben analizarse de manera independiente, pues no debe tratarse igual a los desiguales. También se puede decir que en los dos primeros grupos mencionados anteriormente existe un serio problema social, mientras que, en el último grupo, el de servidores públicos, se observa un grave problema financiero que puede convertirse también en un problema social.

¿Cuál es la recomendación para la planeación del sistema pensionario en México?

Se dice que en seguridad social no se deben construir paraísos económicos sobre cementerios sociales ni viceversa, también se dice que no debe existir pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Creo que en México no hemos podido acatar estas premisas.

Por otro lado, debo mencionar que, aunque la técnica de pasivos contingentes no es la más adecua- da para evaluar a los sistemas de pensiones, estos ascienden aproximadamente a 150% del PIB, de los cuales solo 61 puntos corresponden al IMSS asegurador y 89 a los esquemas de servidores públicos y universitarios.

Queda claro que es necesario distinguir entre los esquemas que representan un problema social y los que implican un problema financiero.

Es indispensable señalar que se han concretado reformas muy importantes en nuestro país en todos los niveles de gobierno; sin embargo, en la mayoría de los casos, estas se han concentrado en modificaciones para las nuevas generaciones de trabaja- dores, mientras que a la generación en transición no se le han afectado sus prestaciones y las condiciones para obtenerlas, o las afectaciones han sido insuficientes para dar viabilidad financiera a los sistemas de pensiones.

Como consecuencia de esto, el gasto que destina nuestro país para hacer frente a los sistemas pensionarios supera 18% del presupuesto de egresos de la Federación, gasto que se irá incrementando paulatinamente hasta el año 2030, para entonces empezar a disminuir como consecuencia de las re- formas a las pensiones de las nuevas generaciones. Esta inercia del gasto en los esquemas pensionarios anteriores es prácticamente inevitable si no se modifica nuevamente a la generación en transición. El costo de las pensiones en México es el principal problema financiero que enfrenta el sector público en la actualidad.

En cuanto al problema social, debemos enfocarnos principalmente en establecer o mejorar las tasas de reemplazo para los trabajadores sin acceso a pensiones, para los amparados por sistemas no contributivos, para los afiliados al IMSS 97 y para los ampara- dos por otros sistemas de cuentas individuales con bajas cotizaciones.

Hasta este punto, ¿qué pautas consideras deben seguirse para atender este problema?

Es importante insistir en que no debemos focalizarnos solo en los nuevos modelos del IMSS o ISSSTE, sino que debemos atender el problema en su con- junto, por lo que propongo las siguientes directrices: en primer lugar, un solo especialista no puede dar solución a un problema tan complejo, por lo que es necesario designar a un grupo interdisciplinario de expertos en pensiones que analice todos los sis- temas de pensiones que operan en el país desde el punto de vista político, económico, social y jurídico.

Una vez hecho el diagnóstico, el grupo deberá pro- poner una estrategia para rescatar los aciertos y corregir las deficiencias de cada uno de los sistemas de pensiones analizados. Así mismo, el grupo pro- pondrá soluciones diferentes para cada uno de los tres tipos de mexicanos, de manera que se corrija, tanto el problema social como el financiero.

El grupo deberá tener en mente que, en las reformas a la seguridad social los aspectos político, financiero, actuarial y jurídico son solo medios para lograr un fin, eminentemente, humano: la pensión. En segundo término, no es conveniente que uno de los temas de mayor trascendencia social y, sin duda, el de mayor impacto financiero, continúe siendo tratado de manera desarticulada por funcionarios de diferentes áreas, quienes normalmente no tienen el tiempo ni la autoridad política y económica suficientes para atender este problema, por lo que se propone la creación de una secretaría de estado o un instituto responsable de los sistemas de pensiones en México, cuyo titular cuente con responsabilidades y autoridad equilibradas. Desde ahí se podría atender todos los temas relativos a la seguridad social del país, incluyendo vivienda y salud, entre otros.

Por último, ¿qué opinas de la transición de los sistemas pensionarios tradicionales hacia un sistema único de pensiones?

Como propuesta principal, debido a la diversidad y heterogeneidad que existe entre los más de 1,000 sistemas de pensiones públicos que operan en el país, se considera de gran complejidad política, social y económica el establecimiento de un sistema único de pensiones, por lo que una tercera directriz consiste en la celebración de un pacto político y social que tenga como objetivo modificar la Constitución Política de manera que dé origen a una Ley Marco o Ley General de Pensiones que establezca pisos y techos, tanto en los montos de las pensiones, como en los requisitos y condiciones para obtenerlas.

Las leyes, los contratos y convenios actuales y futuros de los sistemas de pensiones del país no desaparecerían, pero deben ajustarse a lo establecido en la Ley Marco que se propone.

Esta Ley Marco debe tratar de manera diferente a las personas que no cuentan con un sistema de pensiones contributivo, a los afiliados al IMSS con beneficio definido y con contribución definida y a los servidores públicos y universitarios como son CFE, PEMEX, RJP, ISSSTE, estados, municipios y universidades públicas, entre otros. Para cada uno de estos tres grupos, la ley debería establecer los beneficios, las condiciones y los requisitos mínimos y máximos para obtenerlos, distinguiendo entre las nuevas generaciones de trabajadores y la generación en transición. Para esta última, los cambios podrían ser graduales.

También la Ley Marco debería procurar la preservación de las principales instituciones de seguridad social del país con los ajustes que se hayan considerado convenientes. Asimismo, debería aprovechar la infraestructura financiera y las normas que operan para las cuentas individuales, sin que esto implique que todos los sistemas deban ajustarse a este tipo de esquemas.

En nuestra opinión, los modelos que se diseñen para cada ciudadano deben estar conectados entre sí para permitir portabilidades y evitar duplicidades.

Otro tema que debe considerar la Ley Marco es el respeto a las soberanías y autonomías de los sistemas que amparan a servidores públicos y universi-tarios, por lo que estos esquemas deberían poder elegir entre afiliarse al IMSS o al ISSSTE, o bien, establecer o adecuar su normatividad, ya sea en un sistema de cuentas individuales o de beneficio definido pero delimitados por la misma ley que se propone.

Por último, para todos los sistemas de pensiones del país que operan con recursos públicos, la Ley Marco debería establecer las reglas generales de inversión, administración y portabilidad, aun en esquemas de beneficio definido, así como del manejo del registro nacional y de la base de datos, entre otros; además, debería establecer las directrices de apoyo fiscal para incentivar la creación o incremento de los sis- temas privados e individuales de pensiones.