De entre 85 países, México ha venido siendo reprobado en materia de transparencia presupuestaria con calificaciones de entre 50 y 55 puntos, en una escala de uno a 100.
Estos índices del presupuesto 2008 y 2009 han sido elaborados por la Asociación Presupuestaria Internacional (IBA, por sus siglas en inglés), en la que trabajan agrupaciones de la sociedad civil y académicos de todo el mundo, quienes cada año evalúan esta información.
El Centro de Análisis e Investigación FUNDAR, asociación civil mexicana que participó en la evaluación de nuestro país, refiere que: “la opacidad” en México se centra en la información vinculada con las acciones que sigue el Gobierno Federal y los gobiernos estatales para resarcir los daños económicos que generan al erario, según recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
El Centro ha dicho que las instituciones de vigilancia en México no tienen capacidad financiera y humana suficientes para comprobar el adecuado ejercicio del presupuesto y aunque el Congreso “podría colaborar para verificar el gasto, no lo hace”.
Entre los países mejor evaluados por tener “buenas prácticas” en la participación ciudadana y rendición de cuentas sobre el manejo de los dineros públicos, sobresalen: Inglaterra (88), Sudáfrica (87), Francia (87), Nueva Zelanda (86), Estados Unidos (82), Noruega (80) y Brasil (74).
En vista de tan magros resultados y en el marco de las discusiones, casi privativas, en lugar de abrirlas a todos nosotros, que los Diputados y Senadores están teniendo acerca de la reforma política, me permito hacer las siguientes sugerencias:
ˢˢ La transformación de la democracia representativa, en un esquema de mayor participación ciudadana, debe proyectarse, en una instancia de corto plazo, a la elaboración del proyecto de presupuesto anual de egresos, así como su aprobación y fiscalización.
ˢˢ Si la Cámara de Diputados recibe del Poder Ejecutivo el anteproyecto del presupuesto, una vez que éste lo ha elaborado conforme a técnicas bastante difusas y defectuosas desde las dependencias y entidades, la organización ciudadana debería concebirse a partir de identificar los rubros fundamentales o sobresalientes del proyecto (los cuales están relacionados con los temas o especialidades de las Comisiones de la Cámara de Diputados).
ˢˢ ¿Cómo identificar y formar esos grupos ciudadanos? Mi propuesta es: mediante las universidades públicas como la UNAM, el IPN, la UAM y otras más, así como de las organizaciones profesionales apartidistas de alto rango técnico e independencia, como el IMCP.
ˢˢ Los integrantes de estos Comités de Expertos y Notables Ciudadanos (CENC) gozarían de una remuneración similar a la que perciban los diputados de las Comisiones, con cargo al renglón correspondiente a la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos.
ˢˢ El término de gestión de los integrantes de los ACENC deberá definirse, pero puede anticiparse que coincidiría con el de los Diputados en cuestión.
ˢˢ El proceso propuesto es innovador porque no requiere de una reforma constitucional inmediata, ya que los CENC no tendrían capacidad vinculante; es decir, la Cámara de Diputados no requeriría de su aprobación para promulgar el presupuesto anual, y todo estaría basado en el poder moral de la representatividad ciudadana.
Acerca de la eficaz actuación de nuestro IMCP en este proceso sería necesario identificar, además de los expertos, a nuestro líder responsable de coordinar el cabildeo con los legisladores, lo que me lleva a pensar en una Dirección Ejecutiva de alta representatividad.
Pero eso será tema de mi siguiente colaboración en este generoso espacio.
C.P. Jorge Barajas Palomo
Coordinador del Seminario Nacional de Ética