El entorno, sin duda, se ha vuelto más complejo, caracterizado por la exigencia de un valor intrínseco en un sinfín de vertientes; bienes y servicios, por los que la gente exige determinadas cualidades que se traduzcan en una percepción de satisfacción, que no propiamente tienen que ver con el producto final deseado, sino con todo el proceso de atención que se ajusta a una experiencia calificable.

Adentrándonos ahora al sector gubernamental, esta exigencia es altísima ya que, de entrada, involucra a todos los ciudadanos que, además de ser receptores del servicio público, son quienes lo pagan, pues de sus contribuciones (directas o indirectas) se sufraga dicho servicio. Derivado de esto, los entes públicos tienen la enorme responsabilidad de rendir cuentas con lujo de detalles, sin embargo, por más coloquial y resumido que pueda integrarse la información, existen datos técnicos y financieros que es imposible traducir a una simplicidad de “ser correctos”.

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