El desarrollo de las 15 acciones para evitar la erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) es la respuesta que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a instancias del G-20, está ofreciendo para afrontar un problema generalizado en el mundo: la elusión fiscal de los grandes grupos multinacionales.
A decir de la OCDE, la elusión fiscal priva a las naciones de recursos para “hacer despegar el crecimiento, abordar los efectos de la crisis económica global y crear más y mejores oportunidades para todos”. Se estima que BEPS se traduce en pérdidas globales de recaudación en el ámbito del impuesto sobre sociedades (IS) de entre 4 y 10%, es decir, de 100 a 240 mil millones de dólares al año. En el caso de los países en vías de desarrollo el impacto potencial es particularmente mayor, debido a que su dependencia en la recaudación por este impuesto es generalmente más alta.
Esta situación ha erosionado la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad del sistema tributario mundial, pues las medidas fiscales están dirigidas fundamentalmente a ellos, lo cual muestra la inequidad prevaleciente del esquema tributario en la mayoría de los países.
Por ello, el objetivo de las medidas impulsadas por el G-20 y la OCDE es sentar las bases para garantizar que las empresas multinacionales cumplan con las obligaciones fiscales en los países donde realizan sus actividades económicas y donde se crea valor, a fin de permitir el despegue económico de las naciones en vías de desarrollo.
Varios especialistas examinan y analizan el surgimiento del plan BEPS, fundamentado en tres pilares: dotar de coherencia a aquellas normas de Derecho interno que abordan actividades transfronterizas, reforzar las exigencias de actividad sustancial en los actuales estándares internacionales para así establecer la conexión entre los tributos y el lugar de realización de las actividades económicas y de creación de valor, y mejorar la transparencia y seguridad jurídica para empresas y administraciones, así como su implantación en varios países del orbe.
En este sentido, es preciso mencionar que nuestro país, como miembro de la OCDE, ha participado activamente en los grupos de trabajo para el desarrollo de los diferentes reportes y ha introducido cambios legislativos desde 2014 (por ejemplo, la regulación anti-híbrida del artículo 28, fracciones XXIX y XXXI de la Ley del Impuesto sobre la Renta [LISR]) y la incorporación a partir de 2016 de las declaraciones informativas de precios de transferencia basados en la Acción 13 (archivo maestro, archivo local y país por país).
Con independencia de la incorporación de este enfoque de documentación por medio de las tres declaraciones informativas, los contribuyentes deben prepararse para operar en este nuevo entorno, pues los requerimientos de revelación de documentación para determinar si las utilidades fiscales están siendo gravadas donde se llevan a cabo las utilidades y el valor es creado, van a ser una constante en todo el mundo. De esta manera, Contaduría Pública abona a la difusión y comprensión del plan BEPS.