Lic. Marisela Márquez Uribe
Directora de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas “B”, de la Auditoría Superior de la Federación
mmarquez@asf.gob.mx
Antecedentes
Después de la Segunda Guerra Mundial, el desafío de los gobiernos consistía en medir la eficacia y eficiencia de los trabajos de reconstrucción, por lo que los gobiernos se dieron a la tarea de contratar a los mejores académicos de las universidades.
La Universidad de Chicago marcó el rumbo de la metodología de evaluación, conocida como “Escuela de Chicago”, la cual propuso los seis conceptos fundamentales que caracterizan a la auditoría de desempeño, que buscaban responder a diversas preguntas:
- Eficacia: ¿Quién recibe qué, cómo y cuándo?
- Eficiencia: ¿Cómo y cuándo?
- Economía: ¿Cuánto cuesta producir el bien o servicio?
- Calidad: ¿Qué, cómo y cuándo?
- Ciudadano: ¿Quién?
- Competencia: ¿Cuál es el diseño y cómo opera la política pública?
En México, hasta 1975 el presupuesto era elaborado por objeto del gasto; las actividades de gobierno no especificaban objetivos ni metas, y se carecía de indicadores para evaluar la gestión pública.
En los inicios del sexenio del presidente López Portillo, con la publicación de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el 31 de diciembre de 1976, se obligó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) a utilizar la técnica del Presupuesto por programas. Con ello, el gasto público federal se basaría en presupuestos que se formularían con apoyo en programas que señalaran objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, así como la valuación estimada por programa.
En diciembre de 1982 se publica la reforma al Art. 134 constitucional para establecer que los recursos públicos de que disponga el Gobierno Federal: se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Un año después, se promulga la Ley de Planeación, constituyendo que las políticas públicas deben establecer objetivos y metas estratégicas, y prioridades, además de evaluar los resultados.
En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, el Gobierno Federal propuso mejorar la eficacia de los mecanismos de evaluación de la gestión gubernamental. En este contexto, en mayo de 1996 se publica el Programa Nacional de Modernización de la Administración Pública (PROMAP) 1995-2000, que mandataba el establecimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
En 1997 se inicia una nueva reforma presupuestaria, sobre dos ejes: el SED y la Nueva Estructura Programática (NEP), mediante los cuales se desarrollarían indicadores para evaluar la gestión gubernamental en términos de calidad, costo, eficiencia, equidad, pertinencia e impacto.