Los temas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo han cobrado tal relevancia que hoy día se ha tenido que legislar en lo específico incluyendo tratados internacionales, elaboración de guías y hasta recomendaciones para los profesionales que, como los Contadores Públicos y abogados, somos potenciales blancos en un lenguaje de gestión de riesgos ante la posibilidad de resultar presuntos corresponsables por prestar nuestros servicios para personas que practican actividades que pudieran ser calificadas bajo este tipo de delitos.

Según un trabajo elaborado por Ernesto C. Leyva Pedrosa, con base en el modelo de Argentiero et al. y publicado en la Revista Internacional de Estadística y Geografía, reflejó que “el valor estimado promedio del lavado de dinero en México entre el segundo trimestre de 1993 y el mismo periodo de 2009 equivalió a 1.688% del Producto Interno Bruto (PIB); es decir, $145,687,086,968.02.

De esa fecha a la actualidad, según el reporte “Enfrentando las Amenazas a la Prosperidad, la Seguridad en la relación México-Estados Unidos”, se estima que el lavado de dinero en nuestro país asciende a los $50,000 millones de dólares; esto es, $991,413,000,000.

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