Presidenta del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros

Entrevista por: C.P.C. Cristal Patricia Rojas Munive
Presidente de la Comisión de Revista de la Región Centro del IMCP
cristalmunive@gmail.com

Contadora Pública por la Escuela Bancaria y Comercial; Contador Público Certificado, Certificación Profesional en Fiscal y Certificación en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP).

Cuenta con Diplomado en Ciberseguridad y Protección de Datos Personales, Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Diplomado en Grafología y Grafoscopía, Diplomado en Formación de Dictaminadores Fiscales y Financieros, y Diplomado en Derecho Fiscal. Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

En el Colegio de Contadores Públicos de México, A.C. (CCP de México) ha fungido como Vicepresidenta de Comunicación e Imagen, Vicepresidenta de Educación Profesional Continua, Integrante de la Comisión de Auditoría, Vicepresidenta de Vinculación Universitaria y Vicepresidenta del Comité de Integración de Contadores Universitarios. En el IMCP se desempeñó como Presidenta de la Comisión Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, y Vicepresidenta de la Comisión de Revista Contaduría Pública.

Fundadora e integrante de la primera Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del país y de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes en el CCP de México. Actual representante del gremio contable ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la pasada evaluación a México. Es socia de Prevención de Lavado de Dinero en la firma Zepeda Consultores Asociados, S.C. y socia de PLD en Intrade Consultores, S.C.

Bienvenida y gracias por aceptar esta entrevista en la que hablaremos de los actores clave en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para comenzar, ¿cuál es su opinión respecto a este tema en México?

Gracias por la invitación. En este sentido se reconoce el esfuerzo que el país está haciendo en la materia, y así lo ha manifestado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al mencionar que aún existen áreas de oportunidad que, incluso, están detectadas en la pasada Evaluación Nacional de Riesgos y tienen que ver con la delincuencia organizada, la evasión fiscal y la corrupción.

En este sentido, quedaron varios pendientes, algunos se están trabajando, y los podemos conocer mediante el Informe de Evaluación Mutua de enero de 2018, que es un documento publicado en la página web del GAFI. Por ejemplo, algunas de las acciones recomendadas para México fueron: priorizar la investigación de lavado de dinero y asignar recursos adicionales, fortalecer la investigación financiera y la coordinación interna dentro de las unidades fiscales, a nivel federal y estatal. Asimismo, la Fiscalía General de la República (FGR) debería aumentar el nivel de especialización de sus unidades, particularmente dentro de aquellas que abordan el lavado de dinero y la corrupción.

Del mismo modo, integrar al decomiso como un objetivo de la política dentro de las políticas de lavado de activos y la financiación del terrorismo nacionales; mejorar la calidad de los reportes de operaciones sospechosas, brindando mayor orientación a los sujetos obligados y aumentar las comunicaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para respaldar las investigaciones de lavado de dinero; iniciar investigaciones financieras paralelas de conformidad con los riesgos de lavado de activos y la financiación del terrorismo de México; con ese fin México debería brindar capacitación y experiencia técnica a la FGR y a la Policía Federal; mejorar la comprensión de las actividades y profesiones no financieras designadas (particularmente los notarios, abogados y Contadores) en relación con los riesgos de lavado de dinero generados por la corrupción y su capacidad de gestionar dichos riesgos, incluso mediante:

• la profundización del análisis de corrupción como una amenaza de lavado de dinero en la ENR;
• la solicitud a las entidades que determinen si el beneficiario final es una persona expuesta políticamente y apliquen controles conforme a la norma;
• la extensión de los requisitos sobre las personas expuestas políticamente a las actividades y profesiones no financieras designadas, y la provisión de pautas sobre la evaluación de la gestión de riesgos asociados con las personas expuestas políticamente nacionales.

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